Categoria: Noticias - Política y Derechos Humanos

En el marco del Día de los Derechos Humanos, el medio digital de periodismo de investigación y análisis de datos Convoca, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) del Ministerio de Cultura organizan el encuentro “Periodismo de Investigación y Derechos Humanos: Periodismo de datos y narrativas transmedia para cubrir temas de derechos humanos”, que se realizará el sábado 10 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día de los Derechos Humanos. La actividad se desarrollará en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social – LUM, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entre los 80 y 90, Perú vivió los años más cruentos de la violencia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) determinó que se registraron unos 69 mil muertos mientras que la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) logró determinar en 2012 que existían más de 6 mil sitios de entierro clandestinos en Ayacucho.La periodista Milagros Salazar, directora de Convoca, considera necesario este encuentro que reunirá a periodistas de investigación, fotógrafos, historiadores, programadores y profesionales de otras disciplinas que apuesten “por proyectos periodísticos que pongan en evidencia las graves violaciones a los derechos humanos que atentan contra la democracia y la vida de las personas. Esta actividad es un punto de partida para generar un movimiento de profesionales que investiguen este tema en Perú”, señala. El programa cuenta con siete expositores que darán cuenta de las diversas formas de abordar los temas de derechos humanos. El periodista de investigación Edmundo Cruz que destapó el caso “La Cantuta” sobre las fosas de los estudiantes asesinados durante el gobierno de Alberto Fujimori; la periodista y directora de Convoca Milagros Salazar, co-autora del libro Los muertos de Ayacucho sobre los sitios de entierro clandestinos de los años de la violencia; la directora de la Comisión de Derechos Humanos Carola Falconí; el premiado fotógrafo del diario La República Miguel Mejía, que ha cubierto diversas exhumaciones de las víctimas de la violencia; la periodista Melissa Goytizolo, quien ha recorrido el país investigando las historias de las mujeres esterilizadas durante el régimen fujimorista; Beatriz Jiménez, ganadora del Gran Premio Nacional de Periodismo 2015 por su serie investigativa sobre el negocio de los medicamentos en Perú, y Aramís Castro que investigó junto a otros periodistas de Convoca el impacto ambiental y social de las industrias extractivas en la población de los Andes y la Amazonía como parte de la investigación ‘Excesos sin castigo’, ganadora del Data Journalism Awards y finalista del Premio Iberoamericano Gabriel García Márquez.El encuentro tiene el apoyo del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social - LUM del Ministerio de Cultura. Ver evento en Facebook aquí: http://bit.ly/2haquQCFormulario de inscripción: https://goo.gl/SQazqZ
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
01/12/2016 12:57:56
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) realizará el 12 de diciembre en el Auditorio del Lugar de la Memoria, la Ceremonia de Premiación Anual de Derechos Humanos en el marco del día internacional de los derechos humanos.  Desde hace 26 años, la CNDDHH entrega el Premio Anual en Derechos Humanos 2016 “Ángel Escobar Jurado” a peruanos y peruanas que han contribuido en la lucha por ela promoción y respeto de los derechos humanos en el Perú. Este año, la CNDDHH otorgará el premio a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en mérito a la sostenida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos de las y los trabajadores del Perú y por su contribución fundamental a la defensa de la democracia y los derechos humanos en nuestro país. El Premio Periodismo y Derechos Humanos será entregado a César Romero, del Diario La República, en mérito a su labor de investigación y contribución al conocimiento de un conjunto de casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos producidos en el contexto del conflicto armado interno. La trayectoria del periodista incluye investigaciones sobre los crímenes del grupo Colina y la difusión del proceso judicial contra Fujimori, Montesinos y demás implicados en el gobierno fujimorista. De igual manera, se entregará el Premio Periodismo y Derechos Humanos a Pedro Salinas Chacaltana y Paola Ugaz Cruz, por su investigación publicada en el libro Mitad monjes, mitad soldados. Esta investigación permitió develar los casos de pedofilia y abuso a menores por parte del fundador y miembros del Sodalicio de Vida Cristiana; este trabajo periodístico permitió que otras víctimas de este tipo de abusos sexuales den a conocer sus testimonios.Los familiares del caso Accomarca, el caso Sótanos del SIE 2 y el caso Hugo Bustíos recibirán un Reconocimiento Especial por su lucha en la búsqueda de justicia. De igual manera se hará un homenaje a la trayectoria de Ernesto De La Jara, fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL) e impulsor de la formación de la CNDDHH.Ver evento en Facebook: http://bit.ly/2fRSKFL
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
30/11/2016 12:30:50
Ernesto De La Jara Basombrío renunció al Instituto de Defensa Legal (IDL) donde fungió como director fundador. De La Jara, quien también es fundador de la Revista Ideele, es activista pro derechos humanos, abogado, periodista y culminó estudios de historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El IDL comunicó que Ernesto De La Jara renunció a sus labores en la reconocida organización y destacó que su labor "deja una valla muy alta en cuanto a compromiso social, honestidad, trabajo intenso y empecinado afán de nadar a contracorriente". No obstante, el IDL confirmó que De La Jara continuará como colaborador en la reviste Ideele."Después de 33 años he renunciado al Instituto de Defensa Legal (el IDL), tanto a ser unos de sus profesionales como a la asociación", dijo Ernesto De La Jara en una emotiva carta dirigida a sus amigos y amigas. El abogado recordó los momentos históricos donde el IDL luchó contra la violencia política, el terrorismo, la violación de derechos humanos, la dictadura fujimontesinista, la transición democrática y las expectativas de los últimos gobiernos. De La Jara confesó que su renuncia fue una decisión que le "ha costado mucho" pero que es necesaria ya que busca dedicar su tiempo a sus otras vocaciones. Frente a ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó que “no es una carta de renuncia a los principios compartidos, es una carta donde Ernesto De La Jara nos hace conocer sus nuevos rumbos y apuestas profesionales y personales. Nos seguiremos encontrando y colaborando en esta lucha incansable por un mundo mejor.Compartimos la carta completa: Querido amigos y amigas:Quiero contarles una decisión muy importante para mí, que me ha costado mucho, pero de la que estoy seguro. Después de 33 años he renunciado al Instituto de Defensa Legal (el IDL), tanto a ser unos de sus profesionales como a la asociación.La he ido madurando desde hace un buen tiempo y coordinando con el Comité Directivo.La razón es que necesito más libertad personal, para disponer de mi tiempo, para poder ser más selectivo en lo que haga y no haga laboralmente y para dedicarme un poco más a mis otras    vocaciones  Ribeyro decía que uno debería tener varias vidas para satisfacer todos sus gustos, pero que generalmente solo tenía tiempo para una vida o máximo dos. Intentaré la segunda o por lo menos una media más.Que quede claro que nada tiene que con jubilación.  Me siento con mucha vitalidad y experiencia, ilusionado de asumir nuevos proyectos.¡Le debo tanto al IDL! Me ha permitido pasarme la vida haciendo actividades que me han encantado y que creo son valiosas para la gente y el país. Me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en diversas especialidades, de reinventarme permanentemente, de conocer a personas valiosísimas y de viajar por todas partes, dentro y fuera del país.También aprecio inmensamente haber estado vinculado a una institución que para muchos está asociada a honestidad, libertad de pensamiento, defensa de derechos y libertades, sensibilidad social.   Hay una razón más por la que a veces cuando entro al IDL beso el suelo, como lo hacía Juan Pablo II cada vez que llegaba a un país: me ha permitido decir siempre lo que pienso, nunca haber tenido que acatar sin dudas ni murmuraciones, ni sobar a nadie y mucho menos a agachar la cabeza o al chi cheñor, a pesar. Dignidad ante todo, es un principio esencial de lo que llamamos – pedantemente – la cultura IDL. Como lo es asimismo, y muy importante, el sentido del humor sin zonas sacras y riéndonos también de nosotros y nosotrasY qué agradable es el buen ambiente trabajo. Es que es no es lo mismo compartir intereses que convicciones   Como siempre he dicho, si el trabajo en el IDL fuera mejor pagado y con algunos períodos de cierta tranquilidad, sería el trabajo perfecto. Es difícil y exigente, criticado por algunos, pero apasionante y pleno de sentido.Las instituciones son su gente. Casi todas las personas que han pasado por el IDL han sido de primera. Y hoy cuenta con un equipo profesional y administrativo excelente, tanto en lo personal como en lo profesional, dispuesto jugársela por los ideales de siempre.   ¿Errores? Muchos, personales e institucionales. Pero siempre los hemos reconocido y pedido las disculpas del caso. Ojalá que así se haya percibido. Igual frente a las limitaciones y debilidades que sabemos bien tiene una institución como la nuestra.   Hemos pasado por tantas etapas: violencia política, terrorismo, violación de derechos humanos, golpe del 5 de abril, dictadura de Fujimori y Montesinos, captura de Guzmán, rereelección, transición democrática (el gran Paniagua), expectativas y decepción frente Toledo.Luego el mal menor- García (comiéndonos los sapos de la corrupción, Rodrigo Franco y mucho más), y por si fuera poco, luego   el mal menor- Humala (comiéndonos el sapazo de Madre Mía y sus desvaríos ideológicos), todo para que no regrese el fujimorismo. Y hoy ante un gobierno que ganó gracias a una serie de circunstancias inesperadas y que genera tanto expectativas como temores.Son años en los que lo internacional y lo global han ido tomando fuerza , lo que también se ha expresado en alianzas y acciones conjuntas a nivel de la sociedad civil . Han aparecido igualmente nuevos actores que son esencialmente positivos , aunque también tienen sus complejidades , como son los movimientos ciudadanos y sociales, además de las poderosas redes sociales.Pienso en el país y en el contexto internacional cuando varios fundamos el IDL y creo que se ha avanzado muchísimo en todo, más de lo que imaginábamos. Pero evidentemente lo pendiente es oceánico .Muchas gracias y un fuerte abrazo.Ernesto de la Jara Basombrio. 
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
15/11/2016 14:17:50
La comunidad shipibo konibo de Cantagallo fue víctima de un incendio que dejó aproximadamente 500 familias damnificadas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos responsabiliza a la Municipalidad de Lima y al alcalde, Luis Castañeda, por cancelar la reubicación de la comunidad que lleva cerca de 16 años ocupando "momentáneamente" un terreno que era relleno sanitario.  En un extenso pronunciamiento, la organización de derechos humanos afirmó que "esta tragedia tiene un único y gran responsable político: la Municipalidad Metropolitana de Lima y su alcalde Luis Castañeda Lossio, que negaron su reubicación digna, responsable y consensuada prevista en el proyecto Río Verde, para destinar los recursos previstos a la construcción del cuestionado by-pass de la Av. 28 de Julio".La CNDDHH recordó que en 2009, se procedió a la suscripción del contrato de concesión del proyecto “Vía Parque Rímac”, antes Proyecto Línea Amarilla. Para realizar el proyecto "Vía Parque Rímac" era necesario reubicar  a la comunidad de Cantagallo a partir de la imposición inconsulta de este proyecto. Con el paso del tiempo, el proyecto recortó el área de la comunidad y ocasionó el aumento del hacinamiento. En el año 2011 la Municipalidad de Lima, ya bajo la gestión de Susana Villarán, inició un proceso de diálogo con la comunidad para lograr la reubicación de Cantagallo con el amparo del Convenio 169 de la OIT. Este proceso logró que se incluyera en la reubicación a la Escuela Intercultural Bilingüe, que es la única escuela intercultural en Lima reconocida por el Estado. Finalmente, se logró que en el 2013 se cree un fideicomiso para la realización del proyecto "Río Verde" y obras de integración urbana, por el cual se trasladaría a la comunidad Cantagallo a un lugar con mejores condiciones de vida. En el 2015, la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Luis Castañeda paralizó la reubicación de la comunidad Cantagallo mediante la modificación del master plan del proyecto “Río Verde” donde destinó el dinero del proyecto a otras obras de "integración urbana". Con el dinero que habría permitido la reubicación de la población de Cantagallo se construyó el polémico by-pass de 28 de julio.Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la CNDDHH lamentó que "el incendio arrasó con todo: sus viviendas, pequeños comercios, talleres y sus esperanzas. Las condiciones de precariedad en las que el Municipio de Lima ha colocado a esta comunidad, la falta de servicios básicos, la pobreza, todo ha sumado a la tragedia. Esto requiere de una investigación seria e inmediata".Diversas iniciativas se han hecho presentes en las redes sociales para recolectar donaciones para la comunidad de Cantagallo.Ver pronunciamiento aquí: http://bit.ly/2f2B3D8 Foto: Anthony Niño de Guzmán/Perú21
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
04/11/2016 15:38:39
Colectivo Keiko No Va convoca a una manifestación hoy a las 6 p.m. en la Plaza San Martín contra la denominada "repartija fujimorista" del nuevo directorio del Banco Central de Reserva (BCR). Con la mayoría fujimorista y con el apoyo del APRA, el día de hoy, el Congreso de la República eligió el nuevo directorio del BCR. Este quedó conformado por Elmer Cuba,  exmiembro del equipo de Keiko Fujimori en la campaña presidencial del 2016, José Chlímper, implicado en limpiar la imagen del exsecretario del partido fujimorista Fuerza Popular que es investigado por lavado de activos, y Rafael Rey, de quien se cuestiona su conocimiento en materia financia y monetaria.Frente a esta situación, el colectivo Keiko No Va creó un evento en Facebook desde donde convoca a una manifestación en rechazo al nuevo directorio del BCR.Más información sobre la marcha: http://bit.ly/2dMBLVK
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Política y Derechos Humanos
27/10/2016 14:00:38
Margarita Patiño era la viuda de Hugo Bustíos, periodista ayacuchano asesinado en  septiembre de 1988 cuando el ex ministro del Interior Daniel Urresti  estaba al mando de la base Castropamapa bajo el seudónimo de “capitán Arturo“. Daniel Urresti es acusado de ordenar el asesinato del periodista. La Comisión de Derechos Humanos, organización que lleva el caso Bustíos, informó que el vehículo en el que viajaba Margarita Patiño, de Huancayo a Huanta, se desbarrancó a la altura de la localidad de Izcuchaca. Margarita Patiño falleció pero dejó un ejemplo de firmeza en la búsqueda de justicia para su esposo, quien trabajó para la revista Caretas y denunció las atrocidades que se cometían en Huanta en la década de los 80. En más de una ocasión, la señora Margarita enfrentó a Daniel Urresti por sus declaraciones ofensivas que incluso hicieron que el fiscal Luis Landa interponga una queja.Patiño, quien dio su testimonio en el juicio oral por el asesinato de su esposo, afirmó que la muerte de Hugo Bustíos fue planeada. "Claro que sí [fue planeada su muerte] y lo confirmé más con la carta que dejó. Estaba planeado porque lo consideraban peligroso. Daba muchos informes mediante la revista Caretas contando que se cometían atrocidades", dijo en una audiencia. Además, Margarita Patiño fue testigo de los estragos del compromiso de Hugo Bustíos en investigar los casos de violaciones a los derechos humanos en Huanta.  "Más de una vez lo vi desmoronarse. Convivir con la violencia era muchas veces de valientes. El mayor sueño de Hugo era ver en paz a Huanta. Siempre decía: Me duele ver que mi pueblo se desangre, Maca. No hay razón para tanta muerte. Huanta merece vivir en paz", contó Margarita en su discurso con motivo de los 27 años del asesinato de su esposo.Desde hace más de 27 años, Margarita Patiño luchó para que la muerte de su esposo y compañero no se quede impune. Ella falleció sin lograr en vida la justicia por la que tanto luchó. La última audiencia del juicio oral fue suspendida debido a la falta de luz en la Sala Penal Nacional y la próxima fue fijada para el 4 de noviembre. Sin embargo, la señora Patiño nunca se rindió. En el discurso de apertura de la muestra fotográfica que expuso trabajo del periodista y su relato del terror vivido en la década de los 80, Margarita Patiño mantuvo el optimismo por lograr justicia y compartió una de las últimas frases de su difunto esposo: “Tengo la plena confianza en que un día no muy lejano acabará la desesperación, el derramamiento de sangre y el dolor que destroza los corazones”.Foto: La República
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Política y Derechos Humanos
27/10/2016 10:19:43
El pasado  27 de setiembre, César Estrada, comunicador social indígena cajamarquino, volvió a ser víctima de una nueva agresión. Desde el 2014, Estrada es beneficiario de una medida cautelar de protección brindada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  César Estrada ha seguido de cerca las agresiones sufridas por la familia Chaupe Acuña de parte de la empresa minera Yanacocha y también ha informado sobre problemas de contaminación ambiental generado por la misma. El pasado 29 de abril, Estrada, quien además de comunicador social es defensor de derechos humanos, fue galardonado con el premio Martine Anstett  por su importante labor periodística en la denuncia de los abusos cometidos por la minera Yanacocha en la región de  Cajamarca.César Estrada denunció que fue agredido cuando se encontraba caminando en la ciudad de Cajamarca. El comunicador estaba por tomar transporte público cuando  el agresor, a quien no conoce, le agarró por el hombro y se refirió a él con palabras soeces, luego el agresor lo golpeó a la altura de la nariz.Estrada informó no haber recibido ningún tipo de protección ni acompañamiento por parte de las autoridades pertinentes a pesar de ser beneficiario de medidas cautelares. Asimismo, ha denunciado que en más de una ocasión la policía se rehúsa a registrar sus denuncias.Su trabajo como periodista lo ha colocado en una situación de alto riesgo ya que ha es víctima de varios atentados contra su integridad desde el 2011. En los últimos meses, por su seguridad, el comunicador indígena se vio obligado a vivir fuera de Cajamarca aunque, cada vez que  retorna para actividades relacionadas con los procesos judiciales en los que es denunciante o denunciado, vuelve a sufrir agresiones.Según el informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentado ante la CIDH, en los dos últimos años, 16 defensores de derechos humanos han sido asesinados por sicarios. La CNDDHH señala la urgencia de creación de una política pública de protección a defensores de derechos humanos ya que la vida de los defensores, en zonas de conflictividad social, corre peligro. Foto: Diario Perú
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
29/09/2016 17:03:46
El día de ayer, martes 27 de setiembre, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron una ceremonia de reconocimiento a Eduardo Vega Luna por su labor de defensa de los derechos humanos durante su gestión en la Defensoría del Pueblo. Eduardo Vega Luna fungió como defensor del Pueblo interino desde el 2011 hasta el 2016. La ceremonia estuvo marcada por el agradecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y colectivos juveniles que reconocieron en la Defensoría del Pueblo a un importante aliado en la lucha por la garantía de los derechos de la ciudadanía. Gestión con enfoque en derechos humanosLa Defensoría del Pueblo impulsó importantes campañas por el respeto de la diversidad racial, indígena y de género.  Asimismo, uno de los logros de la Defensoría del Pueblo fue la publicación de la base de datos de los pueblos indígenas y la inclusión de los pueblos indígenas andinos.Gladis Vila, integrante de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, reconoció que la Defensoría ha sido un actor importante en la facilitación del diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado en contextos de conflictividad social; además, destacó que, a través de pronunciamientos e Informes Defensoriales, esta institución pública ayudó a la visibilización de los indígenas como sujetos de derecho.“Resulta tan significativo que un espacio oficial nos reconozca como ciudadanas y ciudadanos plenos, como vidas que importan”, señalaron Malú Machuca y Giovanny Romero, reconocidos activistas por los derechos LGTBI. Los activistas recordaron que durante el periodo de Vega Luna, la Defensoría del Pueblo denunció que las personas LGTBI fueron retiradas del Plan Nacional de Derechos Humanos en el 2014, respaldó el proyecto de ley contra crímenes de odio por homofobia, preparó un “informe impecable” a favor de la unión civil y publicó un informe con recomendaciones a las instituciones públicas para garantizar los derechos LGTBI. “Si Eduardo hubiera seguido al frente de la Defensoría, el siguiente paso habría sido la creación de una Adjuntía para los Derechos Humanos LBTGI”, expresaron los activistas.Adelina García, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, agradeció a la Defensoría del Pueblo y al equipo de Vega Luna por “haberse fajado en nuestra lucha” que lleva más de 33 años buscando justicia. En junio de este año, el gobierno de Ollanta Humala promulgó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas donde la Defensoría del Pueblo fue la primera institución del Estado en respaldar e impulsar su creación. Un Estado democrático y confiable La gestión de Eduardo Vega Luna como defensor del Pueblo duró 5 años, 5 meses y 6 días, en calidad de interino. Vega Luna, a quien las organizaciones de la sociedad civil le entregaron un reconocimiento por su labor en defensa de los derechos humanos,  refirió que ese trabajo “no ha sido fácil ni ahora ni antes”, el punto de partida siempre será “la identificación con los problemas que agobian al ciudadano y a la ciudadana”. Asimismo, afirmó que “los derechos humanos no pertenecen a ningún partido político o alguna ideología” y que su causa “no se ha hecho para enfrentar a las derechas con las izquierdas”.Frente al desprestigio de la defensa de los derechos humanos, el ex defensor del Pueblo resaltó que su labor en estos años ha tratado que esta tarea “no se vea con un sesgo político o solo la defensa de los culpables o los terroristas. Los derechos humanos son de todas las personas especialmente de los más vulnerables”. En referencia a los últimos actos de reivindicación de Sendero Luminoso, Vega Luna enfatizó que “un país que ha sufrido tanto la insanía terrorista no se puede permitirla existencia de un mausoleo que es usado políticamente para glorificar a Sendero Luminoso o a sus órganos de fachada”.  “Sendero Luminoso no ha pedido perdón por el grave daño que le hizo a la sociedad peruana ni a abandonado sus demenciales propósitos. Un grupo de esas características no puede participar en la vida democrática del país”, opinó.Finalmente, Vega Luna reflexionó sobre la importancia del crecimiento económico en el país pero advirtió que este logro “seguirá siendo endeble mientras se mantengan amenazas como la corrupción, la inseguridad ciudadana, la violencia social, la falta de buenos servicios público y la falta de un Estado democrático que le inspire confianza al ciudadano”. El ex defensor del Pueblo agradeció el “invalorable apoyo y compromiso” de todo su equipo ya que por ellos la gestión en la Defensoría del Pueblo es reconocida por la ciudadanía.“Lamentablemente, en nuestro Perú, el reconocer una inteligente y honesta tarea cumplida por instituciones y funcionarios del Estado resulta casi un hecho excepcional” y la Defensoría del Pueblo “destaca con caracteres nítidos”, expresó Salomón Lerner, presidente ejecutivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, Lerner resaltó que la Defensoría del Pueblo, a través de la sensibilidad humana en la gestión de Eduardo Vega, permitió que el Estado atienda la vulneración de los derechos de los peruanos y asuma el deber de garantizarlos. Y ahora ¿quién nos va a defender?En el último proceso electoral presidencial, la Defensoría del Pueblo  hizo un llamado a los candidatos a garantizar los derechos de las mujeres en sus planes de gobierno en referencia a los índices de feminicidio, violencia contra la mujer y baja participación política. La Defensoría del Pueblo se ha manifestado constantemente sobre la falta de acceso a la justicia de las mujeres mediante datos publicados en sus Informes Defensoriales. Precisamente, Victoria Vigo, quien fue víctima de las esterilizaciones forzadas, agradeció a la gestión de Eduardo Vega porque “siempre se pronunció” y respaldó la lucha por la búsqueda de justicia en los casos de esterilizaciones forzadas. “No nos hemos sentido desprotegidas”, afirmó Vigo; sin embargo, tras el anuncio de las elecciones para designar al nuevo defensor del Pueblo, Victoria contó que su primera reacción fue pensar “y ahora, ¿quién nos va a defender?”Juan José Gorriti, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, destacó la labor de la Defensoría del Pueblo en garantizar el derecho a la protesta social así como su reacción frente a denuncias de  detención y agresión en las movilizaciones ciudadanas. Por otro lado, Jorge Rodríguez, integrante del movimiento Keiko No Va, recordó que la ciudadanía salió a las calles para defender la autonomía de la Defensoría ante la polémica designación de un nuevo representante en la denominada “repartija”. Tanto Rodríguez como Gorriti destacaron la presencia de la Defensoría en las diferentes manifestaciones sociales y por ello expresaron su preocupación por que el nuevo defensor del Pueblo mantenga la autonomía de una institución del Estado que ha ganado la confianza de los ciudadanos. La ceremonia de reconocimiento fue organizada por Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,  Proética, Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Asociación Nacional de Centros, Instituto de Estudios Peruanos, Consejo de la Prensa Peruana, Flora Tristán, la Confederación General de Trabajadores del Perú y Pacto de Unidad.Foto: CNDDHH
Lucero Zúñiga Montaño
Política y Derechos Humanos
28/09/2016 18:46:39
La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denuncia el cambio sorpresivo del Presidente y Director de Debates del Colegiado “B” de la Sala Penal Nacional, magistrado Marco Cerna Bazán, que venía juzgando al acusado Daniel Urresti Elera por el asesinato del periodista de “Caretas” Hugo Bustíos Saavedra. La decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es alarmante ya que ha procedido a sustituir al magistrado Cerna en este caso cuando falta poco para emitirse la sentencia. Es importante resaltar que este magistrado conoció las diversas actuaciones procesales, como, entre otras, las declaraciones de testigos relevantes, de peritos o testigos expertos y de otras pruebas. Así lo exige el principio de inmediación que reviste de legitimidad el juicio oral: la presencia y contacto personal del juez en las declaraciones testimoniales. Cabe señalar que, en su actuación, el magistrado Cerna Bazán mostró objetividad y ecuanimidad, resolviendo con equidad los pedidos de las partes. Además, él estaba encargado, como vocal ponente, de redactar en los próximos días el proyecto de sentencia. Ahora, la redacción de la sentencia recaerá en el nuevo magistrado que será nombrado en su reemplazo.La explicación formal dada en la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, publicada el día de hoy en el diario oficial “El Peruano”, señala que este cambio se da por motivos de salud y a petición del propio magistrado Cerna. Sin embargo, todo parece indicar que este magistrado seguirá conociendo otras causas sobre graves violaciones a los derechos humanos, además de seguir ejerciendo sus funciones en el distrito judicial de Lima Sur.Nos sorprende que el magistrado Cerna Bazán haya sido sustituido de dos casos que están prontos a concluir (Bustíos y Muñoz Cuadros) y que a la vez están íntimamente relacionados, pues en ambos se juzgan a oficiales de la Base Militar Contrasubversiva de Castropampa (Huanta, Ayacucho) por crímenes ocurridos en el año 1988.​Nuevo juez con poca experienciaCOMISEDH demanda el cambio del magistrado Verapinto Márquez por otro que reúna las cualidades y la experiencia indispensables para el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos. Este cambio deberá ser efectuado inmediatamente, pues de lo contrario se quebraría (reiniciaría) el juicio, generándose impunidad. Otto Santiago Verapinto Márquez, designado como nuevo juez del caso, no tiene experiencia en derechos humanos. Su designación no contó con los elementos idóneos y necesarios para un caso complejo como el asesinato de Hugo Bustíos. Foto: COMISEDH
