EL CASO PERUANO DE ESTERILIZACIÓN FORZADA

PUBLICADO POR: Alejandra Ballón PUBLICADO EL: 08/12/2014
EL CASO PERUANO DE ESTERILIZACIÓN FORZADA

Por Alejandra Ballón, 2014

Han pasado dieciocho años desde que se implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF, 1996-2000) que dio como resultado la esterilización forzada masiva y sistemática sobre todo de mujeres pobres, analfabetas, indígenas y de reciente procedencia rural.

El caso de esterilizaciones forzadas se implementó durante el régimen autócrata de A. Fujimori (1990-2000) en el contexto del conflicto armado interno (CAI) y ha provocado como consecuencia un cambio radical e irreversible en la vida de las mujeres afectadas quienes hasta la fecha no han obtenido justicia. Es una problemática sociopolítica compleja, que a pesar de las evidencias, continúa desatando por un lado polémica y controversia, y por otro, una historia de resistencia y de auto-organización en defensa de los derechos sociales y reproductivos de las mujeres sobre todo indígenas.

Las operaciones realizadas por el cuerpo médico en su mayoría a mujeres analfabetas y/o quechua hablantes durante las llamadas campañas de “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria” (AQV) del PNSRPF, no se prepararon a través de sesiones informativas. Los afectados no tuvieron conocimiento sobre el debido procedimiento de la operación, sus implicancias y posibles consecuencias. El resultado fue la esterilización masiva que se realizó sin el consentimiento genuino[1] de las mujeres quienes fueron en su mayoría forzadas a operarse dentro de infraestructuras inapropiadas (canchones con cuartos adaptados, carpas, etcétera) en condiciones de insalubridad y sin el seguimiento post-operatorio adecuado. Los centros de salud no impartieron los resultados de los exámenes pre-operatorios (en la mayoría de casos no se hicieron exámenes pre-operatorios) y/o los resultados médicos de la operación ni tampoco hay registro del seguimiento post-operatorio ya que por lo general este no se dio.

Si bien había ya una creciente demanda por parte de las mujeres sobre todo de la sierra del Perú para poder acceder a diversos métodos anticonceptivos, las campañas de AQV dieron prioridad a un solo método: La ligadura de trompas. Es más, estas operaciones estaban ligadas a un sistema de cuotas. Por ello, se hicieron campañas para promocionar gratuitamente la AQV que dio como resultado la esterilización de al menos 272,028 mujeres peruanas, casi en su totalidad rurales, al menos 18 muertes y 22,004 varones a los que se les practicó la vasectomía durante la década de los noventas. Cabe recalcar que debido a las condiciones socioeconómicas de los afectados y a la forma en que se practicaron dichas operaciones estas han sido irreversibles.[2]

Según los testimonios (tanto de víctimas como del personal médico) el personal médico captaba pacientes sistemáticamente, de casa en casa, semana tras semana. Algunos incluso pagaban a los pacientes para poder llegar a la cuota mensual de esterilizaciones requerida para mantener su estatus laboral o para obtener el bono ofrecido supuestamente por el Ministerio de Salud. Incluso una enfermera se esterilizó para alcanzar la meta de cuotas. Luego de acosarlas hasta obligarlas las trasportaban en camiones y/o en ambulancias hasta los lugares donde se realizaban las operaciones.

Además cada centro de salud o campaña aplicó a su manera el PNSRPF según las condiciones de la región y las ideologías del personal médico. Por ello, en algunos centros de salud se anestesió a las mujeres con Ketamina, en otros se las encerró en los cuartos de las postas médicas o en canchones que habían habilitado para operarlas. A otras las amarraron a las camillas o les sacaron muchísima sangre sin mayor explicación hasta la fecha. Muchas mujeres con miedo dijeron que no querían ser operadas, gritaron, empujaron, se escaparon por las ventanas y los médicos las sedaron, las encerraron y las persiguieron hasta atraparlas. Pocas lograron escapar.

