Opinión

Para muchas personas, en la segunda vuelta de las elecciones del 2011 no solo estaba en juego la democracia, sino también el liderazgo en la lucha contra la delincuencia. En aquel momento, como ahora, era difícil imaginar que Keiko Fujimori sea capaz de implementar políticas efectivas a favor de la seguridad, mientras que Ollanta Humala, por su condición de militar en retiro, movilizaba en la psiquis social el ideal de las botas que le rompen el espinazo a la delincuencia, parafraseando al ahora precandidato Daniel Urresti.El actual presidente, tras casi cinco años de gestión, ha demostrado que la imagen del militar que lucha eficientemente contra la inseguridad es solo percepción. No es realidad. Los militares están entrenados para un trabajo diferente, relacionado a preservar el orden exterior y no a la lucha contra un enemigo atomizado, multiplicado por miles. Sin embargo, a pesar de esta constatación, cada cierto tiempo, políticos irresponsables alimentan la figura idealizada del militar que todo lo puede, incluso aquello que no. Por eso, no extraña que reviviera hace poco el debate sobre si los militares deben salir a las calles para enfrentar a la delincuencia.Más allá de aquella percepción errada de lo militar, el asunto fondo es la búsqueda de respuestas al problema de la delincuencia, incluso respuestas desesperadas. En esa línea, no extraña –aunque preocupa- la fuerza que ha cobrado la campaña “Chapa tu choro y déjalo paralítico”. Esta opción, si bien parte de una legítima indignación ciudadana ante la falta de seguridad, resulta peligrosa y contraproducente por tres razones: i) pone en riesgo al vecino y vecina, que se enfrentarán al delincuente; ii) si la gente indignada pierde el control y lesiona gravemente al hampón o lo mata, entonces el sistema de justicia perseguirá a los pobladores; y, aquí viene lo más importante iii) combatir la violencia criminal con violencia socaba las reglas básicas de convivencia ciudadana, rompe con la hegemonía del Estado en el uso de la fuerza y compromete nuestro desarrollo como país.Sin embargo, la campaña prendió y los intereses políticos están a la orden del día. La otra campaña: la presidencial y congresal también empezó y los candidatos intentarán posicionarse como los más capacitados para enfrentar a la delincuencia. En la última contienda electoral municipal (en Lima) recibimos un adelanto de un debate que estuvo a nivel sofista. Con el eslogan drones contra los ladrones, ningún plan de gobierno ofrecía cuatro ideas serias sobre qué hacer contra la delincuencia.Las elecciones 2016 estarán a ese nivel o incluso peor. El candidato Alejandro Toledo dio la clarinada al prometer sacar a los miliares a las calles y cambiar la ley para que regrese la pena de muerte. Desde el IDL intentaremos, algo que recomendamos a todos los ciudadanos: revisar los planes de gobierno de los candidatos para analizar si sus propuestas sobre seguridad ciudadana cumplen con estos siete indicadores*:Conocimiento del problema de inseguridad en el paísConocimiento de las competencias del Ejecutivo en seguridad ciudadanaDefinición de objetivos pertinentes y clarosElaboración de indicadores de éxitoPlanteamiento de estrategias adecuadasIdentificación de plazos y mecanismos de seguimiento y evaluaciónPrevisión del presupuestoSi las propuestas sobre seguridad ciudadana del plan de gobierno de alguno de los candidatos cumple mínimamente con estos requisitos, tendremos la certidumbre de que se trata de un político serio y que tiene ideas sobre qué hacer ¿Alguno de los que aparecen en las encuestas logrará proponer cuestiones sensatas ante el problema que agobia con más intensidad a los peruanos y peruanas? Eso está por verse.*Elaboración: IDL-Seguridad Ciudadana
Cesar Bazan
Opinión
15/09/2015 11:21:13