COMISEDH
Política y Derechos Humanos
28/09/2016 13:45:49
Eduardo Vega Luna, quien fungió como defensor del Pueblo desde el año 2011 hasta el 2016, recibirá un reconocimiento especial por parte de organizaciones de la sociedad civil. El evento se realizará el martes 27 de setiembre a las 6:00 P.M. en el auditorio del Lugar de la Memoria. Proética, el Pacto de Unidad, Idehpucp, el IEP, el Consejo de la Prensa Peruana, Flora Tristán, la CGTP y la CNDDHH invitan a la ciudadanía a participar del "Reconocimiento público al ex Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, Por la labor desempeñada en la defensa de los derechos humanos".La gestión de Eduardo Vega Luna ha logrado importantes avances en materia de derechos humanos. Entre ellos se destacan las campañas contra la discriminación, logró garantizar los derechos de la población juvenil que iba a ser enlistada en el servicio militar a través de una medida cautelar, un proceso constitucional de amparo y la presentación de propuestas para fortalecer el serivio militar voluntario. Como defensor del Pueblo, Vega Luna impulsó la publicación de la Base de Datos de Pueblos Indígenas y la inclusión de los pueblos indígenas andinos; asismismo, participó activamente en la campaña para la promulgación de la Ley de Búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Al finalizar su gestión, la Defensoría del Pueblo publicó su último informe defensorial sobre políticas públicas para garantizar los derechos de la población LGTBI. Más información del evento: http://bit.ly/2d0yIIpFoto: La República
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
21/09/2016 17:02:30
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) publicó un comunicado donde exhorta la liberación y pedido de disculpas por la "injusta detención policial" del Defensor del Pueblo en Huánuco. En el transcurso del día, Zoom TV Huánuco y el Diario El Siglo difundieron unos videos donde se observa que la Policía Nacional del Perú (PNP) detiene a Pier Paolo Marzo Rodríguez, Defensor del Pueblo de Huánuco. Marzo Rodríguez se presentó en una manifestación en el centro poblado de Llicua donde los moradores  protestaron contra el alcalde de Amarilis, Robinson Aguirre Casimiro debido a los constantes problemas de la gestión municipal en su localidad.Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la CNDDHH expresó que se trata de una injusta detención y que “el Ministerio del Interior debe una explicación a la opinión pública" por el accionar de la PNP en Huánuco. Además, Bracamonte pidió que el actual Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez se pronuncie ante este suceso. El Defensor del Pueblo de Huánuco, que ya pasó por el médico legista, se encuentra en las instalaciones de Seguridad del Estado de Huánuco. Foto: Captura de pantalla 
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
12/09/2016 15:14:43
Historia clínica de Johnny Zapata Acuña, conocido como “Centurión”, señala que el 24 de noviembre de 1988 no estuvo hospitalizado. La defensa de Daniel Urresti se empeñó en intentar convencer de que Zapata no se encontraba en Huanta en esa fecha. El fiscal superior Luis Landa y el abogado de COMISEDH, Hernán Barrenechea, refutaron el argumento de la defensa del acusado Gral. (r) Daniel Urresti Elera que asegura que el sargento Johnny José Zapata Acuña, “Centurión”, no participó en el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra porque se encontraba hospitalizado.Sin embargo, Landa y Barrenechea aclararon que “Centurión” fue dado de alta el 5 de noviembre de 1988 y el atentado contra el corresponsal de Caretas y su colega Eduardo Rojas ocurrió tres semanas después. El abogado de COMISEDH acotó que, si bien las indicaciones médicas le daban un reposo por 30 días, este no fue “absoluto” por lo que le permitía continuar con sus labores en la Base Contrasubversiva de Castropampa, en Huanta, Ayacucho. La historia clínica también contiene entrevistas a Zapata Acuña, donde declaró haber laborado en la sección de Inteligencia de Castropampa, siendo subordinado del S2. Como parte de este trabajo, dijo que realizó interrogatorios, infiltraciones, operativos y eliminaciones. Para el fiscal Landa, estas declaraciones ratifican que “Centurión” estuvo destacado en dicha base, en contraste a lo dicho por el acusado Urresti Elera, quien aseguró no conocerlo. Cabe recordar que “Centurión” se encuentra fallecido.Asimismo, el fiscal sacó a colación testimonios como los de Amador Vidal Sanbento, “Ojos de Gato", militar sentenciado en el 2008 por el asesinato de Bustíos, Edgardo Montoya Contreras y la testigo presencial Ysabel Rodríguez Chipana, quienes afirman que “Centurión” participó en el crimen del periodista. Con información de COMISEDHFoto: Richard Hirano (Trome)
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
09/08/2016 15:38:07
Las mujeres esterilizadas forzosamente en la provincia cusqueña de Chumbivilcas llegaron a Lima para pedir una nueva investigación tras resolución de archivamiento de la fiscal Marcelita Gutiérrez. La resolución se emitió durante la celebración por fiestas patrias y la parte afectada denunció no ser notificada. El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), organización que apoya legalmente a las mujeres esterilizadas forzosamente, manifestó que han acudido a un recurso donde solicitan al fiscal superior que se realice una nueva investigación del caso ya que afirman que hay intervención política. “Si hay un sesgo. Ella (la fiscal Marcelita Gutiérrez) nunca investigó para demostrar que fue un crimen de lesa humanidad”,  señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS.Los casos de esterilizaciones forzadas vienen de diferentes zonas del país y son muy alejadas.  “Siendo de diferentes lugares fueron acosadas bajo el mismo patrón, les mentían con que habían leyes para castigarlas quitándoles la educación a sus hijos o que iban a pagar impuestos”, expresó Cedano quien también señaló que la fiscal sostiene que se trata de delitos individuales cuando se trató de una política de estado. Ellas esperan justiciaA Celia Ramos le ofrecieron educación y alimentos para sus pequeñas hijas a cambio de dejarse esterilizar. Ella aceptó pero el personal de salud de su localidad le hizo una intervención quirúrgica mal hecha.  Celia estuvo 20 días en coma y luego falleció. Su hermano, Alfonso Ramos, denunció los hechos ante la fiscalía de Piura pero su caso fue cerrado en 3 meses. Él cuenta que al esposo de Celia le ofrecieron dinero para que no insista con la denuncia pero ellos siguieron adelante.Un grupo de mujeres de la provincia cusqueña de Chumbivilcas también contó en quechua su desgarradora experiencia entre llanto. Las mujeres recordaron que las engañaban afirmando que sus hijos se quedarían sin educación gratuita si ellas no se dejaban operar. Además, cuestionaban que las busquen para esterilizarlas cuando apenas tenían entre 21 y 24 años de edad.Ellas preguntaban al personal de salud, que acudía permanentemente a sus casas, si les dolería la intervención y les dijeron que no; sin embargo, a muchas de ellas no se les aplicó suficiente anestesia y no solo sintieron la operación sino que sufrieron de fuertes dolores posteriormente.“Me trajeron al Cusco con mi hijita de 6 meses, mi esposo no estaba. Me alistaron para operarme y me dijeron que cuente uno, dos tres pero la anestesia no me agarraba y así me operaron, con mi hijita llorando ahí (…) Me dolía tanto que no podía ni dar de lactar a mi hija (…) Cuando no complacemos a nuestros esposos ellos buscan a otra mujer y eso destruye nuestros hogares” ”, contó entre llanto una de las afectadas.     Caso archivado por una investigación parcializadaEl día miércoles 27 de julio la Fiscalía trabajó oficialmente hasta la 1 de la tarde y la prensa informó sobre el archivamiento de los casos de esterilización forzada por la tarde. Sin embargo, DEMUS, la familia de Mamerita Mestanza, Celiia Ramos, así como Victoria Vigo no recibieron ninguna notificación sobre la decisión de la fiscal hasta el día lunes 1 de agosto. La organización y sus patrocinadas se enteraron a través de la prensa y las redes sociales, hecho que generó indignación entre las afectadas.“La decisión de la fiscal Marcelita ha sido influenciada políticamente”, dijo Alfonso Ramos, hermano de Celia, quien perdió la vida luego de ser esterilizada. Aunque la resolución de la fiscal no es un archivamiento definitivo, según expresó Milton Campos, abogado de las mujeres afectadas, ello significa que no se han tomado en cuenta numerosos documentos y evidencias que presentaron las afectadas. “Creemos que la fiscal ha incumplido su deber al no investigar (…) Pedimos al fiscal superior examinar toda la información que hay y emita una resolución que permita la oportunidad de volver investigar”, pidió el abogado de la parte afectada. DEMUS presentó un recurso donde expresan no estar de acuerdo con la resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez y solicitan otra resolución que permita realizar una nueva investigación que contemple la documentación no valorada por Gutiérrez.   
Lucero Zúñiga Montaño
Política y Derechos Humanos
05/08/2016 11:37:00
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió su preocupación ante el posible indulto Alberto Fujimori, expresidente del Perú sentenciado a 25 años de prisión por cometer crímenes de lesa humanidad.   En una nota de prensa, la CNDDHH expresa que "su otorgamiento supondría el irrespeto a la legalidad jurídica, el favorecimiento de la impunidad y el desconocimiento de los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos bajo el amparo del Estado peruano durante su gobierno".Asimismo, la CNDDHH manifestó que el indulto humanitario a Alberto Fujimori no sería factible ya solo puede concederse a quienes padecen enfermedades terminales, irreversibles y degenerativas así como si su situación carcelaria pone en grave riesgo su vida, salud e integridad. "Nuestra posición no está centrada en la venganza", afiman en un pronunciamiento publicado hoy en sus redes sociales.  Finalmente, la organización de derechos humanos reafirman que para "la búsqueda de la reconciliación en nuestro país no se puede dar la espalda a la justicia favoreciendo la impunidad. Los crímenes de La Cantuta, Barrios Altos, Pedro Yauri, las esterilizaciones y desapariciones forzadas, el robo sistemático del tesoro público, la corrupción, la dictadura, el despido masivo de miles de trabajadores y tantos otros abusos no pueden quedar en el olvido". Foto: Archivo CNDDHH 
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
25/07/2016 15:46:39
En estos momentos, en Perú, se está gestando una gran movilización denominada “Ni Una Menos” que se realizará el sábado 13 de agosto. Esta campaña es impulsada por mujeres a propósito de los dos últimos fallos de la justicia que dejan impunes graves casos de violencia contra la mujer. Los casos de injusticia para Lady Guillén y Cindy Arlette Contreras provocaron que las mujeres peruanas se manifiesten y se organicen contra la impunidad y violencia hacia ellas.La Defensoría del Pueblo manifestó su rechazo ante el fallo que deja impune el caso de Cindy Contreras y expresó que “intervendrá en la apelación de la sentencia”. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también se pronunció contra la violencia de género contra las mujeres ya que es un “problema grave de derechos humanos” y exhortó al presidente Ollanta Humala a aprobar el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.En las redes sociales sociales se han compartido decenas de testimonios de agresiones hacia mujeres donde no solo se denuncian los actos de violencia sino también de injusticia. “Ni Una Menos” habilitó diferentes canales de coordinación para que más personas se sumen a la movilización. El próximo sábado 6 de agosto se realizará la jornada “Juntémonos a bordar” donde se invita a la ciudadanía a sumarse a las acciones previas a la marcha.La iniciativa fue impulsada por un grupo de mujeres en las redes sociales pero en otras ciudades del país ya se están organizando para realizar la marcha “Ni Una Menos”. Las siguientes ciudades y regiones se han sumado a esta gran movilización contra la violencia hacia las mujeres: Lima: http://bit.ly/2ae5ZA2Cusco: http://bit.ly/29WxQFcIca: http://bit.ly/2a2jCB3Apurímac: http://bit.ly/29OsFWCCajamarca: http://bit.ly/2a3ghkqTacna: http://bit.ly/2act98nUcayali: http://bit.ly/2actWpJPiura: http://bit.ly/29Ouh2sPuno: http://bit.ly/2afzZZ6Pucallpa: http://bit.ly/2actVlPTrujillo: http://bit.ly/2abFsR4Huancayo: http://bit.ly/2aiNYxcCallao: http://bit.ly/29ZsngSChimbote: http://bit.ly/29TPymZIquitos: http://bit.ly/29ZsyIWTarapoto: http://bit.ly/2aPcmFlChiclayo: http://bit.ly/2beoKjuArequipa: http://bit.ly/2b851GaIquitos: http://bit.ly/29ZsyIWBarranca: http://bit.ly/2aGuhiKHuacho: http://bit.ly/2aFyAJiHuaraz:http://bit.ly/2b3jCSIJaén: http://bit.ly/2b85urKMadre de Dios: http://bit.ly/2aGLslkPasco: http://bit.ly/2b86xbc Gráfica: "Ni Una Menos"
Lucero Zúñiga Montaño
Política y Derechos Humanos
21/07/2016 11:09:15
El pasado 04 de julio, se celebró el IX Aniversario del Ojo que Llora en la comunidad de Llinqui, distrito de Toraya, en la provincia de Aymaraes, Apurímac. "Nuestra comunidad de Llinqui ha sufrido abusos en los años 80 y 90, durante el conflicto armado que sufrió nuestro país (...). A nuestros hermanos mayores les quedaba desplazarse a otros lugares porque sufrieron maltrato y abusos de ambas fuerzas", relató un poblador de Llinqui, quien también recordó que los pobladores sufrieron tortura, abusos sexuales, encarcelamiento y otros abusos a sus derechos humanos.En julio de 2008, los pobladores de Llinqui, inspirados en el memorial El Ojo Que Llora de Lima y con apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos, construyeron su propio memorial bautizado con el mismo nombre. Hoy, el memorial en Llinqui celebró su noveno aniversario que contó con diferentes actividades en conmemoración a los pobladores víctimas y afectados durante el periodo de violencia interna. Foto: Micromuseo
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
07/07/2016 12:18:57
La CNDDHH denunció a funcionario de la Municipalidad de Lima por negar uso de la Plaza San Martín para desarrollar eventos durante el proceso electoral. Asimismo, alertó irregularidades en el proceso. En el marco del proceso electoral, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) solicitó autorización a la Municipalidad Metropolitana de Lima para realizar una concentración pública. Esta acción, denominada “Festival Cultural por la Democracia”, se realizaría el 2 de marzo en la Plaza San Martín del Centro de Lima. Sin embargo, el 28 de marzo, el señor Edgar Santa Cruz Arana, representante del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), negó la realización del evento mediante su opinión "no favorable" donde alegó que la Plaza San Martín es “patrimonio cultural de la humanidad”.La CNDDHH volvió a solicitar el uso de Plaza San Martín para el 31 de mayo de 2016, fecha prevista para el cierre de la marcha “No a Keiko”, pero nuevamente el mismo funcionario les negó la solicitud. Es así que, la organización de derechos humanos denunció estos hechos ante el Ministerio Público por prohibición de reunión pública por abuso de funcionario público, contemplado en el artículo 167 del Código Penal. La CNDDHH dio a conocer que la tarde del jueves 30 de junio encontraron en su local una notificación de la Cuadragésima Octava Fiscalía del Ministerio Público que los citaba para declarar ese mismo día a las 10 de la mañana. Los representantes de la organización indican que en la cédula de notificación  no había otra fecha alternativa para dar la declaración y que tampoco tenía cargo de recepción alguno."En vista de la  imposibilidad de retroceder en el tiempo para dar nuestra declaración, ese mismo día solicitamos se reprograme la fecha de la declaración y que además se nos notifique de manera adecuada. Ahora estamos a la espera del Ministerio Público", señaló Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la CNDDHH. 
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
05/07/2016 15:10:25
Organizaciones sociales y gremiales enviaron una carta pública al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski donde le plantean diálogo y cumplimiento de los compromisos que su partido firmó durante la campaña en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.  Hoy. martes 28 de junio, organizaciones sociales y gremiales publicaron una "carta abierta" al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski para recordarle los compromisos que pactó y firmó con las organizaciones antes que fuera elegido como nuevo presidente del Perú. "Planteamos al Presidente Electo y su equipo iniciar el diálogo abierto y transparente con las organizaciones sociales y sindicales con las que se asumió compromisos para garantizar la gobernabilidad democrática y las reformas de la sociedad pendientes que el Perú demanda", reza la carta. Las organizaciones sociales y gremiales le pidieron al Electo Presidente que las personas que conformen el gabinete "deben tener una trayectoria democrática comprobada, capacidad de diálogo, probidad y voluntad de impulsar los cambios y las reformas que el país demanda". Además, recordaron su apoyo al Presidente en la realización de una "campaña nacional en defensa de la democracia frente al peligro del autoritarismo, la corrupción y el narcotráfico". Pedro Pablo Kuczynski y su partido firmaron los siguientes compromisos:  Compromiso por la Democracia (Coordinadora Keiko No Va), Compromiso con los Trabajadores (CGTP), Compromiso por una Mejor Educación (SUTEP), Compromiso de No a la Privatización y/o Concesión de SEDAPAL y Eps (SUTESAL), Compromiso por los Derechos y la Igualdad de las Mujeres (Organizaciones de Mujeres y Feministas), Compromiso con las Víctimas de las Violaciones a los Derechos Humanos y sus Familias, Compromiso por el Crecimiento, la Seguridad y los Derechos Laborales en el Sector Construcción (FTCCP), Compromiso por la Salud de todos los Peruanos (FOROSALUD), Compromiso por un País con Empleo y Derechos Laborales para Todos (Empresas Estratégicas del Estado), Compromiso por la Dignidad en la Atención de las Personas con Discapacidad (Mesa de Discapacidad y Derechos – CNDH), y el Compromiso con los Pueblos Indígenas del Perú (AIDESEP y otros). Foto: Renzo Salazar / Perú 21
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
28/06/2016 13:57:50
Familiares de los más de 15 mil peruanas y peruanos que desaparecieron entre los años 1980 y 2000 realizarán un plantón para exigir al presidente Ollanta Humala que firme y se promulgue la Ley de Búsqueda de Desaparecidos.  La manifestación se realizará el miércoles 22 de junio y se concentrará en la Plaza San Martín a partir de las 4 P.M. Activistas, políticos, jóvenes, colectivos y organizaciones sociales se han sumado a esta campaña por la promulgación de la ley que permitirá que los restos de las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno se reúnan con sus familiares.A pocas semanas de culminar el mandato del presidente Ollanta Humala, los familiares de los desaparecidos hacen un último llamado para la promulgación de la norma. De no promulgarse hasta el viernes 24, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas regresará al Congreso para volver a ser discutida. Sin embargo, los familiares se muestran preocupados ya que el Congreso tiene mayoría de parlamentarios fujimoristas, quienes no solo han negado los resultados del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sino que defienden el gobierno de Alberto Fujimori, hoy preso por crímenes de lesa humanidad.    Foto: CCI
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
21/06/2016 18:03:36
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentó una denuncia preventiva contra los efectivos policiales que resguardarán el orden en la vigilia convocada por organizaciones LGTBI en el frontis del Congreso a las 7 P.M. La manifestación busca que se cree una ley contra crímenes de odio. Este jueves 16, organizaciones y colectivos LGTBI convocan a una vigilia para exigir una ley contra crímenes de odio. La manifestación busca llamar la atención y exigir una norma que proteja a la población LGTBI de ser víctimas de asesinatos o ataques discrimitarios por su orientación sexual. "Siendo un acto de manifestación y ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tenemos el fundado temor de que se produzca, como en anteriores ocasiones, una intervención desmedida, desproporcionada de miembros de la Policía Nacional, con el consecuente saldo de heridos y la vulneración de derechos fundamentales", señaló Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH. El abogado recordó que en la manifestación pacífica "Besos contra la homofobia", actividad impulsada por activistas y personas TLGBI, "los efectivos policiales agredieron físicamente a los activistas, sin razón alguna, e impidieron que la actividad se pudiera desarrollar"."Dada la experiencia de eventos anteriores convocados por la comunidad LGTBI, se puede producir una intervención policial con la intención deliberada y dolosa de impedir el ejercicio de la libertad de expresión de estas personas basado solo en razones de transfobia, lesbofobia, homofobia y bifobia, con lo cual se generaría la comisión de los delitos que preventivamente se están denunciando. La denuncia preventiva que hemos presentado busca evitar una intervención policial arbitraria y homofóbica", explicó Álvarez. En la denuncia, la CNDDHH solicita la presencia del fiscal de prevención del delito en el evento como garante de la legalidad y de los derechos de las personas.   Foto: Matrimonio Igualitario Perú
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
16/06/2016 14:59:13
Ante la falta de respuestas a sus demandas, la Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, ubicada en la provincia de Yanahuanca, región Pasco, realizó un plantón el 15 de junio frente a oficinas de Buenaventura en Lima. Daniel  Requiz, presidente de la Asociación Cultural Hijos de San Juan de Yanacocha Residentes en Lima, confirmó que tras la manifestación la empresa minera se comprometió a establecer una mesa de diálogo el 9 de julio. Los pobladores de la comunidad campesina esperan encontrar una solución a la problemática socio ambiental generada por las operaciones mineras que se desarrollan desde hace más de 50 años en sus tierras. Asimismo, esperan la intervención del Estado para que actúe en calidad de garante en los acuerdos que se pueda arribar entre las partes. Como se recuerda, los pobladores de San Juan de Yanacocha aseguran que la empresa viene operando en tierras comunales desde hace varias décadas, lo que ha causado daños en su medio ambiente. Los comuneros señalan que se ha afectado la calidad y cantidad de los recursos hídricos.Por otro lado, la comunidad campesina denuncia que Buenaventura se beneficia de los recursos existentes en la zona sin contar con licencia social ni reconocer el derecho de la comunidad a ser compensada por el uso de sus tierras. Foto: Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
15/06/2016 11:36:19
Porfirio Gutiérrez Paniura, poblador del caserío de Taquiruta, comunidad de Fuerabamba, de la provincia de Cotabambas, denunció ante la Defensoría del Pueblo de Apurímac que efectivos policiales que no tenían su identificación golpearon a 2 mujeres embarazadas. El 30 de mayo, aproximadamente a las 11 de la mañana, el señor Porfirio Gutiérrez fue testigo de la agresión a Celia Huamani Vargas y Lucia Gutierrez Paniura, quienes están en estado de gestación y que se encontraban cuidando ovejas. Gutiérrez denuncia que los agresores son policías que "no tenían identificación, solo eran uniformados". Para demostrar la acusación, el poblador tomó fotografías donde están los efectivos policias, la maquinaria de la empresa minera, las mujeres agredidas y el rebaño de ovejas.El lugar por donde transitaban es parte del terreno de su comunidad que se encuentra "atrapado" dentro de la zona del proyecto minero Las Bambas. Los pobladores de la zona han demandado que la empresa operadora del proyecto minero, MMG Limited, reconozca la indemnización por sus posesiones materiales e inmateriales. "A la fuerza quieren trabajar  con maquinarias pesadas. Se nos indicó que pretenden hacer plataformas para perforar y succionar las aguas manantiales que tenemos en el caserío de Taquiruta", afirmó Gutiérrez."A mí me amenazaron. Me dijeron que me van a detener para que nadie hable de estas tierras. Nos amenazaron para  matarnos, quitarnos  a la fuerza los productos que tenemos (papa, quinua) que todavía está sin cosechar", denunció el señor Porfirio, quien pide que las autoridades los atiendan ante los atropellos cometidos contra ellos.Foto: Porfirio Gutierrez Paniura 
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
31/05/2016 11:32:52
Líderes del partido Peruanos Por el Kambio presentaron su compromiso con los familiares y afectados por el conflicto armado interno donde garantizarán la justicia, verdad y reparación. El compromiso fue ofrendado en una ceremonia en el Memorial El Ojo Que Llora.  El candidato Pedro Pablo Kuczynski firmó una carta de compromiso donde, de ganar las elecciones presidenciales, garantizará 8 medidas de las cuales mencionamos las siguientes:Aprobar el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021 donde participen organizaciones familiares y afectados así como organizaciones de derechos humanos. Garantizar recursos para la búsqueda de personas desaparecidas incluyendo un banco genético.Crear una procuraduría especializada en derechos humanos.Si bien el candidato no pudo asistir a la ceremonia, en su representación asistieron Gino Costa, Inés Tello, Guido Lombardi y Avelino Guillén, quienes ofrendaron el compromiso en el Memorial frente a organizaciones de familiares y afectados y organizaciones de derechos humanos."Esta no es una presencia oportunista ni de última hora ya que en nuestro equipo están, por ejemplo,  Avelino Guillén e Inés Tello y sus trayectorias son conocidas y consecuentes con la justicia", expresó Guido Lombardi, congresista electo; además, señaló que "más allá del contexto electoral, este acto es una muestra de sentimiento solidario hacia quienes fueron víctimas de crímenes atroces durante el gobierno de Alberto Fujimori". Carmen Amaro, familiar del caso La Cantuta y activista pro derechos humanos, opinó que "es fundamental que en este contexto se haga un reconocimiento a los familiares y afectados que vienen luchando contra la impunidad. (...) Es importante que como partido acojan las demandas sobre memoria y justicia así como la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación". "Si Keiko nos ofreciera algo así, como familiares del caso La Cantuta, no lo hubiéramos aceptado porque los delitos se cometieron durante el gobierno de su padre y es un gobierno que ella defiende", expresó la activista.El Memorial ‘El Ojo que Llora’ fue construido para recordar a las víctimas que dejó el periodo de violencia interna entre el Estado y el terrorismo. Este monumento, que sufrió agresiones por parte de quienes niegan los actos de vulneración a los derechos humanos, fue declarado Patrimonio Cultural del Perú en el año 2000.