Desde entonces, los cuerpos se vieron afectados cotidianamente por fuertes y constantes dolores de cabeza, mareos, hemorragias, retraso de la menopausia y dolores intensos en el vientre, cadera y espalda. Casi el total de las personas quedó estéril y en los casos en que las mujeres quedaron embarazadas luego de ser mal operadas, estas han tenido problemas constantes durante el embarazo lo que ha ocasionado la muerte del feto.[3] Algunas mujeres debieron ser operadas en repetidas ocasiones, algunas hasta la histerectomía. Con el pasar de los años estas dolencias se agravaron en la mayoría de casos e incluso han llegado a ocasionar la muerte.[4]

Hasta la fecha los estudios realizados no explican la inequidad de género en la aplicación del PNSRPF. Fueron esterilizadas 272,02 mujeres y 22'004 varones, siendo la vasectomía más económica y con menor riesgo tanto quirúrgico como post-operatorio. En muchos casos, el consentimiento para realizar la esterilización fue otorgado por el esposo o conyugue, sin el consentimiento de la mujer. Uno de los síntomas post-operatorios es la disminución del libido, lo que trae como consecuencia conflictos con la pareja debido al dolor o la incomodidad que sienten en la práctica del acto sexual. Son raros y aislados los casos en los que las parejas continúan de manera saludable su vida sexual y conyugal luego de la operación, por lo general el hombre suele optar por el abandono de hogar. Además, se estigmatiza a la mujer esterilizada como “mujer fácil” ya que el acto sexual no resulta en embarazo, o “inútil” ya que esta pierde su función progenitora.

El caso de las esterilizaciones forzadas atañe principalmente a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en el marco de la salud pública. Si bien, Gonzalo Gianella[5] considera el caso como “una de las más graves vulneraciones de los derechos fundamentales ocurridas durante las décadas de violencia política,” en su opinión, “el enfoque debe recaer de manera contundente sobre la responsabilidad ejercida por el cuerpo médico quienes realizaron las operaciones. Según el Dr. Gianella para poder entender lo que ocurrió, necesariamente se entrará en conflicto con nociones arraigadas en un grupo de poder muy importante como lo es la corporación médica peruana.

El cuerpo médico es también responsable de las consecuencias en la vida de estas mujeres y hombres esterilizados de manera forzada. Debido a las consecuencias físicas post-operatorias, las mujeres se vieron obligadas a cambiar por completo su estilo de vida y sus costumbres. Debieron cambiar de trabajo e incluso dejaron de trabajar. El esfuerzo físico que demanda el trabajo en el campo se volvió una tarea imposible de realizar. Por ello, migraron a los pueblos o ciudades cercanas donde el comercio es mayor. El desarraigo ocasionó un cambio radical en su forma de vida –del campo a la ciudad–, lo que afecta fuertemente la autonomía económica y la agricultura local sostenible.

Una de las consecuencias incalculables es que, a raíz de las operaciones sufridas, las mujeres de Huancabamba han dejado de tejer en Kallwa (telar de cintura). La razón principal es que dicha técnica prehispánica consiste en que las mujeres aten un telar a la altura de la cintura para poder realizar sus tejidos cotidianos, después de la cirugía estas sufren múltiples dolencias a nivel del vientre (donde se ubica la cicatriz de la operación), y el golpe que es necesario para crear el tejido —que se arregla ajustando constantemente los hilos, dirigiendo la fuerza hacia el vientre— potencia el dolor corporal y lo agudiza. Algunas, pocas, continúan la práctica del tejido en kallwa con mucha dificultad, siempre y cuando se amarren el telar a las costillas en vez de a la cintura, pero esto también les causa fatiga general y les corta la respiración en cada golpe, lo que reduce drásticamente su producción. Desde la operación esta práctica se limita a ocasiones esporádicas produciendo una considerable baja económica en su haber, además de una quiebra generacional en la transmisión del conocimiento textil. Cabe recalcar que para las mujeres del campo que viven en extrema pobreza, este desgarramiento y ruptura vital significa la pérdida del espacio de su subjetividad, ya que al tejer las mujeres expresan su mundo interior así como la cosmogonía de sus comunidades.

Ante las consecuencias económicas que tales intervenciones quirúrgicas acarrean sobre las afectadas, resulta paradójico que en su discurso –tanto internacional como nacional[6]– Fujimori utilizara el PNSRPF como una manera de combatir la pobreza.  Las investigaciones de Christina Ewig[7] nos demuestran cómo la administración de Fujimori en Perú promovió una política tradicional Malthusiana de población, es decir antinatalista, que ponía el desarrollo económico nacional por encima de los derechos humanos de las mujeres. Incluso, el desarrollo económico referido no favoreció a las mujeres en extrema pobreza que fueron esterilizadas sin y contra su voluntad, aun siendo estas las más necesitadas.