El 03 de julio del 2012, en un acto de traumatizante crueldad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dispararon y asesinaron a cinco seres humanos en Celendín y Bambamarca. A algunos les destrozaron la cabeza y el hígado. Su sangre bañaba la acera principal de Celendín mientras las personas que participaban en la movilización gritaban en resistencia ante el abuso del Estado en complot con la empresa minera Yanacocha para impulsar la ejecución del proyecto minero Conga.Han pasado tres años después de aquel fatídico 03 de julio en que se cegaron varias vidas. Como todos los años después de esa fecha, cientos de hombres y mujeres, entre familiares, amigos, vecinos, autoridades y dirigentes sociales, realizaron actividades en memoria de los mártires que defendieron el agua.Maximila Aguilar, madre de César Medina Aguilar, el joven de 16 años asesinado en este atropello, en un conmovedor discurso en la plaza central de la provincia, recordó la importancia de mantener vivo el recuerdo de quienes murieron hace tres años. “No he olvidado el día en que me arrancaron la vida de mi hijo y la mía también. Así como ustedes no olvidan a nuestros mártires, yo no olvido los nombres de sus asesinos. Nosotros, los familiares, año a año, encontramos cierta alegría en nuestra tristeza. Saber que ustedes no los olvidan es importante para nosotros y es transcendental para crear conciencia en la gente que aún no valora la importancia del agua y de la vida”, manifestó entre lágrimas.Así como ella, los familiares de las demás víctimas recordaron que todo el proceso para identificar a los responsables directos va camino a la impunidad. El ejército no quiere dar a conocer la lista de militares que portaban armas de largo alcance aquel día, por lo que de no existir individualización de actos, no se puede continuar el proceso. Este bloqueo a la información es lamentable ya que, habiendo reconocido el fiscal que existe la figura de homicidio doloso, el caso se haya archivado. “Mi hijo me dijo si tenemos que morir vamos a morir en la lucha del agua. Y así fue, mi hijito falleció, lo mataron. Este señor Ollanta, este presidente que tenemos nos traicionó. Vino a Celendín y lo esperamos con los brazos abiertos y no pensamos que él iba a matar a la gente que lo apoyó”, declara María Huamán, mamá de José Sánchez Huamán.Tres años pasaron y pasarán más y la herida seguirá abierta y tal vez nunca cerrará. El rencor y la indignación que generaron las promesas incumplidas del presidente Humala siguen siendo recordadas. Los nombres de los caídos también: Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez, Joselito Sánchez Huamán, César Medina Aguilar y Joselito Vásquez Jambo.Testimonios de quienes perdieron a sus seres queridos y que luchan contra la impunidad del Estado.FOTO: Martín Peregrino
Martín Peregrino
Opinión
07/07/2015 11:10:01
En la foto aparece ella, una niña que no sonríe, solo nos mira con los brazos levantados mientras mantiene los labios apretados. Sí, está asustada al confundir el objetivo de la cámara con un arma. La foto fue tomada en un campo de refugiados en Turquía. La protagonista es una niña siria, se llama Adi Hudea.Adi no conoce la paz, tiene cuatro años, nació en guerra y en su mirada lleva todo el peso de la misma. A su corta edad ya ha perdido a su padre en un enfrentamiento y se ha visto obligada a recorrer enormes distancias junto a su madre y dos hermanas para salvar su vida.Esta foto ha recordado a la comunidad internacional que en las guerras, son ellos, niños como Adi los que pagan con su infancia e inocencia lo que los estados y grupos armados llaman cínicamente “daños colaterales”.De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los niños representan aproximadamente la mitad de la población mundial de refugiados y necesitan medidas especiales de