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
30/05/2016 19:18:54
El partido Peruanos Por el Kambio, liderado por Pedro Pablo Kuczynski, se reunirá con los familiares y afectados por conflicto armado interno en un evento público donde se celebrará un compromiso por la justicia y reparación a las víctimas. El evento se realizará el día lunes 30 de mayo a las 11 a.m. en el Memorial El Ojo Que Llora. Los familiares y afectados por el conflicto armado interno participarán de una ceremonia donde el líder del partido Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, se comprometerá en garantizar la justicia y reparación a las víctimas de la violencia interna. En el evento, el candidato a la presidencia del Perú expondrá los puntos de su compromiso que buscarán saldar la deuda pendiente con los peruanos y peruanas que sufrieron el periodo de violencia interna entre los años 1980 y 2000.El Memorial ‘El Ojo que Llora’ fue construido para recordar a las víctimas que dejó el periodo de violencia interna entre el Estado y el terrorismo. Este monumento, que sufrió agresiones por parte de quienes niegan los actos de vulneración a los derechos humanos, fue declarado Patrimonio Cultural del Perú en el año 2000. Foto: La Cantuta en nuestra memoria  
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
28/05/2016 15:50:49
Hilaria Supa Huamán, parlamentaria andina y una de las primeras denunciantes de las esterilizaciones forzadas, expresó su rechazo ante las declaraciones de Cecilia Villegas, investigadora y ex columnista del diario Correo, sobre en un programa de televisión del canal ATV+.   La congresista señala que, en el programa televisivo, Cecilia Villegas emitió "informaciones sesgadas y mentiras que promueven confusión" sobre los casos de esterilizaciones forzadas. Frente a ello, la congresista envió una carta al gerente de ATV+ donde aclara los siguientes puntos sobre las afirmaciones de Villegas acerca de las esterilizaciones forzadas:"El Programa de Planificación Familiar de los años 1995-2000, fue una política de Estado del Sr. Alberto Fujimori y que violó los derechos humanos de miles de personas.Ese programa se dirigió a cientos de miles de mujeres indígenas, quechua hablantes, pobres y atacó su dignidad, su cultura.Para su implementación se utilizó la violencia, el secuestro, la tortura, la amenaza.La señora Villegas, hace recaer la culpa “en el sistema de salud” ¿y quien dirigió ese sistema? Ese programa estaba liderado, por el Sr. Fujimori.No se puede permitir responsabilizar a los médicos, esta situación parece un “disco rayado”  ¡Basta ya de mentiras!El Sr. Fujimori, adujo que implantaría el programa, para luchar contra la pobreza y asestó el programa a las mujeres pobres, sin siquiera consultar si lo querían o no. Pese a todo seguimos hablando de la pobreza en el país".La congresista Supa señaló que Villegas "no conoce la realidad, ni ha escuchado a las víctimas, ni las condiciones infrahumanas en las que las operaron". Además, la congresista dijo que Cecilia Villegas "miente para proteger a Keiko Fujimori" ya que ha mostrado simpatía política con la candidata en artículos publicados en diferentes medios. "La libertad de prensa, no significa mentir, ni poner en riesgo la vida y seguridad de las víctimas  de la violación de sus derechos humanos, ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori", finalizó Hilaria Supa.El caso de las esterilizaciones forzadas lleva más de 14 años en Fiscalía y las afectadas siguen luchando por justicia. En el 2015, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condecoró a dos organizaciones de mujeres esterilizadas por su lucha por lograr justicia. Foto: La Mula
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
26/05/2016 15:17:31
Este jueves 26 de mayo, los vecinos de Villa María del Triunfo, cansados de todos los atropellos que viene cometiendo la actual gestión municipal de Villa María del Triunfo, organizaron una marcha pacífica hacia el Palacio de la Juventud.  A continuación reproducimos las razones de la manifestación de los vecinos de Villa María del Triunfo:Por la derogatoria de la ordenanza 002/2016-mvmt 26.01.2016, contra el ilegal cobro de los arbitrios a los trabajadores informales.Porque se deje sin efecto las injustas alzas de los arbitrios 2016 pues incluso el alza aplicada el año 2014 y 2015 mediante dos ordenanzas se hallan impugnadas en el poder judicial.Dejar sin efecto y se suspenda los embargos a domicilio y al comercio por ser un abuso al derecho al trabajo y traba al emprendimiento.Solución inmediata al grave problema de la basura, recolección de residuos sólidos, limpieza pública, barrido de calles, Serenazgo y parques y jardines por ser hasta ahora deficientes e irregulares.Agilizar la construcción de los muros de contención y escaleras de las partes altas del distrito, solicitados formalmente y prometidos en su campaña.Construir y reparar las pistas y veredas muy deterioradas que impiden el libre tránsito y causa que los vehículos se malogren, especialmente los mototaxis, promesas de campaña electoral.Se soluciones el problema de inseguridad ciudadana.Apoyar a la solución de “los esquemas 300 de agua”, actualmente retrasada por incumplimiento del Gobierno nacional, e instalación inmediata del agua para las zonas consideradas en el programa.Recuperar el Palacio de la Juventud para el desarrollo cultural, de proyectos con programas educativos, laborales, etc.Recuperación y defensa de los parques y campos deportivos de la comunidad.Por el cobro del autovalúo injusto y sobrevalorado.Contra el incumplimiento de las obras inconclusas y sobrevaloradas.Contra el tráfico de terrenos, las invasiones de las lomas de Villa María del Triunfo y las áreas reservadas.Por el canon al cemento y la responsabilidad social de UNACEM por la contaminación ambiental.Por la instalación del gas natural a domicilio en las partes altas de los hogares más humildes del distrito.Por la dotación del personal idóneo, competente y del distrito en la Municipalidad. Foto: Gerardo Gutiérrez
IRIS MILAGRITOS RIVERA VERA
Política y Derechos Humanos
25/05/2016 15:35:44
La Mesa de Discapacidad  y Derechos de  la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lanza la campaña “Mis derechos también importan”, que emplaza a los dos candidatos presidenciales para que se comprometan en implementar políticas públicas para este sector poblacional, en materia de salud, educación, accesibilidad, empleo, seguridad social y capacidad jurídica. Organizaciones de derechos humanos y discapacidad lanzan campaña “Mis derechos también importan”, a fin de que los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, se comprometan públicamente a firmar un compromiso para trabajar las demandas de 1 millón 575 mil peruanos que tiene algún tipo de discapacidad en el país. Hace una década empezó el decenio de las personas con discapacidad, sin embargo los avances para reducir las desigualdades no son alentadores. Existe 78% de niños y adolescentes con discapacidad que están fuera del sistema educativo. Según el INEI, se estima que menos del 1% de las escuelas inicial, primaria y secundaria tienen condiciones de accesibilidad física para personas con discapacidad; además, el 92.1% de las instituciones educativas supervisadas por la Defensoría del Pueblo señaló no haber recibido ningún tipo de material adecuado para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Asimismo, el 38,2% de este sector poblacional no tiene ningún seguro de salud y el 76.8% se encuentran económicamente inactivas. Durante este decenio, el logro que más se resalta es la promulgación y reglamentación de la ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, pero que no se ha cumplido. “Estamos terminando este decenio con muchas falencias, se ha avanzado, pero todavía hay mucho por hacer, principalmente en educación, salud, trabajo y accesibilidad”, señala Hugo León, presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú. “Existe un reto en el nuevo gobierno en evidenciar una real voluntad política. Existe un círculo vicioso entre discapacidad y pobreza. En una familia en la que alguien nace o adquiere una deficiencia se convierte en un factor de empobrecimiento porque todavía no contamos con una serie de políticas que puedan atenuar este tipo de situaciones”, señala Madezha Cepeda, integrante de la Mesa de Discapacidad de la CNDDHH.Esperanza Villafuerte, integrante de FENAMUDIP, organización integrante de la Mesa, remarca que es fundamental que la aplicación de políticas públicas deben ser consultados a las personas con discapacidad, organizaciones y colectivos. “Si no se nos incluye, es muy difícil que tengan algún impacto significativo en la calidad de vida de las personas con discapacidad”, enfatiza.La campaña “Mis derechos también importan” impulsada desde la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos de la CNDDHH está integrada por Aprodeh, Asociación de Abogados Invidentes, Aynimundo, Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad – CEMPDIS, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad, Comisión de Damas Invidentes del Perú – CODIP, Confederación Nacional  de Personas con Discapacidad del Perú (CONFENADIP), Grupo de Iniciativa por la Niñez – GIN, Federación Nacional de Mujeres con discapacidad del Perú – FENAMUDIP, Instituto de Democracia y Derechos Humanos – IDEHPUCP, Musas Inspiradoras de Cambio, Paz y Esperanza, Sociedad y Discapacidad – SODIS, Sociedad Peruana de Síndrome de Down –  SPSD, Sense Internacional Perú.
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
24/05/2016 12:19:10
El pasado 17 de mayo, autoridades de la comunidad nativa awajún de Supayaku, en San Ignacio, Cajamarca, se presentaron en la sede del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para sustentar la demanda de amparo contra proyecto minero por violación del derecho a la consulta previa así como el derecho a vivir en un territorio y medioambiente sano y equilibrado. A la audiencia asistieron, como demandantes, los representantes de la comunidad nativa awajún, el Apu Rodolfo Akintui y el Presidente de la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC),  Albercio Bazán, cuya defensa legal realizó el abogado David Velazco Rondón de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz). En representación de la parte demandada asistió el Procurador Público del  Ministerio de Energía y Minas. Peces muertos en el ríoAlbercio Bazán, presidente de ORFAC, explicó que ellos decidieron demandar ante la extrema preocupación por la aparición de peces muertos en el Río Chirinos, uno de los afluentes de la cuenca hídrica del territorio del pueblo awajún Supayaku. “Nadie sabe lo que hemos pasado durante dos años, sin comer pescado, sin poder bañarnos, lavar, ni pescar en el río, lo que sienten nuestras madres y niños. Aquí tienen supermercado, nuestro mercado es el río”, manifestó Bazán.El abogado David Velazco argumentó que el pueblo de Supayaku tiene derecho a la consulta previa por ser parte del pueblo indígena y originario awajún y por estar reconocida en la Base de Datos del Ministerio de Cultura. La titulación de la comunidad nativa data del año 1977. Por otro lado, el abogado de FEDEPAZ señaló que Supayaku es una comunidad adyacente al proyecto minero Yagku Entsa, de la empresa Águila Dorada, y pide que sea considerada como zona de influencia así como la comunidad nativa de Naranjos. El límite natural de ambas comunidades nativas es el Río Chirinos.El abogado especificó que solicitan “la nulidad de la resolución de aprobación del proyecto de exploración Yagku Entsa que autoriza el inicio de actividades de exploración, la nulidad de la resolución de aprobación automática de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentado por Exploraciones Aguila Dorada SAC y la suspensión de las actividades de dicha empresa”. Los proyectos mineros se comunican a través del diario oficialLa Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas, parte demandada, alegó que dicha demanda era improcedente puesto que la comunidad no refutó la aprobación de la DIA. Al respecto, el juez informó que el procedimiento es posible solo si la comunidad tiene conocimiento acerca del proyecto minero. Frente a ello, Procurador señaló que “todo se publica en el Diario El Peruano”; además, desestimó los resultados de un informe que realizó el Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca donde se confirma la contaminación de las aguas del Río Chirinos. “Bueno, pero sabemos quién es el Presidente Regional de Cajamarca y su posición frente a la minería”, expresó el Procurador.Frente a ello, los representantes awajún y el equipo de FEDEPAZ consideraron que es "irresponsable" considerar que "la publicación en un diario oficial y de circulación limitada, es un medio idóneo para explicar el impacto de un proyecto minero en los territorios de una comunidad nativa (...) Asimismo, el ligero y suspicaz comentario sobre el informe del Laboratorio Regional del Agua de Cajamarca, como si el Presidente de esta región fuese el responsable del análisis de muestras de agua".Finalmente, los demandantes cuestionaron el accionar de la empresa minera Exploraciones Águila Dorada SAC por no informar responsablemente el impacto real de sus operaciones en territorio habitado por pueblos indígenas.Con información de FEDEPAZFoto: FEDEPAZ
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Política y Derechos Humanos
19/05/2016 11:54:18
En conferencia de prensa, la Coordinadora Keiko No Va decidió dar un voto crítico por PPK para "impedir la llegada de la narco-política al poder a través del fujimorismo liderado por Keiko Fujimori". Asimismo, la organización convocó este jueves 19 a un plantón frente a Palacio de Justicia para expresar el rechazo a la penetración del narcotráfico en el Estado a través del partido fujimorista Fuerza Popular, a raíz de la investigación del secretario general por la agencia antinarcóticos de EE.UU (DEA). La Coordinadora  Keiko No Va, que reúne a organizaciones sociales, estudiantiles, gremios laborales, los familiares de las víctimas de la Cantuta, el bloque de mujeres, entre otros, anunciaron su decisión de dar un voto crítico a PPK. Además, la organización hace un llamado al candidato para que pueda asumir las propuestas que exigen en una plataforma de siete puntos de cara al país.Entre los siete puntos, la Coordinadora Keiko No Va propone el respeto por la democracia y la institucionalidad democrática, las reparaciones y justicia a los afectados por la violencia política, el respeto a los derechos humanos, los derechos laborales y el trabajo digno, la libertad de expresión, el respeto a las comunidades indígenas y el medio ambiente, así como políticas públicas sobre seguridad ciudadana con un enfoque preventivo.Jorge Rodríguez, dirigente de Keiko No Va, indicó sobre los siete puntos que “estas son las propuestas mínimas que necesita el país, por lo que la Coordinadora Keiko No Va exige y expresa su voto crítico por PPK” y “porque no queremos ser un país como México, no queremos llegar al extremo donde el narcotráfico tenga un poder importante, con corrupción generalizada e inseguridad ciudadana y muerte”.Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, afirmó que “hay suficiente información periodística independiente sobre la penetración del narcotráfico en la política”; además expresó que “frente a un posible gobierno del fujimorismo este controlaría todos los poderes del Estado y la penetración del narcotráfico llegaría a todos los niveles”.
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18/05/2016 09:55:14
La Coordinadora Keiko No Va, que convocó la gran movilización nacional e internacional del 5 de abril durante la primera vuelta, y que ahora convoca para el 31 de mayo de la segunda vuelta una movilización similar, ha decidido en su asamblea del 11 de mayo no solo llamar a no votar por Keiko Fujimori o por el voto nulo/viciado, sino a votar críticamente por PPK. La Coordinadora Keiko No Va continúa haciendo el llamado a luchar contra el retorno al poder del fujimorismo. En una nota de prensa difundida, la organización afirmó que "un gobierno liderado por Keiko Fujimori sería garantizar un retorno a las barbaries cometidas contra los derechos humanos y sociales, así como contra las libertades, en los 90. Este retroceso está garantizado con la lideresa del fujimorismo, Keiko Fujimori; quien ahora se apoya en la minería informal que atenta contra la vida; en un 24x24 que acentúa la inseguridad ciudadana en la calles; en los sindicatos mafiosos y extorsionadores; en el conservadurismo religioso extremo, que niega derechos a la comunidad LGTBIQ+ y también atenta contra la dignidad de las mujeres violentadas por violación sexual".La Coordinadora Keiko No Va anunció que en esta segunda vuelta ha decidido optar por un "voto crítico" en apoyo al candidato Pedro Pablo Kuczynski. La organización señala que la apuesta por un eventual gobierno de Kuczynski es considerada  "como la opción que podría plantear una condición mínima para la convivencia pacífica (...) a través de mecanismos democráticos". No obstante, la Coordinadora Keiko No Va considera que "esta es una propuesta neoliberal que se inscribe en el marco de la democracia representativa".Finalmente, la organización exige que el candidato se comprometa con las demandas nacionales presentadas en la "Agenda de Cara al País".Foto: Coordinadora Keiko No Va
Coordinadora Keiko No Va
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13/05/2016 20:50:14
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) publicó un pronunciamiento donde advierte que nuevo Código Penal trasgrede los diversos tratados de derechos humanos donde el  Estado peruano es parte. En el pronunciamiento, la CNDDHH expresa su preocupación por el tratamiento de la población LGTBI, los pueblos indígenas, la mujer y la protesta social en la norma. La CNDDHH señala que el nuevo Código Penal “sigue considerando a la explotación sexual de menores de edad como “prostitución forzada” (como es el caso de los artículos 313° y 314°). De igual manera, llama poderosamente la atención el aumento de penas hacia las mujeres en los  casos de aborto o la creación de nuevos tipos penales como el de “lesiones imprudentes al  concebido”, que podrían obstaculizar la atención médica a mujeres gestantes que, por su estado de salud, se encuentren en riesgo. Preocupa también la omisión de toda referencia a la orientación sexual y la identidad de género, pese a que en nuestro país miles de peruanas y peruanos sufren grave discriminación y violencia por estos motivos”. Las observaciones al nuevo Código Penal se hicieron llegar al Parlamento a través de una carta dirigida a Luis Iberico, presidente de Congreso de la República.Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la CNDDHH afirmó que “es importante y necesario que en la reforma del Código Penal existan mecanismos de consulta con la ciudadanía y la sociedad civil organizada a fin de garantizar, en particular, la protección de los derechos de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad”. Foto: El Comercio
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12/05/2016 14:13:43
A 28 años de la horrenda masacre ocurrida en el distrito de Cayara, provincia de Victor Fajardo, Ayacucho, se realizará la conmemoración de sus mártires con vigilia y marcha desde Huamanga. Las autoridades y el pueblo de Cayara conmemoran esta semana con diversos actos el 28 aniversario de una de los más crueles momentos de la historia peruana, que les tocó vivir, entre el 14 y 20 de mayo de 1988, cuando 37 pobladores, entre jóvenes y adultos, hombres y mujeres de su comunidad fueron asesinados por miembros del ejército peruano. La política antisubversiva inhumana y las orientaciones segregacionistas y racistas de los altos mandos de las fuerzas armadas destruyeron casi por completo el pueblo de Cayara de la provincia de Víctor Fajardo, a menos de 100 kilómetros al sur de la ciudad de Ayacucho.“Ingresaron al pueblo asesinando a más de 25 personas y consecutivamente a más comuneros inocentes” refiere el alcalde de Cayara David Ccayo Ipurre, nieto de una de las víctimas, recordando que ese hecho significó también la destrucción “del desarrollo y el sueño de todo un pueblo y toda una generación, que hasta la actualidad no ha podido superar esta tragedia, ya que aún se observan los rezagos de la violencia vivida en nuestra población”.Los actos conmemorativos de la masacre de Cayara, se iniciaron día de hoy con una conferencia en el Congreso de la República, en la que estuvieron presentes la Congresista María Soledad Pérez Tello, el alcalde de Cayara David Ccayo, la Congresista electa por Ayacucho Tania Pariona, familiares de las víctimas, los residentes Cayarinos en Lima y Callao, así como personalidades de Ayacucho, defensores de los Derechos humanos y público en general. El público fue halagado con un conjunto de música de Cayara y una joven cantante de Putis.El día viernes 13 de mayo de 2016, continuarán los actos, en homenaje a las víctimas, en la ciudad de Ayacucho, con un una Conferencia de Prensa en el local de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, detenidos y desaparecidos del Perú, ANFASEP, en el Jirón Cusco 328, en la ciudad de Ayacucho a las 9 de la mañana, y con una vigilia por las víctimas de Cayara, en la Plaza de Armas de esa ciudad, a partir de las 6 de la tarde.El día central, el día sábado 14 de mayo, declarado “Día de la Memoria”, se desarrollará una Gran Marcha hacia Cayara, desde la ciudad de Ayacucho, donde la concentración se llevará a cabo en el grifo Chacchi, a partir de las 4 de la mañana. A eso de las 7 de la mañana la marcha habrá llegado al Sitio de la Memoria “Kuyasqanchikuna Yuyanapaq”, en el paraje Qachuaypampa donde ocurrió la tragedia.Los familiares de las víctimas junto con los invitados de Lima y Ayacucho asistirán a una solemne misa en la iglesia de Cayara, luego del desayuno participarán en el Acto Central que tendrá su momento culminante en la colocación de la Primera Piedra para el Lugar de la Memoria en Cayara. Luego se izará la bandera, se recordará a las víctimas con un minuto de silencio y el presidente de la Comunidad dará la bienvenida a todos los visitantes. El retorno a la ciudad de Ayacucho está previsto para las 3 de la tarde, luego de diversos momentos de discursos, actividades culturales y un almuerzo de agasajo.Foto: Aprodeh
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Política y Derechos Humanos
11/05/2016 15:31:06
La Universidad Jaime Bausate y Meza develó un busto en honor a la periodista Melissa Alfaro, ex alumna de la escuela de periodismo. Melissa Alfaro trabajaba como jefa de informaciones en el semanario “Cambio”, cuando abrió un sobre-bomba dirigido al director del medio, Carlos Arroyo Reyes. Era el 10 de octubre de 1991. El 15 de octubre de 2009, la Fiscalía de Derechos Humanos dispuso formalizar denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori, el exasesor Vladimiro Montesinos, Julio Rolando Salazar Monroe y Pedro Edilberto Villanueva Valdivia, como autores mediatos; y contra Penas Sandoval, como autor directo de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud –homicidio calificado.Por el día Internacional de la Libertad de Prensa, la Universidad Jaime Bausate y Meza develó un busto en honor a la periodista, realizado por la artista Eval Ausejo. En la ceremonia estuvieron presentes Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro, y el Rector de la Universidad, Doctor Roberto Mejía Alarcón.La madre de Melissa agradeció a la casa de estudios y señaló que considera el busto como una reparación simbólica. Por otro lado, Mejía Alarcón dijo que la periodista había dado su vida porque quería una mejor patria para todos, porque estaba en busca de la verdad; además, el rector expresó que ese fue un golpe directo a la libertad de información, que las nuevas generaciones deben de contar con voces que hagan crítica: “brindar información que permita al ciudadano formar un juicio propio de lo que sucede en el país” y que “hay que romper con el silencio, sobre todo con el autopuesto”.Cabe a resaltar que en el día Internacional de la Libertad de Prensa a parte de hacerle honor a Melissa Alfaro, también se dio sentencia al periodista Rafo León por su artículo de opinión sobre la ex  directora del diario El Comercio, Martha Meier Miró Quesada.Foto: CNDDHH
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
09/05/2016 10:59:16
En conferencia de prensa, representantes de la Coordinadora Keiko No Va anunciaron la fecha de la segunda marcha contra Keiko Fujimori y plantearon propuestas sobre problemáticas que debería trabajar el próximo gobierno. A la conferencia de prensa asistieron familiares de los casos Barrios Altos, Estudiantes Desaparecidos del Callao y Cantuta. Jorge Rodríguez, miembro de la Coordinadora Keiko No Va, anunció que la segunda marcha nacional contra la candidatura de Keiko Fujimori se realizará el 31 de mayo y la concentración será en la Plaza San Martín. Además, el activista también presentó la “Agenda de Cara al País”, un documento elaborado por las organizaciones que integran la Coordinadora Keiko No Va. El documento contiene 7 puntos que proponen defender la independencia de los poderes de Estado, justicia, respeto a los derechos humanos, la no criminalización de la protesta, entre otros.  Rodríguez invitó al candidato Pedro Pablo Kuczynski a recoger las demandas planteadas en la agenda."Para nosotros, los familiares de las víctimas de la dictadura, resulta indigno saber que la hija de Alberto Fujimori pueda ser presidenta del país. No solo nos llena de vergüenza sino también nos preocupa que como peruanos hayamos olvidado lo que significó la dictadura de Fujimori no solo la muerte y desaparición de nuestros familiares, sino por los años de impunidad y las 2 leyes de amnistía que se dieron en el año 1995 para garantizar el olvido y la impunidad para los asesinos del Grupo Colina", dijo Gisela Ortiz, familiar del caso Cantuta. Además, Ortiz enfatizó que "si bien es cierto que Keiko Fujimori no es Alberto Fujimori, es su hija, pero ella fue la primera dama y parte de un gobierno de dictadura. (...) Los familiares de las víctimas no pondremos en peligro los pocos logros que tenemos en los casos de violaciones de derechos humanos y por eso le decimos al fujimorismo nunca más".Por otro lado, Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, criticó que Keiko Fujimori no haya condenado explícitamente el autogolpe del 5 de abril; asimismo, advirtió que “estamos ante un inminente peligro” debido a la concentración de poder que obtendría Keiko Fujimori ya que su partido ocupará 73 de los 129 escaños del Congreso. “Tenemos el deber ético de impedirlo”, expresó Bracamonte. Foto: CNDDHH
Lucero Zúñiga Montaño
Política y Derechos Humanos
26/04/2016 15:36:53