En cuanto a las políticas de memoria, G. Citroni[8] aborda un punto fundamental en la búsqueda de justicia: la total ausencia del tema de las esterilizaciones forzadas en el trabajo y en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Una ausencia que –a pesar de la evolución de los discursos por parte de los comisionados de la CVR sobre esta ausencia–[9] viene generando controversia y polémica desde su publicación hasta la fecha. Una de las consecuencias directas de esta omisión por parte de la CVR es que las víctimas de esterilización forzada (considerada como una forma de violencia sexual) no son consideradas como beneficiarias del Programa Integral de Reparaciones (PIR) ni tomadas en cuenta en la elaboración del Registro Único de Víctimas (RUV) como consecuencia de las recomendaciones de la CVR. Por ello, el caso no ha sido incluido ni en el Lugar de la Memoria (LUM) ni en el museo itinerante Arte por la Memoria ni en el memorial El Ojo que llora. Resulta urgente dentro de las políticas de memoria el reconocimiento de las víctimas y la inclusión de este caso en las diversas agendas educativas a nivel nacional. Según Tamayo “la sostenida renuencia de las autoridades peruanas a investigar judicialmente las esterilizaciones forzadas, amenaza con cronificar una ya prolongada injusticia.”[10]

Para Ewig el caso es un ejemplo del uso instrumental de la mujer en donde los actores políticos locales supieron apropiarse y utilizar exitosamente los discursos feministas nacionales y globales para legitimar sus acciones. Mientras los documentos oficiales del programa de planificación familiar, así como la publicidad del mismo y los discursos presidenciales, utilizaban los discursos feministas globales sobre derechos reproductivos; los objetivos políticos del gobierno de Fujimori estaban claramente destinados al control poblacional y especialmente a las mujeres indígenas de menores recursos, antes que comprometidos con la salud reproductiva.[11]

El movimiento de resistencia conformado por mujeres indígenas, organizaciones feministas, organizaciones en pro de los derechos humanos, investigadores, periodistas y artistas; continuamos la lucha contra todos los hechos señalados, tanto por alcanzar la justicia en el caso de las esterilizaciones forzadas como por el reconocimiento legítimo de los derechos reproductivos de las mujeres. La memoria activa de la sociedad civil juega un papel muy importante en la toma de consciencia y en la difusión de sus implicaciones para la sociedad entera. Mientras la justicia no se haga evidente, ciertamente, el riesgo es latente para las futuras generaciones.

 

[1] Solo el 10% de 314,967 mujeres fueron esterilizadas dando un consentimiento genuino. (Tamayo 1999).

[2] En el Informe Final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000 (Capítulo VII : Conclusiones, p. 106), entre los años 1990 y 1999, el Ministerio de la Salud llevó a cabo el Programa Nacional de Planificación Familiar que ejecutó la esterlización de 314'605 mujeres y 24'563 varones. Según el Informe Defensorial 69, un total de 272'028 mujeres y 22'004 varones fueron esterilizados entre 1996 y 2001. Le cifra revelada en dicho informe coincide con los aportes de las investigaciones de Tamayo (1999) y de Zauzich (2000) : 81,762 casos en 1996;  109,689 en 1997;  25,995 en 1998;  26,788 en 1999; de 16,640 en el 2000, y de 11,154 en el 2001.

[3] Ver el anexo Testimonios del libro “Memorias del caso peruano de esterilización forzada” 2014.

[4] Hasta la fecha se sabe que por lo menos 18 mujeres han muerto a causa de la esterilización forzada.

[5] Ver Gianella, Gonzalo, "Los médicos peruanos y las esterilizaciones forzadas: la historia aun no termina.” Artículo publicado en el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada, 2014.

[6] IV Conferencia Mundial de la Mujer (CCMM), Beijing, 1995, Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) Cairo en 1994, Discurso a la Nación del 28 de Julio de 1995 entre otros.

[7] Christina Ewig. “La Economía Política de las Esterilizaciones Forzadas en el Perú” Artículo publicado en el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada, 2014.

[8] Gabriella Citroni Esterilizaciones forzadas en el Perú: la lucha por la justicia y contra el silencio”. Artículo publicado en el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada, 2014.

[9] Tras haber sido confrontados con esta observación, el presidente de la CVR Salomón Lerner Febres y el comisionado Carlos Iván Degregori cambiaron su postura, declarando que la esterilización forzada podía estar incluida en el mandato de la CVR, y que se le excluyó por “falta de tiempo y recursos”.

[10] Ver Giulia Tamayo. “De entuertos y a tuerto: Las verdades incómodas del PNSRPF, la renuencia a investigar judicialmente crímenes contra el derecho internacional y sus consecuencias sobre las víctimas.” Artículo publicado en el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada, 2014.

[11] Op cit. Christina Ewig.

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Alejandra Ballón