protección y asistencia debido a su vulnerabilidad; asímismo, están expuestos a todo tipo de violaciones en diferentes regiones del mundo: la trata o el tráfico de menores, violencia física, abuso sexual, ataques militares o armados, utilización en la pornografía, reclutamiento forzoso, detención arbitraria, trabajo forzado, negación de la educación y atención sanitaria y otras violaciones de sus derechos humanos.Sobre el conflicto en Siria, las cifras son más que alarmantes ya que revela una sociedad internacional paralizada y unos medios de comunicación cada vez más ajenos al conflicto. Según Amnistía Internacional, en estos cinco años de guerra han muerto cerca de 200 000 mil personas, 12 millones de sirios se han visto obligados a dejar su hogar y hay más de 3,9 millones de refugiados de los cuales más de 2 millones son niños. La mayoría de refugiados se encuentran en los estados fronterizos de Turquía, Líbano, Jordania y Egipto.El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), menciona que hay más de 5 millones de niños en Siria que se encuentran en una situación desesperada, de los cuales, 2 millones están en regiones donde la ayuda humanitaria es inaccesible y alrededor de 2,6 millones no pueden asistir a clases.Sin la foto, Adi sería una cifra más, pero ahora que el mundo sabe su nombre y su historia. La pregunta es ¿se hará algo o no?FOTO: OsmanSağırlı
Manuel Quispe
Opinión
29/04/2015 15:49:25
Las empleadas del hogar en el Perú configuran un mundo paralelo donde el clasismo y racismo se mezclan en un silencio peligroso. En los barrios ricos de la capital peruana como San Isidro o Miraflores son fácilmente identificadas. El color blanco o azul de su uniforme es una  seña que indica la frontera entre ellas y aquellos que las contratan.Muchas viven en la periferia de Lima y la mayoría de ellas son de provincia, principalmente de la sierra. “Se necesita empleada de provincia cama adentro, sin hijos ni compromisos”  es la típica oferta laboral que se puede leer en cualquier diario de tirada nacional.De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en el Perú existen 400 mil trabajadores del hogar, de las cuales, 94 % son mujeres, 70% son migrantes, solo el 13% cuenta con nivel educativo superior, el 46% trabaja más de 48 horas y únicamente un 32% recibe un sueldo superior a la remuneración mínima vital.Las trabajadoras del hogar pasan agotadoras jornadas laborales en tareas de lo más diversas y no identificadas en su contrato, limpiando, cocinando, cortando el jardín, bañando a los perros, e incluso ayudando en las tareas escolares de aquellos hijos que no son suyos.En las playas exclusivas de Lima se las puede observar en uniforme, luchando contra el calor, mientras ejercen sus labores. En los clubes de la capital, a pesar de que éstos lo nieguen, tienen prohibido ingresar a muchas instalaciones como las piscinas e incluso tienen baños separados en una clara muestra de discriminación.Más de una vez he escuchado decir “Pero si ella es parte de la familia, incluso come en la misma mesa con nosotros” o bien “Si le doy toda sus gratificaciones e incluso tiene vacaciones” ,como si de un acto de bondad se tratase.Las empleadas del hogar y el trato que muchas de ellas reciben, son un reflejo de nuestra sociedad que acepta y que normaliza el racismo y clasismo. Es tiempo de comenzar a cuestionar estos comportamientos e iniciar un real cambio por la dignidad de estas trabajadoras.El día de 30 de Marzo se celebró el día de la Empleada del Hogar, el cual, es un intento por visibilizar su trabajo y otorgarles derechos tan básicos como vacaciones, reconocimiento de sus gratificaciones, derechos a la educación, establecimiento de sus horarios o la afiliación de un seguro de social.  Derechos que lamentablemente muchas de ellas aún no gozan.