Según la encuesta de IPSOS del 7 de abril, Keiko Fujimori descendió 3 puntos entre el 3 y 7 de abril. Cabe recordar que el 5 de abril se realizaron multitudinarias marchas contra la candidatura de Keiko Fujimori en diferentes ciudades dentro y fuera del Perú. José Chlimper, candidato a la primera vicepresidencia por el partido Fuerza Popular, afirmó que las protestas en contra de Keiko Fujimori la beneficiaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. No obstante, de según la encuesta de IPSOS del 7 de abril, la candidata Keiko Fujimori perdió 3 puntos entre el 3 y 7 de abril lo cual evidencia el efecto de las marchas realizadas dentro y fuera del país.En marzo, la Coordinadora Keiko No Va convocó en Lima a la "Gran Marcha Nacional: Keiko No Va" para el día 5 de abril, fecha en que se cumplieron 24 años del autogolpe de Alberto Fujimori, donde se estima que asistieron cerca de 100 mil personas. Sin embargo, muchas personas más expresaron su rechazo a Keiko Fujimori el mismo día ya que se realizaron movilizaciones en al menos 28 ciudades del Perú y varias ciudades en 6 países.Los resultados del simulacro confidencial de intención de voto realizado por IPSOS el 9 de abril, señalan los siguientes resultados: al 1 de abril, Keiko Fujimori tenía 40.8%, el 6 de abril (un día despúes de las movilizaciones) contaba con 37.7%, y el 9 de abril (un día antes de las elecciones) cayó a 35.8%. Por otro lado, la encuesta de GFK del 3 de abril reveló que Alan García, con 76% de rechazo, y Keiko Fujimori, con 45%, seguían siendo los candidatos con mayor antivoto.Al parecer, las movilizaciones pacíficas se hicieron sentir en el descenso en la intensión de voto hacia Keiko Fujimori así como en el crecimiento del antivoto a la representante del fujimorismo. Foto: Captura de pantalla / Simulacro confidencial IPSOS
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
13/04/2016 16:56:17
Las organizaciones que convocan mañana, 5 de abril, a la "Gran Marcha Nacional: Keiko No Va" confirmaron que el punto de encuentro y término de la movilización se realizará en la Plaza San Martín. Pese a que la Municipalidad de Lima rechazó el pedido de la Plaza San Martín para realizar la actividad de cierre de la movilización contra Keiko Fujimori, las organizaciones confirmaron, en conferencia de prensa, que la Plaza San Martín será el punto de inicio y final de esta marcha. No obstante, Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), expresó que el alcalde de Lima muestra su posición política al "negar el uso de la Plaza San Martín para unos y cederla a otros".Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas del Caso Cantuta, dijo no creer en el compromiso firmado por Keiko Fujimori al señalar que tiene un "doble discurso" por comprometerse a reparar a las mujeres esterilizadas forzozamente cuando la candidata afirmó que se trata de "mujeres mito". En la misma línea, Sandra De La Cruz, representante del colectivo Somos 2074 y más, señaló que el compromiso de Fujimori llega "bastante tarde" y recordó que los congresistas fujimoristas "no han hecho nada" por reparar a esas mujeres.En la conferencia de prensa también se hicieron presentes los periodistas Claudia Cisneros y Gustavo Gorriti quienes manifestaron su respaldo a la movilización contra Fujimori. El destacado periodista aseguró que esta movilización es un acto en defensa de la democracia."Estamos aquí para defender la dignidad y la justicia y por eso vamos a estar mañana en las calles" señaló el secretario ejecutivo de la CNDDHH, quien también informó que contarán con el resguardo de 2500 efectivos policiales. Finalmente, Bracamonte señaló que "tanto los policías como los organizadores de la movilización están comprometidos en garantizar el carácter pacífico y no violento" de la marcha del 5 de abril.Foto: Renzo Salazar / Perú 21
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Política y Derechos Humanos
04/04/2016 14:18:42
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) envió una solicitud dirigida al alcalde de Lima, Luis Castañeda, donde pedía autorización municipal para realizar el "Festival Cultural por la Democracia" en la Plaza San Martín el 2 de abril pero la Municipalidad negó el pedido. La carta enviada el 2 de marzo por Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, especificó que el evento cultural se realizaría en el marco de las elecciones presidenciales y congresales del 10 de abril. Posteriormente, la CNDDHH solicitó el cambio de fecha del evento para el 5 de abril como parte de las actividades de la "Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia".La respuesta de la Municipalidad de Lima, firmada por Edgar Santa Cruz Arana, Gerente del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, llegó el 28 de marzo donde indica que "no es viable lo solicitado" según los lineamientos de la Ordenanza de Administración del Centro Histórico de Lima.Por otro lado, la Municipalidad argumenta que, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, "priman, la seguridad y el interés general como condiciones para el mantenimiento del bien común". La carta de respuesta del municipio finaliza destacando que "las necesidades de la población afectada y damnificada prevalecen sobre los intereses particulares o partidarias y orientan el empleo selectivo de los medios disponibles".Sin embargo, en una publicación del 31 de marzo, la Jefa Nacional de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), Liz Alata Ramos, informó que se darán garantías de orden público a 6 agrupaciones políticas que realizarán sus mítines de cierre de campaña. Entre los mítines que Alata indicó se encuentran 2 que se realizarán en la Plaza San Martín. El partido Peruanos por el Kambio, de Pedro Pablo Kuczynski, realizará su mitin el 6 de abril y Alianza para el Progreso, de César Acuña, lo hará al siguiente día."Resulta incoherente que la Municipalidad de Lima nos impida el uso de la Plaza San Martín cuando al día siguiente de nuestro evento se realizará el mitin de cierre de campaña de PPK en el mismo lugar", expresó el Secretario Ejecutivo de la CNDDHH.En respuesta, esta mañana la CNDDHH presentó una demanda constitucional de hábeas corpus conexo por la afectación a los derechos de reunión (artículo 2.12 de la Constitución), libertad  ambulatoria (artículo 2.24 literal f) y participación política (artículos 2.17 y 31), con la que se espera que se deje sin efecto la resolución de la Municipalidad y que el juez ordene otorgar el permiso para la realización del festival como cierre de la "Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia".La movilización, programada este 5 de abril a las 5pm desde la Plaza San Martín, es una iniciativa de diversos colectivos juveniles y de derechos humanos, y tendrá versiones en otras ciudades dentro y fuera del Perú.Foto: Renzo Salazar / Perú 21
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01/04/2016 10:49:07
El Núcleo Cajamarca - Arte y Cultura por los DD.HH, Cajamarca contra el TPP, Jóvenes con Dignidad, sindicatos, entre otras organizaciones sociales, se sumaron a las protestas contra la candidatura de Keiko Fujimori y convocaron a una movilización para este 5 de abril que partirá desde la Plazuela Bolognesi. "Para nosotros, "Fujimori significa un peligro para la democracia (...) ya lo fue en su momento con la disolución del Congreso", expresó Nilda Rojas, representante del bloque de organizaciones contra la candidatura de Keiko Fujimori. Las organizaciones cajamarquinas también convocaron a una movilización contra la candidata del partido Fuerza Popular para el próximo martes 5 de abril, a 24 años del autogolpe de Alberto Fujimori.Para César Chilón, representante del Núcleo Cajamarca - Arte y Cultura por los DD.HH, Keiko Fujimori tendría que ser excluída de la contienda electoral ya existen "evidencias contundentes de que el fujimorismo infringió la ley electoral vigente al entregar dádivas a cambio de votos".El fujimorismo "significa dictadura, significa corrupción, significa persecusión política a líderes trabajadores y a líderes estudiantiles que luego fueron desaparecidos. (...) Keiko [Fujimori] representa la continuidad del fujimorismo (...) por eso estamos marchando para hacer memoria para que la población pueda elegir estando más informada", expresó la representante de las organizaciones cajamarquinas. Más información sobre la movilización en Cajamarca aquí: http://bit.ly/1WY6oUtFoto: Henry Becerra
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Política y Derechos Humanos
31/03/2016 09:55:58
Representantes de la provincia de Cotabambas, región Apurímac, se retiraron de la mesa de diálogo sobre el proyecto minero Las Bambas y denuncian "incumplimiento sistemático de acuerdos" por parte del Gobierno central y la empresa minera MMG. En el pronunciamiento del 29 de marzo, los representantes de la provincia de Cotabambas anunciaron su retiro de la mesa de diálogo debido a la falta de presencia los ministros de Estado y la constante postergación de la fecha de reunión con ellos.El periódico regional La Plaza reportó que un grupo de pobladores de Cotabambas se hizo presente en la sede de la Defensoría del Pueblo donde manifestaron dar inicio a una huelga de hambre indefinida. Los representantes de Cotabambas responsabilizan directamente al Gobierno central y a la empresa minera "de las consecuencias que pudieran ocurrir en adelante" debido a la falta de celeridad en la mesa de diálogo.A continuación reproducimos el pronunciamiento de los representantes de Contabambas: COTABAMBAS NACION YANAWARA Y KUTAQPAMPASPRONUNCIAMIENTOLas organizaciones sociales de base, frentes de defensa, federaciones campesinas, comunidades campesinas, autoridades y comité de lucha de la provincia de Cotabambas, frente al incumplimiento sistemático de acuerdos por el Gobierno central y la empresa minera MMG las bambas, manifestamos a la opinión pública nacional e internacional el RETIRO de la mesa de diálogo de los representantes de la Provincia de Cotabambas por las siguientes consideraciones:PRIMERO: En setiembre de 2015 se realizó una protesta social a consecuencia de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la empresa minera las bambas, que se realizó a espaldas de las autoridades y la población.SEGUNDO: El Gobierno ofreció instalar una mesa de diálogo el 16 de noviembre de 2015, para atender las demandas de la población; sin embargo los ministros de Estado nunca llegaron y reprogramaron la reunión para el 21 de enero de 2016, a la cual tampoco llegaron.TERCERO: A insistencia de la provincia de Cotabambas, el 29 de febrero de 2016 se instala la mesa de diálogo, donde los representantes del Gobierno, MMG y la población suscribieron un acta de y cronograma de desarrollo para tratar los cuatro ejes temáticos de trabajo (Medio Ambiente y MEIA, Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social y Empresarial y Comunicados del Área de influencia). También se acordó modificar la resolución ministerial para la instalación de la mesa de diálogo de carácter provincial.CUARTO: El 21 y 22 de marzo de 2016 se debió dar inicio al diálogo en la ciudad de Tambobamba; los dirigentes y autoridades, ese mismo día, fueron sorprendidos, porque el Gobierno suspendió la reunión una vez más.QUINTO: Frente a ello, la provincia de Cotabambas acuerda acatar un paro de 48 horas, el que se cumplió los días 24 y 25 de marzo. Además se envió una carta a la PCM solicitando la presencia de un ministro titular como mínimo, para el 29 de marzo de 2016.Como era de esperarse, el Gobierno central no envió a ningún ministro de Estado, solo se hicieron presentes funcionarios y representantes de los diferentes ministerios, que no tienen capacidad resolutiva sobre los problemas pendientes generados por el gobierno y la empresa minera MMG las bambas.Ante las constantes injusticias, maltrato y la falta de respeto al pueblo Cotabambino los representantes legítimos de la provincia nos hemos visto obligados a retirarnos de la mesa de diálogo, ya que el Gobierno central no tiene voluntad política ni voluntad de diálogo, esta actitud intransigente nos obliga a asumir una medida de fuerza indefinida. Responsabilizamos al Gobierno central y MMG las bambas, de las consecuencias que pudieran ocurrir en adelante.Cotabambas, 29 de marzo de 2016QUE VIVA EL PARO INDEFINIDOQUE VIVA LA PROVINCIA DE COTABAMBASUNIDOS POR LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Foto: Periódico La Plaza
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30/03/2016 10:10:20
El pasado miércoles 23 de marzo, el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos Arequipa (CEPRODEH), miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, inauguró la "Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional". El evento se realizó en el “Auditorio Gustavo Paredes” del Colegio de Abogados de Arequipa. La "Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional", activa desde el 23 de marzo, nace del trabajo que CEPRODEH realiza desde hace más quince años en la promoción, educación y difusión de los derechos humanos en región Arequipa y que se logró extender en el sur del Perú.La Escuela será dirigida por José Ramos Flores, como director, y Rodrigo Mauricio Pérez Villanueva, como director adjunto. La Escuela contará con cátedra permanente y tendrá encuentros constantes para a dar a conocer sobre el legado de Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.Para mayor información comunicarse con CEPRODEH: Teléfono: 054-337400 / Celular: 959944429 / Correo: ceprodeh@hotmail.com Foto: CEPRODEH
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28/03/2016 13:30:00
El día de ayer, 21 de marzo, vencieron los 6 meses que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le dio a Petroperú para remediar la zona afectada por el derrame de 2,500 barriles de petróleo en la comunidad indígena de Cuninico, Loreto, ocurrido en junio de 2014.El día viernes 18 de marzo, una delegación compuesta por representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Vicariato de Iquitos, Instituto de Defensa Legal (IDL), y Fórum Solidaridad Perú fueron hasta la Quebrada de Cuninico acompañados por Galo Vásquez, Apu de la Comunidad de Cuninico, encontraron restos de aceite en el agua.  En las fotografías tomadas por la delegación se observa que todavía sigue la contaminación  a pesar que ha transcurrido 1 año y 9 meses del derrame.Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la CNDDHH, señaló que la delegación consultó con el médico ambientalista Fernando Osores Plenge y este manifestó que para garantizar la remediación es necesario realizar estudios de suelos, sedimentos, agua y peces para asegurar el restablecimiento del equilibrio biológico en la zona. Además, el especialista resaltó que los estudios deben ser hechos por "entes técnicamente capaces, acreditados e independientes"Luego de la visita a la zona de derrame de petróleo,  la delegación de organizaciones de derechos humanos recomienda:Proveer de agua potable y de forma sostenida a la población.Garantizar el suministro de alimentos respetando la costumbres.Realizar un estudio tóxico epidemiológico para establecer una línea situacional de la población afectada.Ana María Vidal y Juan Carlos Ruiz, responsable del Área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional del IDL, recordaron que si no se cumplen con las medidas correctivas, estas se pueden convertir en medidas sancionadoras según lo establecido por la OEFA. Foto: Ana María Vidal
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Política y Derechos Humanos
22/03/2016 15:00:10
Las organizaciones que conforman la Coordinadora Keiko No Va, las mismas que convocaron a las movilizaciones pacíficas del 11 y 15 de marzo en rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori, anunciaron una gran movilización nacional para el próximo 5 de abril en una conferencia de prensa realizada en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).  El Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, Jorge Bracamonte, indicó que el espacio está conformado por el movimiento de derechos humanos, los colectivos de familiares víctimas de la violencia política y la dictadura, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), los estudiantes universitarios, los colectivos de mujeres y juveniles, así como las plataformas de redes sociales como No A Keiko, entre otras organizaciones más. Francisco Soberón afirmó que "el movimiento de derechos humanos estará participando en todas las marchas de forma pacífica" y también aseveró que "se respetará al candidato que gane". La CNDDHH publicó un pronunciamiento donde pide a las autoridades que se garantice "un proceso electoral transparente".La activista de la campaña Somos 2974, Sandra De La Cruz, indicó que las esterilizaciones forzadas realizadas durante la dictadura de Alberto Fujimori han quedado en la impunidad. Además, señaló que miembros del fujimorismo están directamente implicados en ello, como el congresista Alejandro Aguinaga, y siguen impidiendo que se llegue a la justicia.  “Esta injusticia es un atentado contra todas las mujeres del Perú”, afirmó De La Cruz.Catherine Eyzaguirre, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, indicó que la movilización convocada para el próximo 5 de abril será nacional ya que se están coordinando con otras organizaciones en distintas partes del país.  A su turno, el estudiante de San Marcos, Miguel Burgos, indicó que “en el tiempo de la dictadura las universidades públicas fueron intervenidas instalándose la mafia, el autoritarismo y desplazándose a la vida académica”.La representante de los familiares víctimas de la dictadura fujimorista, Norma Méndez, declaró sentirse indignada ante las acusaciones de terroristas pues “son totalmente falsas”. Méndez, madre de Melisa Alfaro, estudiante de periodismo asesinada, indicó que es el fujimorismo que está actuando con violencia frente a las protestas pacíficas.Por otro lado, Juan José Gorriti, miembro de la Confederación General de Trabajadores del Perú, indicó  que “apenas comenzó el gobierno de bien Alberto se asesinaron a dirigentes sindicales, entre ellos a Pedro Huilca, Secretario General de la CGTP, quien fue asesinado por el Grupo Colina que estuvo comandado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos”. En esa misma línea Ronald Gamarra, ex produrador anticorrupción, afirmó que “el fujimorismo tiene una estela de muertes” y que “para encontrar a los fujimoristas hay que ir a los penales del Perú”. Gamarra manifestó que esta marcha convocada el 5 de abril es precisamente “para oponerse a todo esto que significó el autogolpe que realizó Alberto Fujimori”.
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17/03/2016 15:26:00
Las organizaciones que conforman la Coordinadora Keiko No Va, las mismas que convocaron a las movilizaciones pacíficas del 11 y 15 de marzo en rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori, anunciarán una movilización el próximo 5 de abril. Las organizaciones darán más detalles y razones sobre la "Gran Marcha Nacional Contra la Corrupción, la Impunidad y la Dictadura Fujimorista" este jueves 17 de marzo, en conferencia de prensa, en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.Reproducimos la nota de prensa de Keiko No Va: CONFERENCIA DE PRENSA – HOY JUEVES 17CAMPAÑA KEIKO NO VA CONVOCA A GRAN MARCHA NACIONAL ESTE 5 DE ABRIL Las organizaciones que conforman la Coordinadora Keiko No Va, las mismas que hemos convocado a las movilizaciones pacíficas del 11 y 15 de marzo para expresar el rechazo ciudadano a la candidatura de Keiko Fujimori, vamos a convocar a la Gran Marcha Nacional Contra la Corrupción, la Impunidad y la Dictadura Fujimorista este 5 de Abril. Los detalles y razones de esta Gran Marcha Nacional las daremos este jueves 17 de marzo, en Conferencia de Prensa, en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La campaña Keiko No Va tiene como objetivo defender el estado de derecho y la institucionalidad democrática en el Perú, razón por la que advertimos de los peligros que representa el retorno del fujimorismo. Sostenemos que el actual fujimorismo es el mismo del pasado y se confirma en las últimas declaraciones y acciones de Keiko Fujimori, Héctor Becerril, Kenji Fujimori y José Chlimper. Es la misma familia, las mismas estrategias y los mismos operadores políticos.Del mismo modo denunciamos el favoritismo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hacia la candidatura de Keiko Fujimori, se ha visto ampliamente en los medios de comunicación la entrega de regalos y dinero. También denunciamos la campaña del fujimorismo hacia nuestros colectivos para estigmatizarnos como terroristas o elementos pagados por el gobierno, la misma que rechazamos en forma contundente.  Fecha: Jueves 17 marzoHora: 11:45 a.m.Lugar: calle Pezet y Monel 2467 – CNDDHH – Altura Parque Castilla, Lince.Facebook: https://www.facebook.com/KEIKONOVA1/?ref=aymt_homepage_panelTwitter: @keikonova2016Contacto para prensa: Gabriel Salazar (993 658 032) La Coordinadora Keiko No Va está compuesta por organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura fujimorista, los colectivos de mujeres, juveniles y culturales, las organizaciones universitarias, la organizaciones territoriales y políticas, las instituciones de la sociedad civil como la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Confederación Nacional Agraria, o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre otras organizaciones. Foto: Fotógrafos Perú.21 / Renzo Salazar
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16/03/2016 16:39:46
Este jueves 17 de marzo a las 6:30 P.M., en el  Lugar de la Memoria,  se llevará a cabo el acto de colocación de la placa para preservar la memoria de Kenneth Ney Anzualdo Castro. Keneth Anzualdo Castro, joven estudiante de Economía en la Universidad del Callao, fue secuestrado un 16 de diciembre de 1993 por miembros del Servicio de Inteligencia sin que hasta el momento se sepa de su paradero.Keneth Anzualdo debía presentarse a declarar ante las autoridades policiales sobre la desaparición de otro estudiante  y  amigo, Martin Roca Casas;  sin embargo,  días antes el 16 de diciembre de 1993, al salir de la universidad, sus compañeros vieron que tomó el ómnibus 19-B con placa IU3738 el mismo que fue interceptado por un vehículo cuyos ocupantes bajaron a Keneth y se lo llevaron. Nunca más se supo de él. Las investigaciones realizadas con posterioridad dan cuenta que tanto Keneth Anzualdo como Martin Roca fueron ingresados a los sótanos del SIE donde fueron muertos y desaparecidos.La familia  emprendió una  búsqueda,  la misma que hasta hoy no termina, no sólo por justicia y que se sancione a los responsables si no porque aparezca el cuerpo del estudiante.En el año 2009  la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por la desaparición de Kenneth Anzualdo y ordenó la colocación de una placa en el Museo de la Memoria, precisamente para preservar la memoria de Keneth Ney Anzualdo Castro.Vea aquí la ceremonia de disculpas públicas del Estado peruano en 2013:
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16/03/2016 15:43:25
Un grupo de 8 licenciados del Ejército de Ayacucho dieron su testimonio sobre el reclutamiento, formación y secuelas que dejaron sus actividades militares durante el periodo del conflicto armado interno en Perú. En el marco de un *taller de video participativo implementado por organizaciones de derechos humanos, 8 soldados contaron su historia y actuaron escenas de su vida durante la década de los '80 y '90, cuando hicieron su servicio militar obligatorio. Los testimoniantes  también hablaron sobre sus demandas actuales. Servicio militar obligatorioHasta el año 1999, en el Perú, el servicio militar era obligario para los jóvenes entre 18 y 25 años de edad; no obstante, el testimonio de uno de los participantes afirma que muchos "adolescentes entre 14 y 18 años fueron reclutados de forma violenta, sin ningún respeto por sus derechos humanos, sin el conocimiento de sus padres" y recuerda que "algunos fuimos reclutados mientras nos dirigíamos a nuestros centros educativos". Los soldados recordaron que la gran mayoría de los reclutados eran de "familias de muy bajo nivel económico" y "los hijos de familias pudientes, simplemente, 'arreglaban' económicamente su exoneración".Por otro lado, los testimonios dan cuenta de "vejámenes y tortura en nombre de la formación del combatiente" así como abusos hacia los reclutados. La alimentación y la dotación de su uniforme era severamente reducido. En el video se narra que cuando se tenía que alimentar al personal en un patrullaje,  "el oficial no gastaba ni un sol en ello, al contario se pedia apoyo a las comunidades y poblaciones y si no se colaboraba, simplemente se tomaba lo que fuera necesario para la alimentación del personal de tropa". Perdón a la sociedad y atención del EstadoAunque los testimonios cuentan los maltratos y vulneración de sus derechos humanos durante el reclutamiento y formación, en el video los soldados manifiestan estar orgullosos ya que "los licenciados de las Fuerzas Armadas hemos sido parte de la pacificación del país durante las guerras o conflictos armados". "El servicio militar obligatorio, durante la época de violencia socio política, fue de carácter excepcional debido a las condiciones en que las Fuerzas Armadas habían asumido la responsabilidad de la lucha contrasubversiva interna", se escucha en el video testimonial.No obstante, los licenciados del Ejército reconocieron que atentaron contra los derechos humanos y asumen un compromiso de reflexión sobre sus actos para lograr una verdadera reconciliación. "Los soldados del ayer, hoy y siempre de las Fuerzas Armadas pedimos perdón" (...) "El perdón no significa el olvido", afirmaron.Finalmente, los licenciados que dieron su testimonio señalan que necesitan tratamiento de su salud mental porque también son víctimas olvidadas del terrorismo. Ellos demandan que se cumplan los beneficios estipulados en la Ley N° 29248. Entre los beneficios de esta ley está darles prioridad en el acceso a puestos de trabajo, becas para los licenciados que quieran cursar estudios superiores, acceso a una línea especial de crédito para que regresen a la actividad agropecuaria, entre otros.El servicio militar en Perú es voluntario pero existe el polémico mecanismo del sorteo público que designará a más voluntarios en caso de no alcanzar la cifra requerida. *En Noviembre de 2015, un grupo de 8 participantes de diferentes asociaciones locales y de la Federación Regional Ayacuchana de Licenciados del Ejército Peruano participaron en un taller de video participativo. Este taller fue implementado por el proyecto Apoyo para la Paz de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos apoyado por el Servicio Civil para la Paz de la GIZ, Centro Loyola Ayacucho y Paz y Esperanza. Foto: Novia de uno de los licenciados en la grabación del video / Inga SeifertVer video testimonial aquí:  
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10/03/2016 13:33:49
Los colectivos Núcleo Cajamarca y Cajamarca Contra el TTP salieron a las calles para manifestar su preocupación ante los derrames de petróleo en el país, cuya responsabilidad recae en la empresa estatal Petroperú. El pasado 19 de febrero, Radio Marañón reportó el derrame de petróleo en la zona de Pucará, en Jaén, Cajamarca. Pese a la evidencia, el hecho fue negado por Petroperú. Ayer, martes 23 de febrero, el Núcleo Cajamarca y Cajamarca Contra el TTP marcharon alrededor de la Plaza de Armas de Cajamarca y realizaron la acción performativa "No más derrames de petróleo". "Con esto se busca concientizar a la gente para que se entere de lo que está pasando. Cómo están muriendo nuestros ríos, nuestras plantas, nuestros animales y el Estado no está haciendo nada, no se pronuncia", manifestó uno de los organizadores de la marcha. Mediante un pronunciamiento, el Núcleo de Cajamarca expresó su rotundo rechazo frente a "la violación de derechos humanos cometidos a las comunidades indígenas de Suashapea, Pakunt, Chiriaco, Nuevo Progreso, Nazareth y Nuevo Horizonte". Asimismo,  ante los casos de empleo de niños para recoger el petróleo derramado, el colectivo repudió esta práctica y lamentó que la salud  de los menores esté afectada.Por otro lado, el Núcleo Cajamarca resaltó que "no está vinclulado a ningún partido político" y que buscan manifestar su opinión a través de expresiones culturales y artísticas.Se han realizado marchas contra los derrames de petróleo en diferentes regiones de Perú. En Lima se realizará una tercerca marcha.Ver entrevista sobre la manifestación en Cajamarca aquí:Foto: Núcleo CajamarcaVideo: Enlace regional
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24/02/2016 09:14:21
Las organizaciones de víctimas del conflicto armado interno y organizaciones de derechos humanos realizaron el "Foro Electoral 2016: Hacia una agenda por los Derechos Humanos, Justicia y Reconciliación", que contó con la participación de representantes de partidos políticos para dialogar sobre la inclusión de la agenda de derechos humanos y justicia transicional. A la cita en el auditorio del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) acudieron Marisa Glave (Frente Amplio), Lourdes Flores (Alianza Popular), Augusto Rey (Acción Popular), Gino Costa (Peruanos por el Kambio), Rodolfo Pérez (Todos por el Perú) y Eda Aguilar (Alianza para el Progreso). A pesar de haber confirmado su participación, Juan Rengifo, representante de Fuerza Popular, no se presentó y en su lugar envió una carta; este hecho fue considerado un desplante hacia las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. "Lamentamos mucho esta ausencia y por respeto al auditorio no leeremos la carta", señaló Glatzer Tuesta, director del Instituto de Defensa Legal y moderador del encuentro.Los representantes del Frente Amplio, Acción Popular y Alianza Popular coincidieron en priorizar la Ley búsqueda de las personas que fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno. Al respecto, Marisa Glave precisó que el Frente Amplio plantea "un Plan Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, solo la ley no es suficiente". Por otro lado, Lourdes Flores manifestó que Alianza Popular reconocerá la "múltiple afectación de la familia" durante la época de violencia interna pero evitó responder a las preguntas sobre el "Comando Rodrigo Franco", creado durante el primer gobierno de Alan García.Gino Costa coincidió con los demás participantes sobre la importancia del acceso a información clasificada de las fuerzas armadas, muy importante en los procesos judiciales sobre violaciones a los derechos humanos. Sin embargo "nadie está en capacidad de asegurar que las fuerzas armadas entregarán esta información", aseveró.En relación al Plan Integral de Reparaciones (PIR), actualmente bajo la responsabilidad de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), los representantes coincidieron que los avances han sido limitados y debe garantizarse su continuidad y desarrollo. Pero no hubo consenso sobre los aspectos específicos como son la ampliación del Registro Único de Víctimas, entre otros temas sensibles.En opinión de Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, el evento permitió evidenciar "el desarrollo de las propuestas de algunos de los partidos convocados, como ocurrió particularmente con el Frente Amplio, Acción Popular y Peruanos por el Kambio. Lamentablemente no todos los partidos han evidenciado el mismo compromiso y voluntad para tratar estos temas", refirió.El evento fue organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita (MPQNSR), Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Asociación de Familias Desplazadas de Lima (ASFADEL), Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados (ANFADET),  Coordinadora Nacional de Víctimas y Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP), Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción del Perú (CONDECOREP). Y contó con el apoyo del Lugar de la Memoria (LUM) y la Asociación Guarango.Foto: CNDDHH
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23/02/2016 15:30:22
Organizaciones de la sociedad civil convocan a un plantón el próximo martes 16 de febrero frente a las oficinas de la empresa minera Yanacocha, ubicadas en la intersección de las avenidas La Paz y 28 de Julio en Miraflores, desde las 4:30 P.M. Desde el 2012, Máxima Acuña de Chaupe y su familia vienen siendo constantemente hostigados y víctimas de varios intentos de desalojo por parte de la empresa minera Yanacocha ya que afirma que los terrenos de la familia de Máxima les pertenecen. A pesar de que los Chaupe Acuña han demostrado con documentos que el terreno es de su propiedad, Yanacocha, la más grande productora de oro de Sudamérica, envía a sus trabajadores a amedrentarlos y destruir todo lo que contruyen. Recientemente, Daniel Chaupe, hijo de Máxima, denunció que los trabajadores de la minera destruyeron sus sembríos de papa y días antes reportó que su perro había sido acuchillado.Frente a ello, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), realizaron un llamado urgente ante las amenazas e intimidación que Máxima Acuña y su familia han sufrido en los últimos días. El documento insta a solicitar a las autoridades peruanas a "tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Acuña, de su familia, y en general la de todos los defensores de derechos humanos en Perú".Cabe recordar que en mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Máxima Acuña y su familia debido a los ataques de la policía y del personal de seguridad de la empresa minera, la destrucción de partes de su propiedad así como la amenazante vigilancia hacia su predio. En diciembre del mismo año, un tribunal de Cajamarca determinó que la familia Chaupe Acuña no era culpable de ocupación ilegal del terreno que disputa Yanacocha como parte del proyecto minero Conga.Finalmente, Amnistía Internacional (AI) lanzó una "acción urgente" que visibiliza nacional e internacionalmente los casos de hostigamiento e intimidación del que son víctimas Máxima Acuña y su familia. La organización internacional invita a la ciudadanía a ingresar a http://www.nomas.pe/  para firmar una petición que solicita al Estado peruano garantías para que se respeten los derechos de la familia de Máxima.Ver evento aquí: http://on.fb.me/20oKlGR   
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10/02/2016 10:27:11
​La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) alertan de que esta ampliación es “innecesaria y peligrosa” pues podría perpetuar la impunidad que rodea al caso desde hace más de 14 años. La CNDDHH, DEMUS y otras organizaciones sociales rechazaron la ampliación por 150 días para que la fiscal Marcelita Gutiérrez siga investigando el caso de las esterilizaciones forzadas  por cinco meses más pues consideran que existen suficientes indicios para poder formular una denuncia. Frente a ello, las organizaciones impugnarán esta decisión.Durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori se aplicó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar donde, según cifras oficiales, se esterilizaron a 314 305 personas de forma irregular y forzosa. En el 2002 empezó la investigación de los casos de esterilizaciones forzadas y en el 2003 el Estado admitió responsabilidad por la muerte de Mamérita Mestanza.Recientemente, parlamentarios europeos enviaron una carta al presidente Ollanta Humala donde manifestaron su preocupación por la lentitud en la judialización de los casos y manifestaron estar a la espera de más avances antes que finalice su mandato presidencial.  Innecesaria ampliación Jessenia Casani, directora de DEMUS, manifiestó que “la ampliación perpetúa la impunidad en estos casos, pensamos que hay medios probatorios necesarios para que la fiscal se pronuncie y establezca la denuncia penal de estos casos como delitos de lesa humanidad”. Casani añade que la cantidad de días es excesiva para hacer la labor de investigación en las regiones Loreto y Huánuco, pues ese fue el argumento de la fiscal Marcelita Gutiérrez para ampliar la indagación.“Hemos buscado justicia desde que mi hermana murió hace 19 años”, cuenta Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos quien murió a causa de la intervención quirúrgica que la dejó estéril. Y es que a Ramos también le indigna que la fiscal solicite más tiempo de investigación sobre los hechos que cobraron la vida de 18 personas y que se demore en llegar la justicia. “Mi hermana falleció, ya no está y ese es un hecho real”, enfatizó Ramos.“Existen todos los elementos necesarios para poder pasar a la siguiente fase. La fiscal ha tenido un plazo de nueve meses para investigar, lo cual se considera un plazo más que suficiente y prudencial para que puedan tomar una decisión. Hay suficientes indicios para que pueda formular denuncia contra  Alberto Fujimori y sus exministros de salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer”, afirma Milton Campos, abogado de las víctimas. Suficientes medios probatoriosPor otro lado, el abogado afirmó que "existen suficientes medios probatorios" que demuestran responsabilidades en el caso. En el expediente fiscal está acreditada la actuación del Gobierno en los casos de esterilizaciones forzadas debido a las comunicaciones constantes entre el entonces Presidente Fujimori y sus viceministros  para conocer de manera periódica y mediata los avances del programa de Salud Reproductiva y  Planificación Familiar.  “En el expediente también hay notas escritas del puño y letra de Fujimori haciendo observaciones al programa, pidiendo que se incrementaran los pagos al personal médico”, precisó Campos.Otra de las pruebas que refiere el abogado son las declaraciones del personal de salud donde afirman que recibían llamadas telefónicas desde la asesoría del despacho presidencial pidiendo el récord de ligaduras y vasectomías realizadas.  Además, también figuran las comunicaciones de parte del exmandatario al Congreso para que modificara la Ley de Población con el único objeto de conseguir que los métodos quirúrgicos sean considerados métodos de planificación familiar. Finalmente, Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la CNDDHH sostuvo que dicha organización está profundamente preocupada porque “no se avanza nada en materia de justicia” y espera que el tema no se vuelva a utilizar con fines electorales como sucedió en el año 2011. En ese año, Ollanta Humala, entonces candidato a la presidencia del Perú,  usó el caso de las esterilizaciones para atacar a su contrincante Keiko Fujimori; sin embargo, luego de resultar vencedor no se han realizado grandes avances sobre el caso.  Similar opinión tuvo Alfonso Ramos, hermano de una víctima de las esterilizaciones forzadas, quien sostuvo que “se estaría configurando un escenario de protección a determinadas candidaturas, porque en cinco meses ya tenemos elegida a la nueva autoridad nacional”. FOTO: DEMUS
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09/02/2016 14:56:58
Dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad, región Ucayali, quienes lideran las protestas contra los actos de corrupción y retorno a la alcaldía de Loiber Rocha Pinedo, fueron sentenciados. Protesta contra el alcaldeEn 2010, los dirigentes del Frente de Defensa denunciaron que el actual alcalde, Loiber Rocha Pinedo, habría ganado las elecciones municipales con votos golondrinos. Noemí Leiva, representante del Frente de Defensa, afirmó que el JNE realizó una investigación donde encontró inconsistencias en la dirección de 1 100 personas. “Todas las denuncias están dormidas. De 32 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, solo se ha encaminado una denuncia por compra de maquinaria pesada en 2012”, afirmó Leiva.Loiber Rocha, actual alcalde de Curimaná, tiene una investigación por el delito de colusión desleal agravada y lleva 3 periodos consecutivos como alcalde. En marzo de 2015, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó sin efecto su credencial como alcalde, por 6 meses, por “contar con un mandato de detención” a pesar que el Concejo de Curimaná aprobó no suspenderlo.En diciembre de 2015, pobladores representados por el Frente de Defensa se presentaron ante la sede de Contraloría de la República en Ucayali para denunciar que el alcalde realizó frecuentes retiros de dinero del municipio sin tener aprobación de los regidores; asimismo,  denunciaron que el distrito no cuenta con servicios básicos de agua y desagüe. Dirigentes denunciadosEn el 2011, dirigentes y pobladores realizaron un acto de protesta contra el alcalde a quien acusaban de ganar las elecciones municipales con votos golondrinos. Los manifestantes se concentraron en la carretera que da entrada al distrito y el exgobernador denunció a 22 de ellos por obstruir la carretera. El 26 de enero de 2016 se publicó la sentencia del caso donde el fallo indica 4 años de pena suspendida para 17 pobladores y pago de 3 mil soles de reparación civil; mientras que, los 5  restantes han sido declarados como reos ausentes y están con orden de captura.Raúl Lunasco, abogado de los pobladores, resaltó que el proceso penal es cuestionable ya que se realizó en la localidad de Campo Verde, ubicado a 80 kilómetros de Curimaná, y los afectados afirmaron que las notificaciones no les llegaban. Finalmente, Lunasco manifestó que  apelarán el fallo donde adjuntarán el expediente de la investigación del JNE sobre los votos golondrinos.En una carta enviada a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Frente de Defensa denunció que, debido a los antecedentes del reelecto alcalde, iniciaron “una serie de protestas, marchas y encadenamientos en el frontis de la municipalidad”. En la misiva, los dirigentes cuentan que “ante el inminente ingreso del alcalde cesado, nos encadenamos y no (lo) dejamos ingresar al municipio”, y señalan que este acto de protesta fue” criminalizado y judicializado”. Para más información sobre el caso contactarse con:-     Noemí Leiva: 968 879 078 En foto: Noemí Leiva y Elí Santillán, del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Curimaná - La República 
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28/01/2016 14:53:27
La Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú denunció que la empresa Modas Diversas del Perú SAC despidió a 7 trabajadores que informaron sobre su afiliación sindical. El despido se efectuó el pasado martes 26 de enero. En una nota de prensa, la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP) denunció públicamente que la empresa Modas Diversas del Perú SAC (MODIPSA), más conocida por la marca de ropa PIONIER, despidió a 7 trabajadores luego que se informara de la afiliación sindical de 20. La Federación señala que los trabajadores se enfrentaron a una campaña de persuasión para que se desafilien del sindicato donde les ofrecieron  “jugosas liquidaciones”.La nota de prensa señala que "entre los despedidos se encuentran trabajadores estables y también con contratos temporales". La FNTTP manifestó su preocupación ante este hecho ya que temen que "luego de estos despidos, todos los sindicalizados están en peligro inminente de ser echados a la calle, por el sólo hecho de “haberse atrevido” a organizarse para reclamar sus derechos laborales".Los trabajadores afectados, con el respaldo de la FNTTP, convocan a un plantón este jueves 28 de enero a las 5:30 P.M. en protesta de los despidos. La concentración se llevará a cabo en la Cuadra 12 de la Av. Las Lomas y Av. Lurigancho, San Juan de Lurigancho.  
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27/01/2016 10:41:23
El pasado martes 25 de enero se desarrolló la audiencia de Control de Acusación de la denuncia por el asesinato de Pedro Huilca Tecse, exsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) que fue victimado por el Grupo Colina el 18 de diciembre de 1992. Por este crimen han sido acusados Vladimiro Montesinos Torres y exmiembros de este grupo paramilitar.Como se recuerda, la audiencia de Control de Acusación tiene como objetivo verificar que los aspectos formales de la acusación fiscal estén en regla. Sin embargo, los abogados de los acusados Julio Salazar Monroe, entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)– y Juan Rivero Lazo, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), no la realizaron.Por ejemplo, ambos letrados se empeñaron en asegurar que sus patrocinados son inocentes y que no hay elementos para acusarlos como autores mediatos del asesinato de Pedro Huilca Tecse. La defensa de Salazar Monroe aseguró que no se han señalado las normas donde se precisan las funciones del SIN, mientras que la defensa de Rivero Lazo se adelantó en asegurar que su patrocinado no era jefe de la DINTE en la fecha del asesinato de Huilca.Hernán Barrenechea, abogado de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), institución a cargo de la defensa de los familiares de Pedro Huilca, absolvió estos cuestionamientos y aclaró que lo observado por la defensa de los acusados son “temas de fondo” que se irán resolviendo durante el desarrollo del Juicio Oral “con la actuación de los medios de prueba”.Los jueces de la Sala Penal Nacional dejaron al voto estos cuestionamientos de los abogados de los exmiembros del Grupo Colina, por lo que resolverán si estos no tienen ningún sustento y programen el inicio del Juicio Oral, o, caso contrario, soliciten al Ministerio Público que corrija su acusación.Los hechosUna de las últimas apariciones públicas de Pedro Huilca Tecse fue a inicios de diciembre de 1992 en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), donde aprovechó este foro para desaprobar las medidas en materia de derechos de los trabajadores del entonces presidente Alberto Fujimori. Pocos días después, el 18 de diciembre de 1992, fue acribillado frente a la puerta de su casa por miembros del Grupo Colina.El caso, al no alcanzar su esclarecimiento y sanción en la justicia peruana, llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El 3 de marzo de 2005, la Corte de San José reconoció la falta de justicia y el profundo impacto que tuvo el asesinato de Pedro Huilca en el movimiento sindical peruano, por lo que ordenó al Estado peruano investigar estos lamentables sucesos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de esta ejecución extrajudicial. Con información de COMISEDHImagen: COMISEDH
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26/01/2016 09:42:00
Jueces de la Sala Penal Nacional establecieron que el asesinato de una anciana y la desaparición forzada de un menor de edad en Ayacucho en 1984 fue parte de una práctica sistemática del Ejército Peruano; no obstante, absolvieron a los 2 militares procesados por ambos crímenes. El pasado martes 19 de enero de 2016, la Sala Penal Nacional emitió la sentencia del Caso Parccocucho, donde los hechos ocurrieron durante el conflicto armado interno en el distrito y provincia de Vilcashuamán, en Ayacucho. Los hechosSegún la denuncia fiscal, el 4 de febrero de 1984, miembros de la Base Militar de Vilcashuamán ingresaron a la vivienda de Fortunata García, quien entonces tenía 80 años de edad, y la desnudaron, torturaron, violaron sexualmente con una vara caliente y quemaron viva. Los implicados trasladaron el cuerpo de Fortunata a orillas del Río Pampas donde posteriormente fue dinamitado.El 22 de julio del mismo año, efectivos de la Base Militar de Sachabamba intervinieron un camión en la ruta Sachabamba-Huamanga donde detuvieron a Aquilino Bautista, quien tenía 14 años de edad, y lo llevaron al Colegio Agropecuario Ricardo Bautista Rivero, lugar donde se ubicaba la base militar. Días más tarde, los efectivos confirmaron a la madre y a la hermana de Aquilino, quien fue testigo de la detención, que el menor sería liberado. Luego de 30 años de ocurridos los hechos, la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional denunció a Adrián Román Fernández y a César Espejo López como autores mediatos por homicidio calificado y desaparición forzada. Se solicitó 25 años de prisión y el pago de una reparación civil de 80 mil soles. Ambos acusados laboraron en el Batallón de Infantería Motorizado (BIM) 34 de Cangallo, fortín militar del que dependían las bases de Vilcashuamán y Sachabamba. Preocupante y contradictoria sentenciaEn el fallo de la Sala Penal Nacional, los jueces decidieron absolver a los acusados sustentando que ambos laboraban en el BIM de Cangallo mientras que los autores de los crímenes se desempeñaban en las bases de Vilcashuamán y Sachabamba. Sin embargo, los jueces determinaron que los hechos fueron de autoría de los agentes del Estado de dichas bases y ordenó a la Fiscalía hallar a los verdaderos responsables del asesinato de Fortunata García y de la desaparición de Aquilino Bautista para realizar una nueva investigación penal.Para Hernán Barrenechea, abogado de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEH), institución a cargo de la defensa de la familia de Fortunata García, la sentencia es "contradictoria". Barrenechea observa que, si bien los jueces determinaron que se trataban de "prácticas sistemáticas" cometidas por agentes del Estado, absolvieron a los procesados sustentando que nunca hubo una orden desde Cangallo a las otras bases para cometer ambos crímenes.El abogado de COMISEDH advirtió que es "preocupante" que los jueces exijan la existencia de una orden expresa de altos mandos del Ejército para cometer una ejecución extrajudicial o desaparición forzada durante el conflicto armado interno. "Va a ser inviable" responsabilizar a los autores de los crímenes si se necesita presentar esas órdenes, señaló Barrenechea, quien también señaló que los jueces están pasando por alto otras pruebas que indican responsabilidad de los efectivos procesados.COMISEDH interpondrá un recurso de nulidad en la sentencia del Caso Parccocucho. Con información de Comisedh.Imagen: COMISEDH
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Política y Derechos Humanos
20/01/2016 10:46:46
Entre las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que estará a cargo de la Defensoría del Pueblo, está realizar visitas inopinadas a establecimientos penitenciarios, dependencias policiales, centros de rehabilitación, entre otros lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad.La ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP) fue publicada el pasado martes 22 de diciembre. La ley ya había sido aprobada por el Congreso en junio y diciembre del 2014 pero el Ejecutivo la observó aduciendo que el presupuesto para que el MNP entre en funcionamiento el 2015 no había sido considerado. La publicación de la norma  se ejecutó gracias a la insistencia del Congreso de la República el pasado 19 de noviembre. Durante la sesión del Pleno, el MNP se aprobó con 78 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.Crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fue un compromiso que el Estado Peruano asumió, hace 9 años, tras ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU en el 2006. Miguel Huerta, director general de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) institución que trabaja el tema de la prevención de la tortura en el país, resaltó que este es un paso importante ya que realiza a pocos días de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se condena al Estado Peruano por la tortura del exsoldado Valdemir Quispialaya. Funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Entre las funciones del MNP están el examinar periódicamente el trato a las personas privadas de libertad para fortalecer su protección en lugares como penales, comisarías, centros de rehabilitación, entre otros. Además, el MNP deberá hacer recomendaciones a las autoridades competentes para mejorar el trato y condiciones de las personas privadas de libertad; comunicar a las autoridades competentes sobre la existencia de delitos o irregularidades que requieran investigación; coordinar con instituciones nacionales e internacionales de naturaleza pública o privada, entre otras funciones.El MNP será independiente de los tres poderes del Estado ya que estará a cargo de la Defensoría del Pueblo y también coordinará sus actividades con organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, los funcionarios públicos estarán obligados a otorgar toda información sobre las personas privadas de libertad para garantizar su protección. Con información de COMISEDHImagen: CNDDHH/COMISEDH 
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
23/12/2015 09:50:59
Los familiares del periodista Hugo Bustíos, quien fue asesinado en una intervención policial en Ayacucho en 1988, manifestaron su indignación ante las declaraciones de Susana Villarán quien afirmó que tiene la convicción de que Daniel Urresti, procesado por el asesinato del periodista, "no es autor del crimen que se le imputa". Susana Villarán, ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es ahora candidata del nacionalismo a la primera vicepresidencia de la República y manifestó su apoyo a Daniel Urresti, general en retiro y candidato a la presidencia del Perú por el Partido Nacionalista, quien enfrenta juicio por la autoría mediata del asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos. Urresti, quien también fue ministro del Interior, fue acusado  por violación y asesinato por una testigo en una audiencia del juicio por el caso Bustíos.Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), con el auspicio de la Congregación de los Sagrados Corazones (La Recoleta) y la Revista Caretas realizaron una muestra fotográfica en conmemoración del 27º aniversario del asesinato de Hugo Bustíos Saavedra. Reproducimos el pronunciamiento completo de la familia Bustíos Patiño. PRONUNCIAMIENTO DE LA FAMILIA BUSTÍOS PATIÑOIndignación, es lo que define el sentir de la familia Bustíos Patiño luego de conocida la noticia de que Daniel Urresti Elera ha sido ratificado como candidato presidencial del Partido Nacionalista Peruano (PNP), y que Susana Villarán de la Puente es primera vicepresidenta en su fórmula electoral.A pesar de que hemos solicitado en reiteradas ocasiones que el general EP (r) Urresti baje al llano y renuncie, no sólo a sus aspiraciones presidenciales, sino también a la protección oficiosa por parte del gobierno de Ollanta Humala, esto no se ha dado, y además el PNP, violando sus propios estatutos, le ha reiterado su apoyo político y lo ha nombrado candidato presidencial.Jamás en la historia de América Latina se había dado el caso de un acusado por crímenes de lesa humanidad asociado políticamente, y de manera pública, con una ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, nunca pensamos que Susana Villarán fuera capaz de una acción tan nefasta. Increíblemente, además de la alianza política, ha exculpado al acusado Urresti del crimen de Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal de “Caretas”.Consideramos que el ejercicio de cualquier cargo público: presidente, ministro, congresista, alcalde… requiere una trayectoria impecable, e incluso estar libre de toda sospecha. Por ello, Susana Villarán, al apoyar al acusado del crimen de Hugo Bustíos, insulta,veja e indigna a los familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, que venimos luchando contra la injusticia, la impunidad y el olvido de los crímenes cometidos por los grupos subversivos y agentes del Estado peruano entre 1980 y 2000, principalmente en el departamento de Ayacucho.La justicia para las violaciones de los Derechos Humanos es aún una deuda pendiente de nuestro país, pues miles de familiares que perdimos a nuestros seres queridos seguimos clamando justicia ante la lapidaria impunidad que actualmente enfrentamos. En consecuencia, la alianzaUrresti-Villarán es una vergüenza para quien pregona defender los derechos, valores y principios democráticos. Si bien se está a la espera de una sentencia que determine su culpabilidad o no, insultar de esa manera la lucha de la familia Bustíos Patiño, que viene batallando legalmente durante 27 años por encontrar plena justicia por Hugo Bustíos Saavedra, es inadmisible. Debemos recordar que el Poder Judicial ya estableció en una sentencia previa que fueron miembros del Ejército peruano quienes acribillarondespiadadamente a Hugo Bustíos,y luego lanzaron un explosivo que voló parte de su cuerpo. Así de cruel, así de vil, fue el asesinato del corresponsal de “Caretas” el 24 de noviembre de 1988.Cuando observamos la foto de la alianza Urresti-Villarán, nos retumban en la cabeza las palabras que pronunciara la ex alcaldesa de Lima, quien en otro tiempo fuera una de las figuras representativas de la izquierda peruana y defensora de los Derechos Humanos: “No cambio de principios, cambio de opinión”. Ahora queda claro en qué consisten sus principios y cambio de opinión. En convertirse en vicepresidenta de la plancha del acusado Urresti y exculparlo públicamente de tan execrable crimen, como si ella estuviera por encima de la justicia y sin tomar en cuenta las contundentes pruebas y testimonios -como el de Isabel Rodríguez Chipana, testigo presencial del crimen- que incriminan a su candidato.Exhortamos a los gremios de periodistas, al movimiento peruano de derechos humanos y a la ciudadanía en general a manifestar su rechazo ante esta situación. Quien pretenda ser el próximo presidente o presidenta del Perú debe saber que los Derechos Humanos son un fundamento esencial de la democracia, y que por lo tanto no son negociables. Cada vez que logramos hacer justicia sobre los crímenes del pasado, nos estamos recuperando a nosotros mismos y estamos reparando a nuestro país.Familia Bustíos PatiñoLima, 21 de diciembre del 2015.Imagen: Comisedh