Manuel Quispe Blanco
Opinión
04/04/2015 23:31:20
Por Alejandra Ballón, 2014 Han pasado dieciocho años desde que se implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF, 1996-2000) que dio como resultado la esterilización forzada masiva y sistemática sobre todo de mujeres pobres, analfabetas, indígenas y de reciente procedencia rural.El caso de esterilizaciones forzadas se implementó durante el régimen autócrata de A. Fujimori (1990-2000) en el contexto del conflicto armado interno (CAI) y ha provocado como consecuencia un cambio radical e irreversible en la vida de las mujeres afectadas quienes hasta la fecha no han obtenido justicia. Es una problemática sociopolítica compleja, que a pesar de las evidencias, continúa desatando por un lado polémica y controversia, y por otro, una historia de resistencia y de auto-organización en defensa de los derechos sociales y reproductivos de las mujeres sobre todo indígenas.Las operaciones realizadas por el cuerpo médico en su mayoría a mujeres analfabetas y/o quechua hablantes durante las llamadas campañas de “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria” (AQV) del PNSRPF, no se prepararon a través de sesiones informativas. Los afectados no tuvieron conocimiento sobre el debido procedimiento de la operación, sus implicancias y posibles consecuencias. El resultado fue la esterilización masiva que se realizó sin el consentimiento genuino[1] de las mujeres quienes fueron en su mayoría forzadas a operarse dentro de infraestructuras inapropiadas (canchones con cuartos adaptados, carpas, etcétera) en condiciones de insalubridad y sin el seguimiento post-operatorio adecuado. Los centros de salud no impartieron los resultados de los exámenes pre-operatorios (en la mayoría de casos no se hicieron exámenes pre-operatorios) y/o los resultados médicos de la operación ni tampoco hay registro del seguimiento post-operatorio ya que por lo general este no se dio.Si bien había ya una creciente demanda por parte de las mujeres sobre todo de la sierra del Perú para poder acceder a diversos métodos anticonceptivos, las campañas de AQV dieron prioridad a un solo método: La ligadura de trompas. Es más, estas operaciones estaban ligadas a un sistema de cuotas. Por ello, se hicieron campañas para promocionar gratuitamente la AQV que dio como resultado la esterilización de al menos 272,028 mujeres peruanas, casi en su totalidad rurales, al menos 18 muertes y 22,004 varones a los que se les practicó la vasectomía durante la década de los noventas. Cabe recalcar que debido a las condiciones socioeconómicas de los afectados y a la forma en que se practicaron dichas operaciones estas han sido irreversibles.[2]Según los testimonios (tanto de víctimas como del personal médico) el personal médico captaba pacientes sistemáticamente, de casa en casa, semana tras semana. Algunos incluso pagaban a los pacientes para poder llegar a la cuota mensual de esterilizaciones requerida para mantener su estatus laboral o para obtener el bono ofrecido supuestamente por el Ministerio de Salud. Incluso una enfermera se esterilizó para alcanzar la meta de cuotas. Luego de acosarlas hasta obligarlas las trasportaban en camiones y/o en ambulancias hasta los lugares donde se realizaban las operaciones.Además cada centro de salud o campaña aplicó a su manera el PNSRPF según las condiciones de la región y las ideologías del personal médico. Por ello, en algunos centros de salud se anestesió a las mujeres con Ketamina, en otros se las encerró en los cuartos de las postas médicas o en canchones que habían habilitado para operarlas. A otras las amarraron a las camillas o les sacaron muchísima sangre sin mayor explicación hasta la fecha. Muchas mujeres con miedo dijeron que no querían ser operadas, gritaron, empujaron, se escaparon por las ventanas y los médicos las sedaron, las encerraron y las persiguieron hasta atraparlas. Pocas lograron escapar.Desde entonces, los cuerpos se vieron afectados cotidianamente por fuertes y constantes dolores de cabeza, mareos, hemorragias, retraso de la menopausia y dolores intensos en el vientre, cadera y espalda. Casi el total de las personas quedó estéril y en los casos en que las mujeres quedaron embarazadas luego de ser mal operadas, estas han tenido problemas constantes durante el embarazo lo que ha ocasionado la muerte del feto.[3] Algunas mujeres debieron ser operadas en repetidas ocasiones, algunas hasta la histerectomía. Con el pasar de los años estas dolencias se agravaron en la mayoría de casos e incluso han llegado a ocasionar la muerte.[4]Hasta la fecha los estudios realizados no explican la inequidad de género en la aplicación del PNSRPF. Fueron esterilizadas 272,02 mujeres y 22'004 varones, siendo la vasectomía más económica y con menor riesgo tanto quirúrgico como post-operatorio. En muchos casos, el consentimiento para realizar la esterilización fue otorgado por el esposo o conyugue, sin el consentimiento de la mujer. Uno de los síntomas post-operatorios es la disminución del libido, lo que trae como consecuencia conflictos con la pareja debido al dolor o la incomodidad que sienten en la práctica del acto sexual. Son raros y aislados los casos en los que las parejas continúan de manera saludable su vida sexual y conyugal luego de la operación, por lo general el hombre suele optar por el abandono de hogar. Además, se estigmatiza a la mujer esterilizada como “mujer fácil” ya que el acto sexual no resulta en embarazo, o “inútil” ya que esta pierde su función progenitora.El caso de las esterilizaciones forzadas atañe principalmente a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en el marco de la salud pública. Si bien, Gonzalo Gianella[5] considera el caso como “una de las más graves vulneraciones de los derechos fundamentales ocurridas durante las décadas de violencia política,” en su opinión, “el enfoque debe recaer de manera contundente sobre la responsabilidad ejercida por el cuerpo médico quienes realizaron las operaciones. Según el Dr. Gianella para poder entender lo que ocurrió, necesariamente se entrará en conflicto con nociones arraigadas en un grupo de poder muy importante como lo es la corporación médica peruana.El cuerpo médico es también responsable de las consecuencias en la vida de estas mujeres y hombres esterilizados de manera forzada. Debido a las consecuencias físicas post-operatorias, las mujeres se vieron obligadas a cambiar por completo su estilo de vida y sus costumbres. Debieron cambiar de trabajo e incluso dejaron de trabajar. El esfuerzo físico que demanda el trabajo en el campo se volvió una tarea imposible de realizar. Por ello, migraron a los pueblos o ciudades cercanas donde el comercio es mayor. El desarraigo ocasionó un cambio radical en su forma de vida –del campo a la ciudad–, lo que afecta fuertemente la autonomía económica y la agricultura local sostenible.Una de las consecuencias incalculables es que, a raíz de las operaciones sufridas, las mujeres de Huancabamba han dejado de tejer en Kallwa (telar de cintura). La razón principal es que dicha técnica prehispánica consiste en que las mujeres aten un telar a la altura de la cintura para poder realizar sus tejidos cotidianos, después de la cirugía estas sufren múltiples dolencias a nivel del vientre (donde se ubica la cicatriz de la operación), y el golpe que es necesario para crear el tejido —que se arregla ajustando constantemente los hilos, dirigiendo la fuerza hacia el vientre— potencia el dolor corporal y lo agudiza. Algunas, pocas, continúan la práctica del tejido en kallwa con mucha dificultad, siempre y cuando se amarren el telar a las costillas en vez de a la cintura, pero esto también les causa fatiga general y les corta la respiración en cada golpe, lo que reduce drásticamente su producción. Desde la operación esta práctica se limita a ocasiones esporádicas produciendo una considerable baja económica en su haber, además de una quiebra generacional en la transmisión del conocimiento textil. Cabe recalcar que para las mujeres del campo que viven en extrema pobreza, este desgarramiento y ruptura vital significa la pérdida del espacio de su subjetividad, ya que al tejer las mujeres expresan su mundo interior así como la cosmogonía de sus comunidades.Ante las consecuencias económicas que tales intervenciones quirúrgicas acarrean sobre las afectadas, resulta paradójico que en su discurso –tanto internacional como nacional[6]– Fujimori utilizara el PNSRPF como una manera de combatir la pobreza.  Las investigaciones de Christina Ewig[7] nos demuestran cómo la administración de Fujimori en Perú promovió una política tradicional Malthusiana de población, es decir antinatalista, que ponía el desarrollo económico nacional por encima de los derechos humanos de las mujeres. Incluso, el desarrollo económico referido no favoreció a las mujeres en extrema pobreza que fueron esterilizadas sin y contra su voluntad, aun siendo estas las más necesitadas.En cuanto a las políticas de memoria, G. Citroni[8] aborda un punto fundamental en la búsqueda de justicia: la total ausencia del tema de las esterilizaciones forzadas en el trabajo y en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Una ausencia que –a pesar de la evolución de los discursos por parte de los comisionados