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
21/12/2015 12:40:17
En audiencia del Caso Bustíos, el conocido analista rechazó la posibilidad de que una emboscada como la que se efectuó para asesinar al periodista Hugo Bustíos pueda haber sido de autoría de Sendero Luminoso. Además, que en el Cuartel de Castropampa sí se efectuaban detenciones y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, reveló que las funciones de Inteligencia y la de Operaciones funcionaban “como un todo”. Próxima sesión se realizará el lunes 21 de diciembre a las 2:30 p.m. El pasado 9 de diciembre, en la Sala Penal Nacional, el conocido analista Carlos Tapia García se presentó a la última audiencia del Caso BustíosTapia, donde el Gral. (r) Daniel Urresti Elera se encuentra como acusado, para dar su informe como experto en la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado interno, con énfasis en la función de Inteligencia.De acuerdo a su experticia y por las características del asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra, Tapia aseguró categóricamente que el PCP – Sendero Luminoso no fue el autor del crimen. “Sí puedo afirmar que no fueron los senderistas [quienes cometieron el crimen contra Bustíos]”, enfatizó después de analizar las diversas modalidades criminales de Sendero Luminoso.Tapia García también explicó que ciertas operaciones, que denominó como “policiales realizadas por militares”, tenían como objetivo identificar y capturar a sospechosos o colaboradores de Sendero Luminoso. Añadió que éstos eran llevados a los cuarteles donde eran interrogados por el S2 –el responsable de Inteligencia– torturados, ejecutados o desaparecidos. “Ha sido una política organizada […] En todas las partes del Perú no existe ninguna base contrasubversiva donde no se haya cumplido lo que estoy diciendo”, sentenció Tapia García.Sobre las Fuerzas del Orden acantonadas en la Provincia de Huanta, Ayacucho, indicó que, primero, se instaló la Infantería de Marina en el Estadio de Huanta y, luego, el Ejército Peruano en la Base Contrasubversiva de Castropampa. Sobre las denuncias contra efectivos de Castropampa, citó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), quien registró los testimonios de familiares de 8 personas que aseguran que éstas fueron torturadas y/o desaparecidas por militares en 1988. Próxima audiencia: lunes 21 de diciembre La siguiente sesión del Juicio Oral del Caso Bustíos se realizará el próximo lunes 21 de diciembre a las 2:30 p.m. en la Sala Penal Nacional. Para esta audiencia está citado el experto Ciro Alegría Varona (hijo del escritor liberteño Ciro Alegría), propuesto por COMISEDH, quien tratará sobre las estructuras y funciones de Inteligencia durante el conflicto armado interno. También están citados Víctor Valdivia Valverde, entonces Jefe de Operaciones de Castropampa en 1988, y la testigo presencial del asesinato de Hugo Bustíos Saavedra, la Sra. Hilda Aguilar Gálvez.Foto: COMISEDH
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Política y Derechos Humanos
14/12/2015 10:19:09
El pasado martes 8 de diciembre, la CNDDHH realizó la XXV Entrega de Premios de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado” que destacó la trayectoria de la jueza Inés Tello y la contribución periodística del portal Ojo Público. Asimismo, la CNDDHH condecoró la lucha de la campesina cajamarquina Máxima Acuña y de las organizaciones de mujeres esterilizadas de Anta, Cusco, y Huancabamba, Piura.  En el marco del Día de los Derechos Humanos, la ceremonia de premiación de la CNDDHH, desarrollada en los ambientes de la Biblioteca Nacional, inició con el homenaje póstumo al periodista y escritor Raúl Wiener. Elsi Bravo, esposa de Wiener, junto a Gabriela y Elisa, sus hijas, subieron al estrado para recibir el presente de la CNDDHH. Por otro lado, el movimiento de derechos humanos otorgó un premio especial a las luchas de Máxima Acuña y a las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas organizadas en la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta - Cusco y la Asociación de Mujeres Esterilizadas de la Provincia de Huancabamba – Piura. Máxima Acuña, quien próximamente recibirá el premio Goldman, señaló que su lucha contra la empresa minera Yanacocha continúa a pesar de ser ardua y haber sufrido numerosos ataques dentro de su propiedad; asimismo, enfatizó que “a pesar de todo lo que estoy pasando, no pierdo la moral”.Por otro lado, las representantes de las asociaciones de mujeres esterilizadas de Cusco y Huancabamba señalaron que no descansarán hasta lograr justicia. “Ya no tenemos vergüenza. Luchamos por los derechos humanos de todas las mujeres del Perú que fueron esterilizadas y de los vactomizados a la fuerza”, manifestó Rute Zúñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta.El equipo periodístico de Ojo Público recibió el Premio Periodismo y Derechos Humanos. Ojo público es un medio digital de periodismo de investigación que ha investigado sobre la minería ilegal, la vulneración de derechos en el servicio de salud privada y verifica minuciosamente qué tan ciertos son los discursos de los políticos en el país. “Decidimos hacer investigación periodística cuando los grandes medios declinaron de esta tarea”, manifestó Óscar Castilla, director de Ojo Público, al recibir el premio.Finalmente, Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la CNDDHH, y Gloria Cano, directora de Aprodeh, hicieron la entrega del Premio de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado” a la jueza Inés Tello. La jueza, que intervino en los casos Cantuta, Barrios Altos, El Santa, entre otros, manifestó su agradecimiento por la distinción y alentó a otros servidores públicos y jueces a no caer y continuar la lucha contra la corrupción.Ver fotos de la premiación aquí: http://on.fb.me/1TLbotCFoto: CNDDHH
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
14/12/2015 09:18:00
El 21 de octubre del 1990, Ernesto Castillo Páez, estudiante de sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue detenido y desaparecido por efectivos de la PNP comandados por el oficial Juan Carlos Mejía León. El proceso judicial por la desaparición de Ernesto duró más de 15 años donde se sentenció a los perpetradores en el 2006: el excoronel Mejía León a 16 años de prisión mientras que a  Carlos De Paz Briones y Juan Aragón Guibovich  a 15 años. Esta  semana, el 10 de noviembre, contraviniendo lo dispuesto por la Sala Penal Nacional y por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, el juez Ángel Mendívil Mamani del Segundo Juzgado Penal Nacional otorgó libertad condicional a Mejía León. Frente a esta decisión los familiares de Ernesto Castillo Páez denunciaron la irregularidad y gravedad de los hechos, en el marco de la conferencia de prensa realizada hoy en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.En opinión de Carlos Rivera, abogado de la familia y miembro del Instituto de Defensa Legal, la decisión del juez Mendívil compromete y afecta seriamente al país pues lo "desvincula del derecho internacional y del deber del Estado peruano sin ningún argumento y de la manera más infantil" al crear un mal precedente al otorgar beneficios en un caso de lesa humanidad.Por su parte Ana María Vidal, secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que la liberación de los responsables de la desaparición de Ernesto Castillo "perpetúa la impunidad en torno al presente caso, así como en los otros 15 mil casos de peruanos y peruanas que han sido desaparecidos y cuyos restos aun no son encontrados".   De otro lado, Cronwel Castillo, padre de Ernesto, refirió que en su oportunidad planteó que perdonaría a Juan Mejía si él informaba donde se encontraban los restos de su hijo; asimismo, enfatizó que “vamos mantener nuestro reclamo, no vamos a descansar hasta que Juan Mejía diga donde esta Ernesto”.Finalmente, Ana María Vidal denunció la gran impunidad existente en los casos de desapariciones forzadas y demás crímenes de lesa humanidad en el país así como la necesidad urgente de aprobar una ley de búsqueda de personas desaparecidas.Con información de la CNDDHH
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
23/11/2015 09:47:02
El martes 8 de diciembre, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) realizará la premiación anual de derechos humanos donde reconocerán el trabajo de Inés Tello De Ñecco, presidenta de la Primera Sala Penal Liquidadora de Lima, y de Ojo Público, medio digital de periodismo de investigación.  Por primera vez, además de la premiación anual, la CNDDHH realizará una jornada de derechos humanos en el marco de la premiación donde se proyectará el documental “Te saludan los cabitos”, se pondrá en escena la obra “Adiós Ayacucho” de Yuyachkani y se desarrollará una mesa con protagonistas de las luchas sociales del 2015. En la XXV Premiación Anual de Derechos Humanos se destacará la labor de 6 personajes distribuidas en las siguientes categorías:Premio de Derechos Humanos: Luz Inés Tello De ÑeccoPremio Periodismo y Derechos Humanos: Ojo PúblicoHomenaje Póstumo: Raúl Alfredo Wiener FrescoReconocimiento Especial: Máxima Acuña de Chaupe y la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta - Cusco junto a la Asociación de Mujeres Esterilizadas de la Provincia de Huancabamba - PiuraLa celebración se llevará a cabo el martes 8 de diciembre a las 7:30 p.m. en el auditorio de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicado en la Calle De La Poesía 160, San Borja. Premiados por su labor en favor de los derechos humanos Luz Inés Tello de Ñecco, quien recibirá el Premio de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado”, fue una de las 3 mujeres que presidieron la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima cuando en el 2010 sentenciaron al Grupo Colina por cometer delitos de grave violación de los derechos humanos en los casos “Barrios Altos”, “El Santa” y “Pedro Yauri”. A raíz de la sentencia,  la magistrada recibió ataques e incluso Javier Villa Stein, actualmente miembro de la Corte Suprema de Justicia, afirmó el Grupo Colina no violó derechos humanos.En su presentación sobre “La Trascendencia del Juez en el Estado Constitucional de Derecho”, la jueza enfatizó que “eI rol trascendental del Poder Judicial no admite malos funcionarios y como todo cáncer maligno, deben ser extirpados sin contemplaciones de ninguna índole”. Asimismo, afirmó “magistrados honorables de nuestro Poder Judicial, fueron capaces de juzgar a un exjefe de Estado y condenarlo en el marco de un juicio justo”.Por otro lado, el Premio Periodismo y Derechos Humanos será otorgado a Ojo Público, medio digital de periodismo de investigación que se dio a conocer en el 2014 y que es dirigido por David Hidalgo, Óscar Castilla, Nelly Luna, Fabiola Torres, Antonio Cucho y César Soplín.Ojo Público ha investigado sobre la minería ilegal, la vulneración de derechos en la salud privada, y verifica minuciosamente qué tan ciertos son los discursos de los personajes políticos del país. En el 2014, Ojo Público creó la aplicación web “Cuentas Juradas” para analizar la información de los alcaldes de Lima y los candidatos al cargo en las elecciones de ese año. En junio de 2015, la aplicación recibió el premio a la Mejor Investigación del Año en la categoría Small Newsroom de los Data Journalism Awards 2015. Este premio, entregado por la Global Editors Network, es el más importante galardón de periodismo de investigación y análisis de datos del mundo. Homenaje póstumo a Raúl WienerRaúl Alfredo Wiener Fresco fue periodista, analista político y un crítico escritor peruano que falleció el pasado 5 de setiembre de 2015. En una entrevista para la Revista Ideele, Raúl Wiener contó que fue periodista desde que estaba en el colegio y confesó que estudió ingeniería solo para que su mamá se sintiera orgullosa. Aun así, Wiener siempre tuvo claro que la política fue la prioridad en su vida.Trabajó en el diario El Observador, dirigió la revista Amauta, participó del programa Radicales Libres por RBC Televisión en el 2012, fue director de la revista “Miércoles de Política”, fue jefe de la Unidad de Investigación del diario Uno (ex La Primera) y trabajó como colaborador semanal de la revista Hildebrandt en sus trece. “El guerrero de la pluma, un soñador por un mundo mejor que otros continuarán” fueron las palabras que le tributó su esposa Elsi Bravo Castillo en la partida de Raúl Wiener. Reconocimiento a Máxima Acuña y las asociaciones de mujeres esterilizadas forzosamente en Cusco y HuancabambaEl 24 de mayo de 2011,  la minera Yanacocha se presentó en la parcela de la familia Chaupe, en Tragadero Grande, a 4.100 msnm, frente a la Laguna Azul, en la Comunidad de Sorochuco en Cajamarca, para solicitarles que salieran del terreno alegando que ellos eran los dueños. Todo esto para poner en marcha Proyecto Conga, donde se haría un tajo abierto sobre una de las lagunas para extraer oro.  Al ver que la familia no quería abandonar su hogar, los agentes de la minera procedieron a destruir las chozas donde los Chaupe habitaban. Este sería el comienzo de una larga lucha entre Máxima Acuña de Chaupe y la minera Yanacocha y que ha inspirado a miles de personas a levantarse contra la opresión de sus derechos fundamentales.Yanacocha demandó a la familia, los han golpeado, quemaron sus chozas, mataron a sus animales e incluso los ha cercado en un intento de aislarlos para que no cuenten su lado de la historia. En todos estos casos Máxima se ha levantado y no solo ha defendido a su familia, sino también las lagunas que abastasen a varios poblados de Cajamarca.Por otro lado, en el segundo gobierno del expresidente Alberto Fujimori, hoy preso por crímenes de lesa humanidad, se esterilizaron aproximadamente a 314.605 mujeres en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar y el Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer concluyó que sólo el 10% de las mujeres esterilizadas dieron su "consentimiento genuino". Este acto de violación a los derechos humanos cobró la vida de 18 mujeres y fue llevado a cabo bajo una metódica estrategia de amenazas, hostigamientos, presión psicológica, pago de “incentivos”. Muchas mujeres huían de sus casas o se escondían puesto que se realizaban recorridos con ambulancia para recogerlas a la fuerza y esterilizarlas en los centros de salud.Luego de 18 años de búsqueda de justicia el Estado todavía no resuelve el caso. Sin embargo, la lucha y perseverancia de las organizaciones de mujeres afectadas logró que este año el Estado eleve el caso de las esterilizaciones forzadas a "asunto de interés nacional de Perú".Foto referencial
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
19/11/2015 16:31:50
El Poder Judicial emitió la primera sentencia condenatoria contra discriminación racial. La sentencia del caso se emitió en la ciudad de Huancayo. El 20 de marzo del 2012, Azucena Asunción Algendones denunció ser víctima de discriminación por su condición de afroperuana. Azucena, quien trabajaba en la empresa Sedam Huancayo S.A., recibió ofensivos calificativos que la comparaban con un animal y hacían referencia despectiva al color de su piel. Ella, tras denunciar los actos de agresión y discriminación, sufrió hostigamientos en el trabajo al punto de ser enviada a una oficina en las afueras de la ciudad pese a que tiene discapacidad en una pierna y luego ser despedida arbitrariamente.Tras años de seguir el proceso contra Luis Alberto Pérez Peralta, ex gerente general de Sedam Huancayo, y Augusto Gianni Santisteban García, ex jefe de Recursos Humanos y Relaciones Industriales, el Poder Judicial sentenció a  los agresores a 3 años de pena privativa de la libertad suspendida, inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de cinco mil soles a favor de la agraviada. No obstante, Azucena Asunción, en declaraciones para el diario El Comercio, aseguró que continuará con el proceso contra Judith Pérez Huaynate, a quien indicó como la persona que inició las agresiones racistas y que fue excluida del proceso judicial. En un comunicado, el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana calificó esta sentencia como "un caso emblemático en la lucha por los derechos y en contra de todas las formas de discriminación, en especial contra la racial, que es la que más se 'solapa' y la más común en la sociedad".Foto: Juan Guevara
Lucero Zúñiga Montaño
Política y Derechos Humanos
18/11/2015 13:59:41
Representantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos limeños realizaron un plantón en el frontis del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) donde ratificaron su pedido de remoción de todos los miembros del CNM por estar involucrados en actos antiéticos.Tras el anuncio de la CNM sobre la renuncia de Alfredo Quispe Pariona, quien aceptó su participación en actos contra la ética pública y presuntos actos de corrupción, y la incorporación de Máximo Herrera, quien tiene una investigación en el Congreso por almorzar con un postulante a Fiscal, en plena convocatoria vigente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Proética encabezaron un plantón donde pidieron “que se vayan todos”.“Estamos presentes porque aquí continúa la lucha por recuperar la institucionalidad del país y por no dejar que sin vergüenzas continúen haciendo ejercicio de cargos de altísima responsabilidad”, afirmó el director de  Proética, Walter Albán, quien invitó a los peruanos a “decir ‘fuera corruptos’ de cualquier institución del Estado”.Por otro lado, Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la CNDDHH manifestó que “la ciudadanía organizada no puede permitir que secuestren nuestras instituciones. Estas son nuestras instituciones y tenemos que defenderlas de la corrupción y de la incapacidad”. Además, Glatzer Tuesta, director de IDL enfatizó que la sociedad civil no aceptará esta ratificación del CNM por tratarse de personas “inmorales y porque no garantizan independencia, no garantizan decencia”; asimismo, recordó el mismo abogado Quispe Pariona afirmó que todos los que integran el CNM “tienen ‘rabo de paja’”.Aunque no estuvo presente, el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, envió una carta que fue leída en el plantón donde manifestó su respaldo al pedido de la sociedad civil. En el plantón y en el posterior lavado de bandera también participaron los ex procuradores anticorrupción Julio Arbizu y Ronald Gamarra, Gino Costa y Susana Villarán.Foto: CNDDHH
Lucero Zúñiga Montaño
Política y Derechos Humanos
16/11/2015 17:00:54
El reconocido antropólogo forense y Director Ejecutivo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), José Pablo Baraybar, fue víctima de una campaña de desprestigio donde el diario Expreso publicó dos notas informativas que acusan a Baraybar de "usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la profesión". Estas afirmaciones, acompañadas de declaraciones del decano del Colegio de Antropólogos del Perú, de una congresista fujimorista y de un congresista exmiembro del Ejército peruano, pretendían garantizar la falsedad de la investigación forense sobre el caso de ejecuciones extrajudiciales en el caso Chavín de Huántar.Frente a esta nueva campaña de desprestigio contra el Director Ejecutivo del EPAF, numerosas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su respaldo al antropólogo forense y a ellas se suma la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, coalisión que agrupa a 78 organizaciones de derechos humanos de distintos lugares  del Perú.Reproducimos el comunicado de la CNDDHH: COMUNICADONUESTRA SOLIDARIDAD CON JOSÉ PABLO BARAYBAR FRENTE A LA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO PROFESIONAL APARECIDA EN MEDIOSLa Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), frente a la reciente campaña de desprestigio contra José Pablo Baraybar, Antropólogo Forense y Director Ejecutivo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), expresa lo siguiente:1.    Nos solidarizamos y respaldamos la labor desarrollada por José Pablo Baraybar, quien es un destacado profesional que ha sido reconocido internacionalmente por diversas organizaciones, como las Naciones Unidas con el Premio UN21 Awards  (2006), o el Center of Justice and Accountability con el Premio Derechos Humanos “Judith Lee Stronach” (2011). Además ha desarrollado una destacada labor profesional en importantes procesos como el del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY) entre 1996-2002, en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1996 y ha sido Director de la Oficina de Personas Desaparecidas y Forenses (OPDF) en Kosovo, entre 2002-2007.2.    Informamos a la opinión pública que José Pablo Baraybar es Bachiller en Ciencias Sociales con Especialidad en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Master en Ciencias por la Universidad de Londres (Reino Unido) y Magister en Antropología Física y Forense por la Universidad de Granada (España), además de contar con la Acreditación Internacional en Antropología Forense otorgada por la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF). Sumado a ello Baraybar ha realizado estudios académicos en instituciones como la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (1993-1994), la Universidad de Estrasburgo (2006-2009) y la Universidad de Granada (2011).3.    En el sistema universitario peruano no existe la especialidad de Antropología Física, encargada de formar profesionales forenses para analizar huesos, lesiones, causa de muerte, como sí existe en otros países de la región. En este sentido valoramos la formación y trayectoria de Baraybar como una ventaja a favor de los procesos de justicia.4.    Rechazamos los reiterados agravios en contra de José Pablo Baraybar, que tienen el deliberado propósito de dañar su imagen pública y de deslegitimar su labor profesional y del EPAF en los procesos judiciales en los que participa. Es importante señalar que su trabajo es de carácter técnico-pericial, son los operadores de justicia, es decir jueces y fiscales, los encargados de establecer responsabilidades para cada caso, labor que nunca ha desempeñado José Pablo Baraybar.5.    Finalmente, señalamos que cerca del 90 % de los forenses que trabajan en el Perú -incluyendo a quienes trabajan en el Instituto de Medicina Legal- son arqueólogos que tienen formación básica para el análisis de huesos, exhumaciones, para saber diferenciar los huesos, armar un cuerpo y determinar algunas lesiones. Por ello mal hace el Colegio de Antropólogos al denunciar a Baraybar por ejercicio ilegal de la profesión bajo pretexto de la defensa de sus fueros gremiales, pretendiendo así desconocer la destacada trayectoria y valor del trabajo profesional de Baraybar.Lima, 14 de noviembre de 2015
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
16/11/2015 14:07:53
La Sala Penal Nacional (SPN) impondrá prisión preventiva al Gral. (r) Daniel Urresti Elera si continúa descalificando a los testigos del juicio oral en el que se encuentra acusado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra. Asimismo, los magistrados del Colegiado B de la SPN determinaron que Urresti deberá solicitar permiso previo para viajar fuera del país, y que los testigos del proceso no deberán brindar declaraciones a la prensa de aquí en adelante. Estas medidas fueron emitidas en una resolución que fue leída en una nueva audiencia del Caso Bustíos la tarde de este lunes 12 de octubre. Intentaron incluir a "testigo"La defensa de Urresti pretendió incluir como testigo para este juicio a Donata Ruiz Palomino, quien el último fin de semana brindó declaraciones a RPP contra Isabel Rodríguez Chipana, testigo de la Fiscalía, de la que aseguró que era “terrorista activa”. El fiscal Luis Landa Burgos resaltó que familiares de Ruiz Palomino, testigos en este juicio oral, cambiaron su versión sobre los hechos y que ella fue trasladada a dicho medio de comunicación por el asesor de prensa del exministro.Los jueces de la Sala Penal Nacional desestimaron la pretensión de incluir a Donata Ruiz en el proceso porque fue ofrecida por el abogado del acusado para declarar sobre la presunta violación sexual que fue víctima Isabel Rodríguez. Argumentaron que dicha violación no es parte de este juicio. Periodista ratificó que militares asesinaron a BustíosEn esta sesión Abilio Arroyo Espinoza, entonces colega de Hugo Bustíos, narró en detalle el atentado contra Bustíos y Eduardo Rojas Arce, el cual investigó en su momento para la revista Caretas. Confirmó no haber encontrado ningún casquillo de bala en el lugar de los hechos, lo que llamó su atención. El periodista también relató que logró entrevistar a testigos presenciales de la emboscada. Indicó que varios de ellos identificaron a “Ojos de Gato” como uno de los militares que dispararon contra Bustíos y Rojas. Arroyo Espinoza también reveló  que durante sus investigaciones ubicó a Isabel Rodríguez Chipana, pero ella no quiso hablar con él porque estaba atemorizada.El periodista confirmó que Rodríguez vivía frente al lugar donde asesinaron a Bustíos. Arroyo refirió también que a fines del 2007 recibió una llamada de “Ojos de Gato” (Amador Armando Vidal Sanbento) desde el Penal San Jorge, quien lo citó en esta prisión para brindarle los nombres de quienes habían participado en el atentado: Daniel Urresti Elera (“Arturo”) y Johnny Zapata Acuña (“Centurión”). Para mayor información, “Ojos de Gato” puso en contacto a Arroyo con Edgardo Montoya Contreras, militar que sirvió en la Base de Castropampa en 1988. Con éste intercambió correos electrónicos cuyo contenido será conocido posteriormente.El periodista también se contactó con Urresti para recoger su versión, pero éste no le concedió una entrevista. Luego, afirmó que “Centurión” había fallecido en Tacna y fue enterrado en Puente Piedra, Lima. Próxima audienciaPor restricciones de tiempo, Hugo Bustíos Patiño, hijo de la víctima, concluirá su declaración en la próxima audiencia de este viernes 16 de octubre a las 2.30 p.m. en la Sala Penal Nacional (Av. Uruguay 145, Cercado de Lima). También declararán Moisés Ochoa Girón, Juez Provincial de Huanta durante el año 1988; y Edgardo Montoya Contreras, militar que sirvió en la Sección de Logística del Cuartel de Castropampa en 1988.