de la CVR sobre esta ausencia–[9] viene generando controversia y polémica desde su publicación hasta la fecha. Una de las consecuencias directas de esta omisión por parte de la CVR es que las víctimas de esterilización forzada (considerada como una forma de violencia sexual) no son consideradas como beneficiarias del Programa Integral de Reparaciones (PIR) ni tomadas en cuenta en la elaboración del Registro Único de Víctimas (RUV) como consecuencia de las recomendaciones de la CVR. Por ello, el caso no ha sido incluido ni en el Lugar de la Memoria (LUM) ni en el museo itinerante Arte por la Memoria ni en el memorial El Ojo que llora. Resulta urgente dentro de las políticas de memoria el reconocimiento de las víctimas y la inclusión de este caso en las diversas agendas educativas a nivel nacional. Según Tamayo “la sostenida renuencia de las autoridades peruanas a investigar judicialmente las esterilizaciones forzadas, amenaza con cronificar una ya prolongada injusticia.”[10] Para Ewig el caso es un ejemplo del uso instrumental de la mujer en donde los actores políticos locales supieron apropiarse y utilizar exitosamente los discursos feministas nacionales y globales para legitimar sus acciones. Mientras los documentos oficiales del programa de planificación familiar, así como la publicidad del mismo y los discursos presidenciales, utilizaban los discursos feministas globales sobre derechos reproductivos; los objetivos políticos del gobierno de Fujimori estaban claramente destinados al control poblacional y especialmente a las mujeres indígenas de menores recursos, antes que comprometidos con la salud reproductiva.[11]El movimiento de resistencia conformado por mujeres indígenas, organizaciones feministas, organizaciones en pro de los derechos humanos, investigadores, periodistas y artistas; continuamos la lucha contra todos los hechos señalados, tanto por alcanzar la justicia en el caso de las esterilizaciones forzadas como por el reconocimiento legítimo de los derechos reproductivos de las mujeres. La memoria activa de la sociedad civil juega un papel muy importante en la toma de consciencia y en la difusión de sus implicaciones para la sociedad entera. Mientras la justicia no se haga evidente, ciertamente, el riesgo es latente para las futuras generaciones. [1] Solo el 10% de 314,967 mujeres fueron esterilizadas dando un consentimiento genuino. (Tamayo 1999).[2] En el Informe Final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000 (Capítulo VII : Conclusiones, p. 106), entre los años 1990 y 1999, el Ministerio de la Salud llevó a cabo el Programa Nacional de Planificación Familiar que ejecutó la esterlización de 314'605 mujeres y 24'563 varones. Según el Informe Defensorial 69, un total de 272'028 mujeres y 22'004 varones fueron esterilizados entre 1996 y 2001. Le cifra revelada en dicho informe coincide con los aportes de las investigaciones de Tamayo (1999) y de Zauzich (2000) : 81,762 casos en 1996;  109,689 en 1997;  25,995 en 1998;  26,788 en 1999; de 16,640 en el 2000, y de 11,154 en el 2001.[3] Ver el anexo Testimonios del libro “Memorias del caso peruano de esterilización forzada” 2014.[4] Hasta la fecha se sabe que por lo menos 18 mujeres han muerto a causa de la esterilización forzada.[5] Ver Gianella, Gonzalo, "Los médicos peruanos y las esterilizaciones forzadas: la historia aun no termina.” Artículo publicado en el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada, 2014.[6] IV Conferencia Mundial de la Mujer (CCMM), Beijing, 1995, Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) Cairo en 1994, Discurso a la Nación del 28 de Julio de 1995 entre otros.[7] Christina Ewig. “La Economía Política de las Esterilizaciones Forzadas en el Perú” Artículo publicado en el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada, 2014.[8] Gabriella Citroni “Esterilizaciones forzadas en el Perú: la lucha por la justicia y contra el silencio”. Artículo publicado en el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada, 2014.[9] Tras haber sido confrontados con esta observación, el presidente de la CVR Salomón Lerner Febres y el comisionado Carlos Iván Degregori cambiaron su postura, declarando que la esterilización forzada podía estar incluida en el mandato de la CVR, y que se le excluyó por “falta de tiempo y recursos”.[10] Ver Giulia Tamayo. “De entuertos y a tuerto: Las verdades incómodas del PNSRPF, la renuencia a investigar judicialmente crímenes contra el derecho internacional y sus consecuencias sobre las víctimas.” Artículo publicado en el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada, 2014.[11] Op cit. Christina Ewig.