Comisedh
Política y Derechos Humanos
13/10/2015 17:00:57
El colectivo No Tengo Miedo viene buscando historias de violencia contra las personas LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer) desde distintas partes del país. La búsqueda permitirá evidenciar la situación de violencia que se vive en distintas zonas del Perú a través de historias difundidas en la página web www.notengomiedo.pe/cuentanos En el 2014,  No Tengo Miedo realizó una publicación titulada "Estado de Violencia: Diagnóstico de la situación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgènero, intersexuales y queer en Lima Metropolitana", donde se muestra la situación de este sector de la población a través de estadísticas y testimonios. Asimismo, la publicación cuenta con un glosario sobre la importancia y el significado de identidad de género, expresión de género, orientación sexual y sexo.En febrero de 2015, la investigación del colectivo No Tengo Miedo se mostró en un evento donde la ex Ministra de la Mujer, Carmen Omonte, presentó un plan para luchar contra la violencia hacia las personas LGBTIQ como parte de un programa del ministerio.Ahora, el propósito de este proyecto es más grande ya que la búsqueda de historias se expande a otras regiones del país con el fin de tener un panorama más amplio sobre la situación de violencia de la población LGBTIQ. En su página web, el colectivo expresa que "nos encontramos en un momento de la historia en el que es importante romper el silencio que hemos guardado con respecto a la situación de violencia a la que estamos expuestxs día a día. Si queremos que el Estado y la sociedad garanticen nuestros derechos, necesitamos levantarnos y hablar de eso que nos obligan a callar".Para No Tengo Miedo, la visibilización es importante en la lucha contra la discriminación de la población LGBTIQ en Perú. Es así que No Tengo Miedo, desde sus redes sociales, invita a todas las personas a evidenciar las situaciones de violencia que hayan sufrido.Si quieres compartir tu historia puedes escribirla aquí: www.notengomiedo.pe/cuentanos/  
Martin Asenjo Vega
Política y Derechos Humanos
05/10/2015 13:12:09
Ante el conflicto suscitado por la licitación del Lote 192 y la posibilidad de ingreso de Petroperú, los pueblos indígenas Achuar y Quecha de los ríos Corrientes y Pastaza continúan en su reclamo al Estado por contaminación ambiental, remediación, acceso a salud y vulneración de su derecho a la consulta previa. "Nuestra lucha no es por Petroperú" dijeron los pueblos indígenas afectados por las actividades en el Lote 192 que realizaron una asamblea el pasado 12 de setiembre y luego difundieron un documento donde exponen sus razones de protesta.La titulación de tierras, el incumplimiento de los acuerdos firmados con el Estado peruano, nuevos estudios ambientales, incrementación del fondo de remediación por contaminación ambiental y contratación de las comunidades indígenas para "asegurar dicha labor", son algunas de las exigencias la "Plataforma de Respeto y Dignidad por los Derechos de los Pueblos Indígenas del Pastaza y Corrientes Frente al Lote 192".Por otro lado, las comunidades nativas decretaron una movilización pacífica permamente mediante el documento "Decreto de los pueblos Achuar y Quechua del Corrientes y Pastaza en nuestros territorios". Este decreto inició desde el 12 de setiembre como consecuencia de una constante vulneración de sus derechos.La Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO) y la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), organizaciones representantes, decretaron que no podrán circular embarcaciones, carros, aviones o helicópteros en su territorio. Además, el decreto indígena también señala que "ninguna persona de las comunidades realizará actos vandálicos contra las instalaciones petroleras ni contra otras infraestructuras y materiales". El personal de la Policía y el Ejército no podrán ingresar al territorio indígena "porque atentarían contra nuestro derecho constitucional a la autonomía y a nuestros derechos consuetudinarios", alerta el documento.Finalmente, los pueblos indígenas advierten que todo acto contrario al decreto "será tomado por nuestros pueblos como acto de provocación y nos veremos en la necesidad de actuar de acuerdo a nuestras normas y costumbres".A continuación reproducimos el documento de la asamblea de los pueblos Achuar y Quechua de los ríos Pastaza y Corrientes: PLATAFORMA DE RESPETO Y DIGNIDAD POR LOS DERECHOS DE NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PASTAZA Y CORRIENTES FRENTE AL LOTE 19212 de septiembre de 2015Las comunidades de los pueblos Achuar y Quechua del Pastaza y del Corrientes hacemos uso de nuestro legítimo derecho a la protesta y petición social por el estado de necesidad justificante producida por los más de 40 años de explotación petrolera que nos ha empobrecido y dañado; por el incumplimiento de los acuerdos firmados con el estado peruano con respecto a remediación y salud; y por la vulneración de nuestro derecho a la consulta en el lote 192.Nuestra lucha no es por Petroperú. Rechazamos el uso político e interesado de falsos representantes que dicen que la lucha de todos los pueblos del lote 192 es por Petroperú. Nuestra lucha es por la defensa de los derechos indígenas contra toda institución excluyente, impositiva, irrespetuosa y destructora de nuestros territorios. No estamos en contra de la explotación petrolera pero no queremos ninguna empresa si no se respetan primero nuestros derechos.Nuestra protesta será pacífica y no permitirá que sobre nuestros territorios se realice actividad alguna ajena a nuestras costumbres y leyes hasta que el estado llegue a acuerdos con nosotros respecto a la actividad petrolera que nos destruirá por los siguientes 2 a 30 años más.Responsabilizamos al estado de cualquier situación de violencia interna o externa producida en nuestros territorios. Sobre todo, si en vez de establecer un diálogo de buena fe, elige reprimirnos o incita a grupos a enfrentarnos entre pueblos como siempre lo ha hecho. Recordamos que también somos peruanos y que nuestras familias dieron sus vidas por estos mismos territorios tanto en la guerra con el ecuador como ante la destrucción ambiental.Exigimos una comitiva de alto nivel conformada por el Presidente del Consejo de Ministro, Ministra de Energía y Minas, Ministra de Cultura, Ministro de Agricultura, Ministro de Salud, Ministro del Ambiente, Ministro de Economía y Finanzas y Presidente de la OEFA.Pedimos la mediación efectiva de la Defensoría del Pueblo y los Congresistas de la República Verónika Mendoza, Marisol Pérez Tello y Eduardo Nayap, quienes conocen este proceso de cerca y por años. Rechazamos la mediación de la ONDs y el viceministerio de interculturalidad por su pésima labor en los últimos meses respecto a la mesa de desarrollo y el proceso de consulta previa.Exigimos la presencia del Gobernador Regional de Loreto quien viene incumpliendo el acuerdo sobre titulación de nuestras comunidades del acta del 10 de marzo. Esperamos que el gobernador no esté utilizando los recursos alcanzados con nuestra lucha para otras zonas y actividades ajenas a lo acordado. Además, denunciamos que está usando nuestros nombres en luchas ajenas a nuestros pueblos.Exigimos la presencia de la OIT y el sistema de Naciones Unidas, quienes han cumplido un rol marginal y hasta se han autoexcluido del proceso de consulta, a pesar de haber establecido convenios y declaraciones tan importantes como el convenio 169 y la DNUDPI y nosotros haber cursado invitaciones.Exigimos que la comitiva de alto nivel traiga alternativas concretas con cronogramas, presupuestos, medidas/normas aprobadas que aseguren su cumplimiento, una actitud flexible y voluntad política clara acerca de los siguientes puntos:TITULACIÓN TOTAL DE NUESTROS TERRITORIOS INCLUYENDO DONDE SE UBICA EL LOTE 192, NO ENTREGA DE SERVIDUMBRE GRATUITA Y SEGURIDAD PARA LAS COMUNIDADES DEL PAGO DE SERVIDUMBRE QUE SE ENCUENTRE SOBRE NUESTRAS TIERRAS Y TERRITORIOS TRADICIONALES.INCREMENTAR EL FONDO DE REMEDIACIÓN A 200 MILLONES, QUE SE INICIE LA REMEDIACIÓN Y SE CONTRATE A NUESTRAS COMUNIDADES PARA ASEGURAR DICHA LABOR.NUEVOS ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA INFRAESTRUCTURA VIEJA COMO POZOS QUE ESTÁN EN PRODUCCION, ASÍ COMO ESTUDIOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS POZOS DE REINYECCION. RESPECTO A LA PROPUESTA INFLEXIBLE DE UN FONDO DE 0.75% DE LA PRODUCCIÓN FISCALIZADA PARA LAS COMUNIDADES QUE HA GENERADO MALESTAR EN NUESTRAS CULTURAS POR EL MODO Y LA FORMA EN QUE SE HA PRESENTADO: INTEGRAR A NUESTRAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS EN LA GESTIÓN DEL FONDO DE FIDEICOMISO IMPEDIDA POR EL CONTRATO. ASIMISMO, AUMENTAR EL FONDO A 2,5%. SI NO ES POSIBLE,  ENTREGAR UN FONDO ESPECIAL DE 10 MILLONES DE SOLES AL AÑO A CADA CUENCA HASTA QUE SE HAGA UNA NUEVA CONSULTA POR EL CONTRATO O CONCLUYA EL MISMO.COMITÉ ESPECIAL CONFORMADO POR MEF, MINEM, GOREL, GOBIERNOS PROVINCIALES, COMITÉ DE CONGRESISTAS DE DIVERSAS BANCADAS Y NUESTRAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS FEDIQUEP Y FECONACO, PARA ELABORAR UNA PROPUESTA DE MODIFICATORIA DEL CANON PETROLERO QUE NOS BENEFICIE.FINANCIAMIENTO ESPECIAL DE NUESTROS MONITOREOS AMBIENTALES, FUERA DEL FONDO DE FIDEICOMISO.CERRAR LOS OTROS PUNTOS PENDIENTES EN EL PROCESO DE CONSULTA Y DE LOS CUALES CREEMOS PODEMOS LLEGAR A ACUERDOS. LA FIRMA DE ESTOS ACUERDOS DEBERÁ TENER CARÁCTER VINCULANTE PARA EL ESTADO Y PARA LA EMPRESA CONFORME CORRESPONDA.REUNIÓN INMEDIATA DEL COMITÉ COORDINADOR EN LA COMUNIDAD DE ANDOAS Y JOSÉ OLAYA GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA OPERADORA PARA TRATAR EL CUMPLIMIENTO DE SU CONTRATO SOBRE EL TEMA LABORAL ENTRE OTROS.RESPETO AL DERECHO DE CONSULTA EN ESTOS TRES CASOS: AL FINALIZAR EL CONTRATO ACUTAL; AL INGRESAR PETROPERÚ U OTRO OPERADOR; AL PRORROGARSE EL CONTRATO DEL LOTE 192.QUE GOREL FIRME EL CONVENIO DE TITULACION CON NUESTRAS ORGANIZACIONES INDIGENAS FEDIQUEP Y FECONACO, PARA DAR INICIO AL PROCESO DE TITULACION GANADO CON NUESTRA LUCHA Y ESFUERZO.TERMINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACTA DEL 10 DE MARZO: QUE MINEM CUMPLA CON ASIGNAR EL PRESUPUESTO A LA ONU PARA INICIAR EL ESTUDIO DE REMEDIACION Y SE INICIE EL ESTUDIO DE SALUD Y EL PLAN DE SALUD INTEGRAL. Foto: PUINAMUDT
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
15/09/2015 15:10:36
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas exigen al Congreso de la República la adecuación de su reglamento para que incorpore la consulta previa para las iniciativas legislativas que involucren a los pueblos indígenas. "Exigimos que el Congreso de la República apruebe la consulta previa para iniciativas legislativas, respetando el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y lo establecido por el Convenio 169 de la OIT", reza el comunicado difundido por la CNDDHH y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Como se sabe, la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que está vigente en el Perú desde hace 20 años pero el reglamento del Congreso de la República no contempla la aplicación de la consulta previa para iniciativas legislativas."Para subsanar esta omisión, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CPAAAAE),  la Defensoría del Pueblo y las organizaciones indígenas después de un arduo trabajo, lograron, en diciembre del 2014, ponerse de acuerdo para aprobar un dictamen de proyecto de Resolución Legislativa para modificar el reglamento del congreso e incluir el procedimiento de Consulta", señala el comunicado.La preocupación surge debido a que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por Fredy Otárola, aprobaría un  nuevo pre-dictamen que desconoce el consenso logrado por la CPAAAAE. El consenso corre el riesgo de ser desconocido por el pleno del Congreso con el voto de la mayoría legal de congresistas, lo cual  va en contra de lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta.Leer el comunicado aquí: http://goo.gl/ai4Dl2 Foto: La República 
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
10/09/2015 11:05:12
Mujeres integrantes de la organización de desplazados "La Victoria", en Ayacucho, participaron en un taller de video comunitario facilitado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Servicio Civil para la Paz de la GIZ y el Centro Loyola de Ayacucho donde realizaron un video sobre la historia que les tocó vivir durante el conflicto armado interno. Yolanda Baldeón Coronado tenía 18 años y estaba embarazada de su primer hijo cuando se vio obligada a desplazarse desde el distrito de Marcas, de la provincia de Acobamba, en Huancavelica, hasta Huamanga, en Ayacucho. Cuando Yolanda se desplazó estaba junto a su esposo con el que ahora tienen 8 hijos.“Nosotros dejamos a nuestros animales, ropa, vivienda y todo. Solo venimos con nuestra ropa de encima”, recuerda Yolanda, quien ahora es la presidenta de la organización "La Victoria" y también presidenta de las 26 Asociaciones de Familias Desplazadas por la Violencia Política de Ayacucho (AFADVIPAs). Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cerca de medio millón de personas, la mayoría campesinos quechuablantes, abandonaron sus hogares y se desplazaron a ciudades ya que el Estado no les garantizaba seguridad.  “Hay una ley, la ley Nº 28592 (Plan Integral de Reparaciones), que dice que se nos puede reparar colectivamente y nosotros estamos gestionando nuestra reparación colectiva como desplazados porque el Estado se ha olvidado de nosotros”, señala la señora Yolanda.Hasta julio del 2014, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que aproximadamente 57 mil personas desplazadas por el conflicto armado interno, entre los años 1980 y 2000, fueron registradas y acreditadas por el Registro Nacional de Personas Desplazadas del  MIMP. Además, existen 2 programas de reparación para este grupo de afectados a consecuencia del conflicto armado interno: el Programa de Reparaciones Colectivas para el Grupo de Desplazados No Retornantes, que recibirán financiamiento para proyectos productivos, y el Programa de Facilitación al Acceso Habitacional. Al respecto, el Registro Nacional de Personas Desplazadas permite el acceso gratuito al Seguro Integral de Salud así como el recococimiento de la propiedad de las tierras en su origen.La presidenta de las AFADVIPAs cuenta que ahora hay 4 organizaciones que son piloto de las reparaciones colectivas y están en trámite 9 organizaciones más para el 2016. Como señala Yolanda Baldeón, si bien es cierto que “son un avance estas reparaciones”, hay autoridades que no les hacen caso y denuncia que tampoco lo hacen los medios de comunicación.“Si las autoridades no nos hacen caso entonces nosotros podemos ir a medios de comunicación con un video”; sin embargo, Yolanda señala que cuando acuden a ellos se quejan y dicen “desplazados tenían que ser, afectados tenían que ser”. La representante de las 26 organizaciones de desplazados en Huamanga lamenta que “no se pueda conversar algo porque nos botan y eso no debe ser ni en radio ni en televisión”.  Es por ello que, en su calidad de presidenta, Yolanda pide a los medios de comunicación que les” abran las puertas” pues quedan muchas familias que continúan en el olvido a pesar de ser víctimas de la violencia interna que se dio en Perú y sus historias merecen ser escuchadas.El taller de video comunitario del que participaron les permitió contar sobre los cadáveres que encontraban cuando recogían leña cerca de sus casas y las amenazas que recibían si lo denunciaban. El video que realizaron con el apoyo de sus hijos, quienes ayudaron en la traducción del quechua al castellano, y donde ellas mismas se entrevistaban, les ayudó a aprender otra forma de contar sus historias y ser escuchadas.Yolanda, en nombre de las familias desplazadas en Huamanga, anima a otras personas afectadas por el conflicto armado interno a que se organicen para que puedan gestionar sus respectivas reparaciones, especialmente las que se refieren a educación. Muchos de los desplazados tuvieron que empezar desde cero y no pudieron acceder a la educación básica o superior; por eso, uno de los objetivos que quieren lograr los peruanos desplazados y agrupados en las AFADVIPA es que sus hijos accedan a este derecho.“Para nosotras fue algo maravilloso agarrar esas máquinas y aprender. Nunca habíamos tocado esas máquinas pero, ahí en esos videos, vernos y escucharnos es algo bonito”, recuerda Yolanda. Ellas afirman que ahora tienen más confianza en si mismas. Foto: Inga Seifert
Lucero Zuniga Montano
Política y Derechos Humanos
08/09/2015 10:54:40
Familiares de desaparecidos durante conflicto armado interno y sociedad civil lanzaron la campaña “Reúne” para concientizar sobre la búsqueda de los desaparecidos civiles, policías y miembros de las Fuerzas Armadas y la aprobación de un plan nacional para encontrarlos. “Reúne” es impulsado por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas de la Violencia Política (CONAVIP) con el respaldo de la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico del Perú y la Defensoría del Pueblo y el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que se dio entre los años 1980 y 2000, señala que durante su trabajo de recolección de testimonios se recibieron reportes de aproximadamente 24 mil personas muertas o desaparecidas. Solo alrededor de 18 mil de ellos fueron identificados con sus nombres completos. Este periodo de violencia interna en el Perú dejó 15 731 personas desaparecidas según el registro del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público del 2012. El derecho a saber qué pasó con ellos Digna sepultura para los peruanos desaparecidos durante el conflicto armado interno. Ese es el principal objetivo de “Reúne”, la campaña que busca la aprobación de una ley de búsqueda de las personas desaparecidas ya que muchos familiares no saben qué pasó ni dónde se encuentran los restos de sus seres queridos que desaparecieron durante esa época. En el informe presentado por la CVR hace 12 años se recomendó que el Estado peruano realice un Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos pero hasta la fecha no existe; sin embargo, los voceros de “Reúne” afirman que desde el 2012 se logró un consenso de trabajo sobre el tema que fue promovido por la Mesa de Trabajo sobre Búsqueda de Personas, junto con autoridades, organizaciones civiles y familiares afectados y “desde mayo de 2014 el Ministerio de Justicia tiene un documento listo que solo falta que sea presentado al Congreso de la República y sea aprobado”.Una de los cientos de familiares a la espera del Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos es Adelina García, actual presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Torturados y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). Ella tenía 16 años cuando conoció a Zósimo Tenorio en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, se enamoraron y se casaron cuando ella tenía 18 y él 24 años. Su esposo fue secuestrado 3 años más tarde y ella, 30 años después, no deja de buscarlo. Su testimonio y el de otros peruanos que sufrieron la pérdida de un familiar son compartidos en la página web de Reúne.En junio de 2015, una delegación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias  visitó Perú para recoger información sobre los avances en la política estatal en el tema. Al respecto, Ariel Dulitzky, representante del Grupo de Trabajo, señaló que “es urgente que el Estado fije como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas debido al largo lapso del tiempo entre los hechos y la actualidad, y a que muchos los testigos, familiares y perpetradores tienen edad avanzada y poca salud”.   “No pueden esperar más”“Los familiares ya no pueden esperar más para saber qué fue lo que ocurrió con sus seres queridos”, señalan los voceros de “Reúne”. Asimismo, expresaron que se necesita “que el Estado tome una decisión consistente que les permita encontrar, identificar y enterrar dignamente los restos de sus seres queridos enterrados en alguno de los 6 mil 400 sitios de entierro conocidos a nivel nacional”.Según las cifras difundidas por la campaña, los departamentos con mayor porcentaje de un total de 7399 desapariciones forzadas son Ayacucho, que tiene el 47.7%, Huánuco, 13.2%, y Junín, que registra el 12.8%. Además, de los 6462 sitios de entierro, solo en Ayacucho existen 4052 que esperan los trabajos correspondientes para recuperar los cuerpos, identificarlos y finalmente entregarlos a sus familiares.Los expertos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas hicieron un llamado de atención al Estado peruano para que se adopte “una política comprehensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa con las víctimas y sus familiares para reforzar claramente el repudio a las desapariciones”. Además, instaron a las Fuerzas Armadas a “asumir un compromiso claro de cooperación con la búsqueda de la verdad y la justicia”.La página en Facebook de “Reúne” tiene cerca de 5000 likes en su segunda semana de lanzamiento. “Recién hemos comenzado y estamos demostrando que lo que pedimos es lo mínimo y que los peruanos son solidarios hacia nosotros. Hemos recibido infinidad de mensajes y propuestas de apoyo por distintos medios, no sólo de personas sino también de medios de prensa, artistas, etc.”, expresaron los voceros."Reúne" invita a compartir la información sobre los desaparecios de la violencia interna y lograr que se apruebe la ley de búsqueda de personas. Ayudemos a que puedan reunirse con sus familiares.Entérate más sobre “Reúne” aquí: reune.peFoto: Reúne
Lucero Zuniga Montano
Política y Derechos Humanos
27/08/2015 16:20:19
El exministro del Interior, Daniel Urresti, reveló que sí hizo patrullajes y participó en enfrentamientos en Huanta. Además, admitió que tenía referencias del periodista Hugo Bustíos desde antes de su asesinato. El interrogatorio a Daniel Urresti continuará el próximo jueves 3 de setiembre desde las 2:30 p.m. El pasado miércoles 26 de agosto, en la Sala Penal Nacional, continuó el interrogatorio del fiscal Luis Landa al general en retiro Daniel Urresti, a quien acusa como autor mediato del asesinato del Hugo Bustíos, periodista de la revista Caretas, y tentativa de homicidio contra el también reportero Eduardo Rojas en el año 1988 en Huanta, Ayacucho. Las preguntas del representante del Ministerio Público se refirieron a las funciones que Urresti desempeñó como encargado del Servicio de Inteligencia del Cuartel de Castropampa en 1988 y su conocimiento sobre el periodista de Caretas.Urresti reconoció que conocía a Hugo Bustíos “más de oídos”, que “lo vio posiblemente de lejos” y que “es probable que haya leído alguno de sus artículos”. Sin embargo, el fiscal le advirtió que estas declaraciones se contradicen a las que había brindado ante el juez instructor en Ayacucho el año 2013, a quien le indicó que recién supo de Bustíos al día siguiente de su asesinato. Urresti sí hizo patrullajes y estuvo en enfretamientosEl acusado y exministro mencionó que durante su estadía en Huanta intervino en el Plan Iluminación cuyo objetivo era custodiar las torres que suministraban electricidad. Luego, reconoció que participó en enfrentamientos “en los que hubo muertos” donde los militares “esperaban a la Fiscalía y a la Policía para que realizaran sus investigaciones”. De esta manera, Urresti admitió que efectuaba estas actividades que siempre había negado. El fiscal Landa  le había leído su foja de servicios donde Víctor La Vera Hernández, condenado a 17 años por el asesinato de Bustíos, felicitó al exministro por efectuar un “trabajo eficaz” en enfrentamientos”. El fiscal quiso hacerle más preguntas sobre estos combates en los que había participado, pero Urresti Elera no quiso responder más.  SentenciadosEn octubre del 2007, Víctor La Vera Hernández, quien era jefe del cuartel de Castropampa de Huanta, fue sentenciado a 17 años de cárcel por autoría intelectual y Amador Vidal Sanbento, capitán en retiro, a 15 años por autoría material del asesinato de Hugo Bustíos. Ambos sentenciados se encuentran libres ya que fueron condenados por homicidio simple y accedieron a beneficios penitenciarios. La Vera Hernández estuvo en la cárcel cerca de 5 años mientras que Vidal Sanbento solo estuvo 3 años y 8 meses.Sobre Daniel Urresti pesa una denuncia por delito de lesa humanidad por ser presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos y, de ser condenado, no tendría opción a beneficios peninteciarios. El interrogatorio del fiscal al exministro continuará el próximo jueves 3 de setiembre desde las 2:30 p.m. Fuente: COMISEDHFoto: Perú 21
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
27/08/2015 11:24:45
Según los datos del Registro Único de Víctimas (RUV), durante el periodo del conflicto armado interno 161 de las 248 autoridades ediles fueron asesinadas por la agrupación terrorista Sendero Luminoso. El RUV también arroja la cifra de 22 alcaldes provinciales asesinados mientras que la cifra de alcaldes distritales se eleva a 224. El RUV señala que en 1982 se registraron los 2 primeros asesinatos de alcaldes distritales en Apurímac y Ayacucho. El 25 de marzo de 1982, a manos de los sinchis murió Virgilio Altamirano Damián, alcalde distrital de Andarapa, en la provincia de Andahuaylas, Apurímac; meses más tarde,  el 13 de julio del mismo año, Sendero Luminoso asesinó a Juan Inca Allccaco, alcalde distrital de Hualla, en la provincia ayacuchana de Víctor Fajardo. Ambos alcaldes eran miembros del partido Acción Popular.El testimonio de Nieves Rojas Ramírez, recogido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), señala que el 8 de febrero de 1980 miembros de Sendero Luminoso asesinaron Juan Linasco Tinco, quien era su esposo y también el alcalde del Concejo Menor de Quillcaccasa, en Apurímac. Según la fecha indicada por Nieves Rojas, Juan Linasco sería el primer alcalde asesinado durante el conflicto armado interno.Juan Linasco Tinco, a dos meses después de ejercer el cargo de alcalde del Concejo Menor de Quillcaccasa, recibió amenazas de muerte por parte de los senderistas y huyó a las tierras de su padre, narra el testimonio de su cónyuge. La tarde del 8 de febrero de 1980, Juan Linasco es secuestrado por los terroristas quienes lo asesinaron a golpes en la nariz y luego le sacaron el cerebro.La esposa del alcalde contó que las autoridades se negaron a investigar la muerte de su esposo por temor a ser asesinados. Juan Linasco era padre de 6 hijos y uno de ellos, según el testimonio de su esposa, se lanzó de un puente al río luego que los terroristas saquearon su precaria bodega meses después del asesinato de su padre.17  de los 24 departamentos del Perú sufrieron al menos la muerte de una autoridad edil durante el periodo de violencia interna. Los departamentos con más asesinatos de autoridades fueron Ayacucho, donde asesinaron a 47 alcaldes, y Junín, donde fueron 39, seguidos de los departamentos de Huánuco y Puno que registraron 29 y 21 asesinatos respectivamente.Este viernes 28 de agosto, a 12 años de la entrega del Informe Final de la CVR,  se celebrará una conmemoración a las autoridades ediles asesinadas durante el conflicto armado interno. El homenaje “Apostaron por la Democracia y Perdieron la Vida” es organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) y Propuesta Ciudadana, con el Apoyo el Amnistía Internacional, Asfadel, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Museo Itinerante Arte por la Memoria, Caminos por la Memoria, Comité Nacional de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Refugiados (COFADER),  Coordinadora Nacional de Víctimas y Afectados por la Violencia Política del Perú  (CONAVIP), Coordinadora contra la Impunidad, Instituto de Defensa Legal (IDL), Imaginación, Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Paz y Esperanza, Red de Mujeres, Servicios Educativos Rurales (SER) y Yuyachkani.Más información sobre el homenaje aquí: http://on.fb.me/1PzJGyt *Foto: Banco de imágenes de la CVR -  Archivo diario La República*Multitudinario homenaje, en la plaza de Huamanmarca, en Huancayo, a Saúl Muñoz Menacho, alcalde provincial por Izquierda Unida (IU) asesinado el 24 de julio de 1984 en esa ciudad por presuntos miembros de Sendero Luminoso.
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
25/08/2015 13:36:20
El próximo viernes 14 de agosto de 2015, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentará su Informe Anual 2014-2015 que contará con la presentación de Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, y Rocío Silva Santisteban, ex Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH. Además, los hallazgos del informe serán comentados por Eduardo Dargent, politólogo y analista, y  Jo-Marie Burt, asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentará su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el Perú durante el 2014 y los primeros meses del 2015. Este año, en el Informe Anual se presentarán datos acerca la vulneración de los derechos civiles y políticos, el seguimiento recomendaciones post CVR, la criminalización de la protesta, entre otros.Como parte de la información presentada acerca de la conflictividad social, la CNDDHH presentará una detallada lista sobre los 142 civiles muertos por uso abusivo de la fuerza en conflictos sociales. A esa cifra hay que añadir la reciente muerte de Edward Soto de la Cruz (41) en La Oroya, quien participaba de las protestas contra la contaminación de la empresa Doe Run. Esta lista presenta datos desde el año 2002 hasta la actualidad. La conflictividad social en cifrasEl reporte elaborado por Mar Pérez, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CNDDHH, hace un llamado de atención al actual gobierno en cuanto al objetivo de la estrategia del diálogo en las situaciones de conflictividad social. Según indica el informe, esta estrategia estaría “orientada a disminuir el nivel de movilización de los ciudadanos, sin dar una salida de fondo a los problemas estructurales” lo que significa “vulneración de derechos, especialmente aquellos relacionados con el ejercicio de la ciudadanía ambiental y los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.Por otro lado, el informe revela que “la conflictividad socioambiental supone más del 60% de los conflictos, y se ha incrementado de 118 conflictos a 141 durante el actual gobierno. Además, el reporte de Pérez sobre conflictos sociales advierte que el uso abusivo de la fuerza “tiene un carácter marcadamente discriminatorio, ya que la violencia empleada para reprimir las protestas es muy superior en las zonas rurales e indígenas del país. Ni una sola de las muertes mencionadas por excesos policiales ha ocurrido en la capital”.Durante los tres últimos periodos presidenciales, 138 civiles perdieron la vida a manos de las fuerzas del orden en contextos de protesta social. Durante el gobierno de Alejandro Toledo murieron 17 personas por uso abusivo de la fuerza, 80 durante el segundo gobierno de Alan García y, hasta la fecha, 45 personas murieron en el gobierno de Ollanta Humala. RecomendacionesRocío Silva Santisteban, ex Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH, recomendó que el Estado peruano derogue las normas que permiten que la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) “sea guachimanes de las empresas”. Además, Silva Santisteban recomienda al Estado que apoye la propuesta de una Convención sobre Empresas y DDHH que diferentes organizaciones están promoviendo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).En el 2014, la ONU aprobó 2 resoluciones sobre empresas y derechos humanos que proponen la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos así como el fortalecimiento del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos en la implementación de principios rectores.Por otro lado, ya que el 60% de los conflictos sociales son de carácter socioambiental, el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH recomienda que se derogue la ley Nº 30230 ya que afecta seriamente a los derechos de los pueblos indígenas así como la organización de procesos de consulta en todas las etapas de los proyectos que puedan afectar sus derechos o territorio.Esta ley, que 2014 fue aprobada en el 2014,  ha debilitado al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en sus facultades de evaluación y fiscalización ambiental. El informe del Grupo de Trabajo señala que “esta norma debió ser consultada a los pueblos indígenas porque vulnera el derecho a su territorio y establece procedimientos especiales para el saneamiento físico-legal de predios involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión que también pueden afectarles”. El evento se realizará el día viernes 14 de agosto a las 6:00 p.m. en la Av. Brasil 3169, Magdalena del Mar (local de la Derrama Magisterial).Ver el informe completo aquí: http://bit.ly/1J21nEw
Lucero Zuniga Montano
Política y Derechos Humanos
12/08/2015 16:22:03
Amnistía Internacional (AI), organización mundial de derechos humanos con sede en Perú, acaba de lanzar una campaña llamada "Contra Su Voluntad".  Al no existir una cifra oficial de las mujeres víctimas de esterilización forzada en el gobierno de Alberto Fujimori, Amnistía Internacional emprendió la campaña "Contra Su Voluntad" con la finalidad de exigir justicia para las mujeres víctimas. Esta campaña demanda a las autoridades la creación de un registro único de víctimas para que puedan acceder a la justicia y obtengan reparación por parte del Estado. Esta campaña realizará diversas acciones entre las cuales estará la recolección de firmas través de la plataforma virtual de la campaña "Contra Su Voluntad". El caso de las esterilizaciones forzadas es emblemático en Perú porque ya que constituye una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres esterilizadas a la fuerza y que llevan 18 años sin lograr justicia.  