Alejandra Ballón
Opinión
08/12/2014 20:04:33
Por Sandra De La CruzLejos de hacer oídos sordos, negando una realidad que salta a todas luces y derribando mitos que sentencian que los países andinos no están preparados, Bolivia trabaja por mejorar la protección de los derechos de la población LGTB.  Bolivia, sí Bolivia viene dando lecciones desde sus legisladores que, lejos de legislar con la Biblia, trabajan con criterios que expresan un claro respeto a los derechos humanos de los ciudadanos  LGTB.Bolivia le dice que sí  a sus ciudadanos LGTB.  En su nueva constitución,  el Estado plurinacional  de Bolivia, en el articulo 14, establece la prohibición y sanción  a toda forma de discriminación fundada en razón de sexo , color , edad , origen , cultura , orientación sexual  e identidad de género (Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia-El articulo 14, párrafo II ). Sí leyó bien, orientación sexual e identidad de género en su constitución nada más y nada menos.Además de incluir los derechos de las personas gays , lesbianas, transexuales y bisexuales en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos “Bolivia Digna de Vivir Bien” duele recordar que los gays, lesbianas ,transexuales y bisexuales fuimos excluidos del Plan Nacional de Derechos Humanos ;en Bolivia lejos de excluirlos y reconociendo que existe un gran índice de violencia hacia la comunidad se ha desplegado políticas publicas  que garantizan y promocionan el ejercicio de los derechos humanos a las personas  LGTB.Este plan es acompañado por una Ley Contra el Racismo y  Toda Forma de Discriminación. Esta ley define a la discriminación como “toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género”, lo que para un legislador fujimorista significaría todas las discriminaciones  menos las que violentan a los  LGTB. Además, otra estrategia que acompaña a la ley boliviana sobre racismo y discriminación es la celebración del “Día de los Derechos LGTB” cada 28 de junio. En Perú, esta iniciativa habría desencadenado la ira de Martha Chávez y la recolección compulsiva  de firmas  del pastor Julio Rosas.En claro respaldo a este nuevo marco legal y de reconocimiento de la diversidad sexual, los ministerios del gobierno boliviano vienen adecuando mediante modificaciones, protocolos, mecanismos y procedimientos de garantías de  acceso a la justicia, al trabajo, a la salud  y educación, el cumplimiento de su Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.Esto nos refleja lo lejos que esta el Perú en términos de garantías a la vida de la población LGTB. Aún queda en la memoria de muchos peruanos el archivamiento en el Congreso del proyecto de ley contra los crímenes de odio y el proyecto de ley por la unión civil. Las denuncias por discriminación en los distritos de Lima son cada vez más numerosa, lo que refleja una tendencia de pérdida de miedo de los LGTB, pero todavía son solo un puñado de los 49 distritos que tienen ordenanzas contra la discriminación homolesbotransbifóbica. En La Paz se ha creado un Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y/o Genéricas  de la población TLGB (Transformista, travesti, transexuales, lesbianas, gays y bisexuales) presidido por una activista trans. Este tipo de iniciativas son impensables en un consejo municipal limeño que en un futuro tendrá como tenienta alcaldesa a  Fabiola Morales, quien es tristemente recordada por llamar  “enfermos” a los gays y lesbianas vía twitter.Por supuesto, Bolivia no es el paraíso para los LGTB pues tiene índices de violencia contra la población LGTB, donde la población trans sigue siendo  la más vulnerable. Sin embargo, las  autoridades y legisladores bolivianos le han dicho que sí a las políticas publicas que buscan garantizar y  mejorar la vida de las personas LGTB, lo cual no es poca cosa. Entretanto, aquí en Perú, la clase política le ha dicho que no innumerables veces a un sector de la población que espera  que gobiernen para ellos también. 
Sandra De La Cruz
Opinión
25/11/2014 14:09:10
Así como Fidel Flores, con la misma saña, de manera igualmente innecesaria y abusiva, 39 peruanos han sido asesinados durante la Gran Transformación. Más o menos cada mes, en alguna parte del país, un Fidel es asesinado por la policía, pateado después, dejado en el camino hasta que ya los médicos no pueden hacer nada por salvarlo.Todos los fideles  son personas desarmadas, que a lo mucho se enfrentaban a la policía con piedras. Otras veces simplemente pasaban,  estaban ocupados en sus quehaceres. Ni  dentro de sus propias viviendas están a salvo de los abusos policiales.Algunos fideles  ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad. Por ejemplo a Cesar Medina (16) le costó la vida recoger el USB que se había olvidado en una cabina de internet en Celendín.  Otros fideles trataban de huir del peligro, pero la policía les acribilló por la espalda. Es el caso de Luis Felipe Guerrero, un pescador de Sechura. Su pequeña ya nunca recordará su rostro ni su voz, porque cuando Luis Felipe murió ella solo tenía una semana.La diferencia de Fidel Flores con los otros fideles, es que todos somos testigos de su asesinato. Esta vez, nisiquiera los que se dedican profesionalmente a hacer la vista gorda, incluso los que a fuerza de no querer ver han terminado quedándose ciegos, son testigos del asesinato de Fidel Flores.Entonces, aprovechemos que  al menos por esta vez la indignación por la muerte de Fidel Flores nos unifica, para cambiar este desquiciado aparato represivo, convirtiéndolo en una fuerza democrática al servicio de los ciudadanos.  Es indiscutible que en algunos casos se justifica la intervención de la policía para restablecer el orden público, pero esto puede lograrse sin poner en juego la vida de las personas.Si realmente existe la voluntad política para ello, se pueden generar los cambios necesarios: policías con entrenamiento, armas y equipos de protección adecuados, guías precisas de cómo deben realizarse los operativos, y medidas concretas para responsabilizar a los mandos policiales involucrados cuando se hacen mal las cosas. Ya está bien de que siempre se rompa la pita por el lado más débil.El Poder Judicial y el Ministerio deben hacer su trabajo, a pesar de la sobrecarga, a pesar de las presiones, y garantizar la justicia en estos casos. Las investigaciones deben llevarse con diligencia en lugar de por pura inercia, terminando siempre en el archivamiento de los casos porque no se han conseguido las pruebas necesarias. Si para ello es necesario dotar de más presupuesto o de recursos humanos adicionales y especialmente capacitados a las dependencias que trabajan estos casos,  adelante. Señores fiscales, señores jueces, hagan su trabajo. La dignidad de todo un pueblo está en juego.Y mientras tanto, los deudos de los fideles necesitan una reparación inmediata. El Estado debe hacerse cargo de la educación, la salud y la vivienda de la pequeña hijita de Luis Felipe Guerrero, ya que el Estado le arrebató a su padre sin miramiento alguno.Finalmente, para que los fideles no sigan muriendo como el ganado, sin que los demás peruanos pongamos el grito en el cielo y nos indignemos, y sin que los capitanes tengan que dar explicaciones, necesitamos democratizar el acceso a los medios de comunicación. Pero sobre esto ya hablaremos otro día. 
Mar Pérez
Opinión
13/11/2014 12:44:17