Martin Asenjo Vega
Política y Derechos Humanos
05/08/2015 11:47:40
Este último sábado 25 de julio se clausuró el VIII Curso de Capacitación en Derechos Humanos aplicados a la Función Policial, organizado por la Dirección de derechos humanos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y contó con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH). 25 efectivos policiales se graduaron como instructores preparados para garantizar los derechos de los ciudadanos, tras haber sido capacitados en el “VIII Curso de Capacitación en Derechos Humanos aplicados a la Función Policial”, que se desarrolló del 22 de junio al 24 de julio. Este curso forma parte del proyecto “Fortalecimiento de las estrategias de prevención de la tortura y rehabilitación de las víctimas en el Perú y Ecuador” que vienen implementando COMISEDH, el Centro de Atención Psicosocial (CAPS) y la Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), con el apoyo de la Unión Europea.Los oficiales y suboficiales procedentes de diversas zonas del país fueron instruidos en técnicas de uso de la fuerza y de las herramientas que utilizan durante una intervención (como grilletes, vara de goma y armamento de fuego). El Cnel. Edwin Rolando Pereyra, Director de Derechos Humanos del Estado Mayor General PNP, manifestó que estos cursos tienen como propósito mejorar las intervenciones operativas del personal policial, ya que estas aún resultan ser una “problemática” en sus funciones.  Así mismo, se muestra esperanzado en el efecto multiplicador en todo el país de estas enseñanzas. “[Los 25 instructores] van a replicar todo lo que aprendieron en las diferentes jurisdicciones donde trabajan, de manera que podamos masificar estos conocimientos”, añadió que estos efectivos se están sumando a los más de cien policías capacitados en esta materia en todo el país.El Dr. Miguel Huerta Barrón, Director General de COMISEDH, recalcó que “nosotros (COMISEDH) estamos convencidos que el trabajo de la mano con el personal policial es fundamental para coadyuvar al desarrollo de capacidades que contribuyan a su labor, a que el efectivo policial pueda llevar a cabo su actividad en resguardo de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del país, y en resguardo de sus propios derechos”.Al término de la clausura de este curso, se anunció que dos de los instructores graduados viajarán a Chile, donde seguirán capacitándose en materia de derechos humanos, gracias a las gestiones realizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Fuente y fotografía: COMISEDH 
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
04/08/2015 14:35:35
Un grupo de ciudadanos activistas LGTBI manifestaron en el frontis del canal de televisión Latina por la publicación de una nota homofóbica en su página web. Un plantón al frente de Latina se sumó al malestar de varios ciudadanos por la ausencia de las disculpas públicas del canal frente a un acto de desinformación y discriminación sobre el tema de orientación sexual.El malestar es referido a la publicación de una nota en la página web de Latina donde se asume que “es natural que una persona se sienta atraída desde niño, por el sexo opuesto” sin considerar la diversidad en la orientación sexual. Incluso, la persona que redactó la nota informativa para el canal escribió que “sorpresivamente la gente tiene preferencias sexuales desviadas con personas del mismo sexo”.En la nota, que desinforma y reproduce aseveraciones homofóbicas, también se compara a la orientación sexual entre personas del mismo sexo con la zoofilia, atracción sexual de una persona hacia un animal.“El canal borró la publicación porque fue muy criticada pero no nos ha ofrecido disculpas”, señaló Carlos Polo, un ciudadano indignado por la publicación homofóbica. Polo señaló que “pedimos explicaciones y disculpas porque es información que la gente ya leyó. Los canales deben ser un referente positivo para combatir la discriminación y no para exacerbarla”.Para Oliver Carrasco, representante del colectivo #LaOvejaArcoiris, “es visible que se trata de una publicación malintencionada y es algo que rechazamos todos los vinculados al movimiento LGTBI. Hasta ahora no hay un pronunciamiento del canal y es algo que esperamos porque demandamos disculpas públicas por ese acto de homofobia”.El plantón fue convocado por diferentes colectivos, organizaciones LGTBI y activistas independientes indignados por los actos de homofobia cometidos en diferentes medios de comunicación. Recientemente, en Jerusalén, un judío ultraortodoxo acuchilló a 6 personas en la marcha del orgullo gay. Esta persona ya había hecho lo mismo en el 2005 y fue condenado a 12 años de prisión. Hace unas semanas salió de prisión y cometió el mismo delito. Foto: Lucero Zúñiga
Lucero Zuniga Montano
Política y Derechos Humanos
31/07/2015 21:58:23
El próximo viernes 7 de agosto se realizará la “Gran Movilización de los Pueblos Indígenas” en Pucallpa para la afirmación de la identidad indígena y la reivindicación de sus derechos fundamentales. La movilización es convocada por iniciativa de la Organización Regional AIDESEP- Ucayali (ORAU), que representa a 15 pueblos indígenas de esa región, en coordinación con otras 7 organizaciones regionales. Esta movilización cuenta con el  respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).El próximo viernes 7 de agosto, a partir de las 08:00 am, diferentes representantes de organizaciones indígenas se reunirán en el óvalo de Sáenz Peña, punto de concentración, desde donde partirán hasta la sede del Gobierno Regional de Ucayali.  El recorrido finalizará con un mitin donde las organizaciones indígenas expondrán sus demandas.Robert Guimaraes Vásquez, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali (FECONAU), señaló que en esta marcha se pedirá "justicia para los 4 líderes asesinados de [la comunidad nativa] Saweto, titulación de territorios comunales pendientes desde el año 2000, no a la deforestación de bosques en territorios ancestrales de los pueblos indígenas para siembra de palma africana".La réplica de esta marcha de sensibilización se realizará en 4 provincias de la región Ucayali. Asimismo, la región Loreto ha confirmado su participación a este evento en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo celebrado cada 9 de agosto.Ingresa aquí para consultar la Base de Datos de los Pueblos Indígenas: http://bit.ly/1M0bfSU FOTO: Robert Guimaraes
Jorge Soria
Política y Derechos Humanos
30/07/2015 13:44:19
Autoridades comunales y la Municipalidad Distrital de Toraya organizaron  la "VII Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal" y diferentes actividades en conmemoración al VII Aniversario del “Ojo que Llora”. Las actividades, que se realizaron el pasado 2 y 3 de julio de 2015,  se desarrollaron en la comunidad de Llinqui, distrito de Toraya, provincia de Aymares, Apurimac.  Estas actividades, que permitieron articular el campo del  desarrollo productivo, desarrollo de capacidades y  la memoria histórica. se desarrollaron en la nueva infraestructura de la  plaza comunal de LLinqui. En este lugar  se encuentra el monumento denominado  “El Ojo que Llora" donde a su alrededor hay piedras pequeñas con los nombres de las personas de la comunidad de Llinqui que han sido asesinadas, torturadas y desaparecidas a consecuencia del conflicto armado interno.Las acciones que se llevaron a cabo fueron culturales, recreativas, agropecuarias y cívicas. Entre ellas se destacó  el concurso de canto, poesía, dibujo y pintura  sobre la memoria histórica donde participaron  estudiantes de la institución educativa y  pobladores de Llinqui. Asimismo, la población protagonizó los números artísticos culturales “Llanta Chitqay” y "La Chamizada”, expresiones artísticas de danza y música típica.El aniversario y la feria contaron con la con la participación de los pobladores de Llinqui y comunidades aledañas así como de los regidores de la  Municipalidad Distrital de Toraya, autoridades comunales,  representantes de la  Policía Nacional del Perú de la Comisaria de Chalhuanca, Gobernación Distrital,  I.E.I  Señor de los Milagros, I.E.P Leoncio Prado, Comisión Multisectorial de Alto Nivel,  Cooperativa los Andes, Club de Madres, Programa Juntos, Pensión 65, JASS, Asociación Haku Wiñay, Asociación  de Productores Unión Puka Llampu (Llinqui), Virgen Asunción (Canua), Red de Jóvenes de Apurimac,  la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado Nueva Esperanza de  Toraya (AVCAINET).  Foto: Aprodeh  
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
24/07/2015 12:12:05
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en representación de sus 78 organizaciones miembros, solicita investigar y sancionar a la Presidenta del colegiado B de la Sala Penal Nacional,  Mirtha Bendezú Gómez, por estar comprometida en un intercambio de correos electrónicos con el procesado por violación a los derechos humanos, General  Marino Ambia Vivanco, para favorecerlo en su proceso.  La CNDDHH se pronunció ante la denuncia del diario La República donde evidencia que mediante correos electrónicos se habla de la intervención para evitar que uno de los testigos de los hechos, Luis Tinco Cuya, pueda declarar en el proceso del caso Matero y de esa manera lograr que los procesados sean sancionados. Tal como se indica en los correos eso mismo ocurrió en la Sala donde participó la referida magistrada absolviendo al General Marino Ambia Vivanco por falta de pruebas.Estas denuncias, afirma la CNDDHH, "han generado una gran desconfianza en las víctimas o familiares de violaciones a los derechos humanos, así como en las organizaciones de derechos humanos que los asesoran, en la búsqueda y posibilidad de lograr  Verdad y Justicia en los tribunales nacionales".La CNDDHH señala que desde el año 2008, las organizaciones de derechos humanos han observando que "la referida magistrada siempre votaba por absolver a los denunciados por violaciones a los derechos humanos, y hoy tendríamos sólidos indicios que explicarían esta actuación Consideramos esta situación muy grave no sólo para la Sala Penal Nacional sino para el Poder Judicial en su conjunto".La CNDDHH saluda la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de separar a la Dra. Bendezú, del colegiado B, y demanda que la Oficina del Control de la Magistratura realicer una exhaustiva investigación  de su actuación y de los otros miembros de la Sala Penal Nacional que actuaron en el caso  Matero, así como en otros casos donde ha participado la referida Magistrada.Fuente: CNDDHH
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
15/07/2015 15:30:34
Sala Penal Nacional sentenció a 15 años de cárcel al Cnel. EP Manuel Delgado Contreras por el asesinato de cuatro comuneros de la localidad puneña de Chilliutira en mayo de 1991. También se le exigió pagar una reparación civil de S/. 100 mil para cada familia de las víctimas. Se trata de una histórica sentencia de derechos humanos en la que se ratifica la culpabilidad del acusado, luego que éste interpusiera la revisión de su primera sentencia. A 15 años de prisión fue condenado el Cnel. EP Manuel Delgado Contreras por el asesinato de cuatro comuneros de Chilliutira (Orurillo, Melgar, Puno) y al pago de S/.100,000.00 de reparación civil a favor de cada familia de las cuatro víctimas. Esta sentencia fue emitida el martes 14 de julio por la Sala Penal Nacional.En mayo de 1991, Juan Hualla Choquehuanca, Feliciano Turpo Valeriano, Roberto Quispe Mamani y Francisco Atamari Mamani fueron asesinados por los Sub-Tenientes EP José Hildebrando Loayza Gutiérrez y Manuel Giovani Delgado Contreras mientras eran trasladados de la Comunidad de Chilliutira hacia la Base Contrasubversiva de Ayaviri. Los pobladores, detenidos por el presunto delito de terrorismo, fueron asesinados a balazos pocos metros antes de llegar al cuartel.El 23 de setiembre de 2011, ambos militares fueron condenados a 13 años de prisión por la Sala Penal Nacional por el delito de homicidio calificado. Esta condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, Delgado Contreras planteó un ‘recurso extraordinario de revisión’ en el que solicitó la nulidad de su condena debido a que contaba con nuevas pruebas. Este recurso fue admitido por la Corte Suprema en mayo del 2013 y lo declaró ‘fundado’ a fines del mismo año, ordenando el desarrollo de un nuevo juicio en el que se tomen en cuenta estas pruebas.Este segundo juicio, que culminó el 15 de julio,  decidió condenar a Manuel Delgado Contreras por el delito de homicidio calificado con gran crueldad y alevosía. De esta manera, el Poder Judicial ratificó la culpabilidad de Delgado Contreras en el asesinato de los cuatro comuneros ya que los agraviados no eran terroristas y no intentaron fugar.El Hernán Barrenechea, abogado de la Comisión de Derechos Humanos, institución a cargo de la defensa de los familiares de las víctimas, señaló que "se espera que esta sentencia sea ratificada por la Corte Suprema para así culminar con la impunidad en que se encontraba este caso”. Los hechosEl 21 de mayo de 1991, Juan Hualla Choquehuanca, Feliciano Turpo Valeriano, Roberto Quispe Mamani y Francisco Atamari Mamani son detenidos en la Comunidad de Chilliutira (distrito de Orurillo, provincia de Melgar, Puno) por la patrulla “Pulpo”, al mando del Sub-Teniente EP José Hildebrando Loayza Gutierrez y los trasladan a pie hacia la Base Contrasubversiva de Ayaviri. Mientras eran trasladados , la patrulla “Orión”, a cargo del Sub-Teniente EP Manuel Giovani Delgado Contreras, parte de Ayaviri con un vehículo para dar alcance a los pobladores acusados de terroristas. A pocos metros de llegar al cuartel militar, los jefes de ambas patrullas asesinaron a balazos a los cuatro detenidos.Los acusados han aceptado que cometieron este homicidio contra los cuatro pobladores, pero bajo el argumento de que estos intentaron huir. Sin embargo, no se probó que los comuneros hayan intentado fugar pues se encontraban maniatados y con los ojos vendados. Fuente: COMISEDHFoto: COMISEDH
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
15/07/2015 15:01:26
Denuncia del diario La República sobre el favorecimiento de un militar implicado en la desaparición forzada de 4 pobladores de Matero, Ayacucho, provocó que los familiares del caso se manifiesten en el frontis de la Sala Penal Nacional. En 1986, en la localidad de Matero, Ayacucho, agentes militares desaparecieron a Martín Escriba Pillaca, Melchor Tineo Pérez, Seferino Quispe Pillaca y Albino Quino Sulca. El 2010, la Sala Penal Nacional absolvió a los efectivos militares Carlos Armando Bardales Angulo, Marino Nemesio Ambía Vivanco y al efectivo policial Javier Augusto Culquicóndor Díaz, quienes eran señalados como presuntos responsables de la detención y desaparición forzada de las cuatro víctimas.Francisca Anampa se encontraba con su bebé de 6 meses y su hija de 12 años cuando fue llevada por los militares a la base militar de Cangallo. Ella asegura que en ese lugar vio a Seferino Quispe Pillaca y se enteró que a su esposo, Albino Quino Sulca, de 34 años, también había sido detenido. “A él se lo llevaron detenido en una batida pero antes me habían agarrado a mí. Me llevaron a Cangallo con [Seferino Quispe] Pillaca y por mis dos hijos me dejaron”, recuerda Francisca quien viajó a Lima en 1990 para buscar justicia y criar a sus 6 hijos. “Nosotros no tenemos ni un hueso de ellos. Todos los familiares nos sentimos indignados por tanta corrupción pero ahora que se sabe queremos que se investigue a fondo“.El pasado 11 de julio de 2015, el diario La República difundió correos electrónicos que revelan coordinaciones y entrega de dinero para los magistrados de la Sala Penal Nacional a cargo del caso Matero para favorecer al general Marino Ambía, quien se desempeñaba como teniente en la base militar de Cangallo. Presunto acuerdo “Los correos que se han publicado dan a entender que demuestran que hubo coordinación y conspiración activa para garantizar la impunidad. Mi preocupación es que esa práctica sea extendida. No sabemos, hasta el momento, la profundidad de este problema pero lo que sí sabemos es que en el Perú, desde hace ya varios años, la Sala Penal viene absolviendo a imputados en casos de violaciones a derechos humanos utilizando argumentos jurídicos poco serios”, manifestó Jo Marie Burt, reconocida  especialista en asuntos del Perú y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.Por otro lado, Gloria Cano, abogada y directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, señaló que se solicitará una investigación sobre la actuación de las juezas Mirta Bendezú, la doctora María Vidal y Rosa Amaya en la absolución de Mariano Ambía. “Todas las personas que buscan justicia merecen tener un tribunal imparcial y no creemos que los tribunales compuestos por la doctora Mirtha Bendezú o la doctora María Vidal tengan las características de un tribunal imparcial”, manifestó Cano. Testimonio desestimado y demanda de los familiares A raíz de la denuncia del diario La República, los familiares y las organizaciones de derechos humanos buscan sanción para los responsables y que se separe a las juezas de los casos de violaciones a los derechos humanos. Además, si la investigación sobre corrobora la denuncia del diario existen posibilidades para que el caso se reabra.“El caso Matero está concluido y, de comprobarse la actuación de las magistradas, habría salido enormemente perjudicado porque ocultaron a uno de los testigos claves en la desaparición de las 4 personas”, indica la directora de Aprodeh.La importancia del testigo es mencionada en el siguiente párrafo de la investigación de La República:“En este correo también se indica que un testigo (Luis Tinco Cuya) llegó al tribunal con información y pruebas que acreditan la participación en los hechos del general Ambía y del coronel EP Carlos Bardales Angulo, pero que no se recibió oficialmente su testimonio y lo regresaron a Ayacucho.”Frente a ello, Burt expresa su preocupación ante esta práctica de la Sala ya que “desconoce el valor de un testimonio cuando, Muchas veces, ellos [los familiares de las víctimas] son los únicos presentes”.  En este caso, reflexiona Burt, “la jueza no desechó el testimonio como prueba sino que lo desestimó para generar duda sobre el imputado”. Corrupción e impunidadMaría Ysabel Cedano, directora del Estudio para la Defensa de la Mujer, lamentó que “de 200 juicios por lesa humanidad solo sean sentenciados el 9% y que de 275 sentenciados por violación de derechos humanos 223 fueran absueltos. Esta denuncia revela la relación entre la corrupción y la impunidad generada por la propia Sala Penal en los casos de violación de derechos humanos”. Sin embargo, Cedano destacó y saludó el compromiso del diario La República por difundir este acto de corrupción que afecta el acceso a la justicia en los casos de derechos.Finalmente, Burt resaltó que este hecho es una grave afrenta a los derechos de las víctimas y a la sociedad peruana “porque significa una burla y un gran paso en retroceso para el Perú en la búsqueda de la verdad, la justicia y reconciliación para los crímenes del pasado”.   
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
13/07/2015 16:19:35
Miembros de la Asociación de Mujeres afectadas por la Esterilización Forzada de Cusco (AMAEF)  y del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huamcabamba (CDHME-Hbba) presentaron su testimonio ante foro sobre esterilizaciones forzadas a fin de narrar los procedimientos médicos que les realizaron, las consecuencias en materia de salud física y metal que hasta la actualidad enfrentan y denunciar la poca respuesta que han obtenido desde el Estado.El día lunes 6 de julio se desarrolló en el Congreso el “Foro sobre Derechos Humanos de las mujeres. Perú: Esterilizaciones forzadas- 18 años sin justicia”. El evento fue organizado por la Parlamentaria Andina  Hilaria Supa Huamán en coordinación con la Asociación de Mujeres afectadas por la Esterilización Forzada de Cusco (AMAEF) y el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huamcabamba (CDHME-Hbba).En el evento fueron las propias víctimas quienes informaron sobre la situación actual del caso de Esterilizaciones Forzadas cometidas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Este hecho fue denunciado como delito de lesa humanidad pero fue archivado el 22 de enero de 2015 por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima a cargo del Fiscal Provincial Titular, Marco Guzmán Baca.El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, señaló que los principales problemas en la aplicación de la política pública de planificación familiar implementada desde 1996-2000 fueron: 1. Falta de garantías para la libre elección y de consentimiento libre e informado. Por ejemplo, ausencia de consejería previa,  elecciones alternativas y presión por parte de funcionarios médicos.2. Campañas exclusivas de  ligaduras de trompas en desmedro de métodos temporales y dirigidas a sectores de escasos recursos de zona rural.3. Cobros indebidos4. Falta de seguimiento post operatorio a las usuarias de las intervenciones quirúrgicas5. Tendencia compulsiva en la aplicación del programa de salud reproductiva y familiar 1996-2000. Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación FamiliarDurante el gobierno de Alberto Fujimori se aplicó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF-1996-2000). La implementación de dicho programa fue realizada de manera irregular y coercitiva, lo que ocasionó que hombres y mujeres de zonas andinas rurales y del norte del país fueran esterilizados de manera forzada y masiva.A finales de la década de los noventa, un grupo de mujeres de Anta realizó la denuncia pública de esterilizaciones forzadas en diversos establecimientos médicos. Se denunció que las intervenciones quirúrgicas fueron realizadas sin consentimiento a mujeres de zonas marginales y en su mayoría quechuahablantes. Además, ellas fueron esterilizadas en un marco de presión, hostigamiento, ausencia de información, amenazas y engaños.El resultado de la aplicación de este programa fue la vulneración de los derechos humanos de, aproximadamente, 370 mil mujeres de los sectores más pobres del país.  Respuesta del Estado“¿Y cuál es la respuesta de las autoridades?” Era una de las preguntas más recurrentes en los testimonios de las mujeres esterilizadas. Mientras las mujeres víctimas de esterilización forzada, que brindaron sus testimonios, esperaban respuestas contundentes, los  representantes del Estado manifestaron que es lamentable reconocer que aún no se logra atender de manera eficiente estos casos.Por ejemplo, la representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Silvia Loli, señaló que dicho sector viene presionando y solicitando información para conocer las acciones que se realizan en materia de reparación. Por otro lado, el representante del Ministerio de Salud brindó información sobre convenios a nivel de Lima pero no sobre el trabajo en provincias.Loli también indicó que, si bien es cierto que el MIMP se encarga de establecer normas y disposiciones de cómo se debe actuar y brindar asesoría técnica a distintos niveles de gobierno, existen otras entidades a las que les corresponde dar respuestas. Deficiencia en la investigación Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, sostuvo que las investigaciones realizadas por las autoridades son deficientes, como la del fiscal Marco Guzmán Baca, y ello da la oportunidad de exigir que se reabra el caso.La esterilización forzada es un delito de lesa humanidad y por tanto es imprescriptible.  Además, Rivera sostiene que las declaraciones brindadas por las mujeres agraviadas fueron realizadas en ausencia de intérpretes, no todas las denunciantes fueron evaluadas por médicos legistas y todavía faltan mujeres que tienen que ser evaluadas. Campañas de solidaridadVarias  organizaciones de la sociedad civil vienen formulando y ejecutando campañas con la participación de las mujeres afectadas con el fin de que se reabra el caso para que el Estado responda por la demanda de violación de los derechos humanos y la dignidad de las agraviadas.Proyecto Quipu, por ejemplo,  emplea una línea de teléfono, un documental web interactivo, una campaña radial y un largometraje para difundir los testimonios de las mujeres y hombres afectados. "Mi cuerpo, Mis derechos" es una campaña de Amnitía Internacional que exige a los países poner fin al uso ilegítimo de la legislación penal para controlar la sexualidad y la reproducción. Otro aporte de visibilización y denuncia del caso es el de la organización Documental Peruano ya que realizó numerosos documentales sobre las esterilizaciones forzadas en Piura.  FOTO: Amnistía Internacional
Leanna Zuniga MOntano
Política y Derechos Humanos
09/07/2015 15:59:50
Marcha convocada por la Confederación  General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Red de Solidaria de Sindicatos junto a Colectivos Juveniles, marcharan el día de hoy sábado 27 de julio del presente año a partir desde las nueve de la mañana por las principales calles de la ciudad de Pucallpa, partiendo desde el Ovalo de Sáenz en  contra los despidos masivos y contra una nueva y recargada versión de la derogada Ley Pulpín.Después de la derogatoria de denominada Ley Pulpín, el Ejecutivo ha presentado el Proyecto de Ley 4008, este proyecto reduce en 20% los salarios de los y las trabajadores, si este Proyecto es aprobado, los empleadores podrán pagar a los trabajadores un promedio de 20% de su salario en bonos. Es decir, si un trabajador recibe S/. 1000 soles, S/.  200 soles,  se los pagaran en bonos,reduce el liquides y capacidad de consumos de los trabajadores, este Proyecto de Ley que lleva irónicamente el nombre de “Proyecto que Promueven el Mejor Desempeño del Mercado Laboral, modificará la legislación vigente, con el único objetivo de beneficiar  a las empresas que ahora tendrían nuevas y más baratas formas de pago a sus trabajadores.La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) también se reduciría, así como otros beneficios, estos estarán  cuantificados en base al resultado de las resta del 20% de S/. 1000 soles es S/. 200 soles, el resultado de resta seria la base con que se cuantificará las CTS, esto significaría 200 soles menos en los bolsillos de los trabajadores.Además se movilizaran por el archivamiento del el Decreto Supremo 013, que el Ejecutivo ha impuesto, este Decreto da licencia y cartas a las empresas a despedir masivamente a los trabajadores, alegando que han tenido pérdidas en los últimos tres meses, cabe mencionar que las empresas mostrarían como pruebas, sin fiscalización de ninguna institución que pueda corroborar que esta información es verdadera.  Foto: La República
Lucero Zuniga
Política y Derechos Humanos
27/06/2015 11:13:11
El proyecto de ley sobre acoso político, impulsado por la congresista Verónika Mendoza y respaldado por las congresistas Rosa Mavila, Ana María Solórzano y Claudia Coari,  propone sancionar con penas de cárcel entre 2 a 3 años o el pago de una multa de 300 hasta 700 días.  Esta iniciativa busca prevenir, sancionar y erradicar  la discriminación y violencia ejercida contra las mujeres y garantizar el ejercicio de sus derechos políticos. Este proyecto de ley busca proteger a mujeres autoridades, candidatas, representantes de organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, entre otras.El proyecto de ley sobre acoso político se respalda en un estudio que realizó la organización feminista Flora Tristán junto a Diakonía y Calandria en el 2011 y que fue presentado al año siguiente a raíz de los casos de acoso político reportados por la Red Nacional de Mujeres Autoridades. Cifras y testimonios El último reporte del Jurado Nacional de Elecciones indica que de cada 10 mujeres candidatas en el último proceso electoral señalaron haber sido víctimas de algún tipo de agresión. Asimismo, se ha demostrado que 2 de 5 mujeres autoridades sufren de acoso político. Entre los casos de acoso político hacia mujeres se presentan situaciones de maltrato físico, agresiones verbales y de carácter sexual así como el menosprecio de la capacidad de gestión. Una consejera de Ayacucho manifestó que el alcalde decía "si las mujeres no están capacitadas para ser funcionarias deben ir a su casa a lavar y cocinar". Otra mujer autoridad de Apurímac contó que el alcalde  y los regidores "decían y querían que yo me encargue de organizar el almuerzo". El testimonio de una regidora distrital de Cusco señala que la acusaron de tener una relación sentimental con el alcalde y que tuvo que hacer una prueba de paternidad a su hijo como respuesta a los hostigamientos de la esposa del alcalde.Por otro lado, existen casos de mujeres autoridades que respondieron a los maltratos a través de denuncias pero que no prosperan. Una regidora provincial de Apurímac denunció "el maltrato físico por parte del alcalde" ya que se dieron agresiones verbales injuriosas y sexuales. Mientras que otra regidora contó que el alcalde la llamaba analfabeta a pesar de haber estudiado en el mismo colegio y tener la misma instrucción académica; esta regidora de Huancavelica señaló que además su esposo le quitó apoyo económico desde que es regidora y que tiene miedo de reclamar. Este proyecto de ley fue presentado en 2012 pero es en diciembre de 2014 que fue aprobado de manera unánime por la Comisión de la Mujer y la Familia. Frente a los cuestionamientos sobre si esta ley es para favorecer a la primera dama debido a los constantes cuestionamientos por sus lujosas compras con una tarjeta de crédito,  Ana Luna Guillén, representante de Flora Tristán, afirma que las fechas de aprobación del proyecto demuestran que no es una ley a favor de la primera dama.El acoso político hacia mujeres ya está legislado en países como México y Bolivia. En Perú, las regiones San Martín y Puno disponen de una resolución que sanciona el acoso político. Sobre el proyecto de ley, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y Transparencia tienen una opinión favorable.
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
12/06/2015 11:50:41
El Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios, anunció que la petrolera Pluspetrol pagará una multa de 29 millones de soles por contaminación ambiental en el Lote 8X ubicado en la Reserva Pacaya Samiria. El apu Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), en Loreto, denunció en 2012 la contaminación generada por la empresa petrolera y sus malas prácticas ambientales. Recuento de los hechosEl proceso inició el 6 de noviembre de 2012, cuando ACODECOSPAT interpuso una demanda contra la empresa Pluspetrol, operadora del Lote 8X, en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nauta, en Loreto. La asesoría legal estuvo a cargo del Instituto de Defensa Legal Ambiental y Desarrollo Social (IDLADS).La consecuencia de esta demanda fue la primera inspección ambiental realizada en la Batería petrolera Yanayacu, centro de operaciones del Lote 8X  en diciembre de 2012. A la inspección ambiental asistieron la fiscalía con el acompañamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP).Pese a que en la diligencia se encontraron contundentes evidencias de contaminación, ACODECOSPAT, en 2013, denunció “el abandono del Estado evidenciado en la complicidad del SERNANP y la Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria con la empresa Pluspetrol, encubriendo los daños ocasionados”.Las imágenes de la contaminación petrolera en la zona junto a un reporte emitido por el Área de Supervisión del OEFA demostraron altos índices de contaminación por hidrocarburos y  metales pesado en aguas y suelos de los puntos de muestreo de la inspección de diciembre 2012.MultaEn enero de 2013, el Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA ya había emitido una resolución donde le imputa una multa a Pluspetrol Norte S.A. de  29 millones de soles aproximadamente. Sin embargo, la empresa petrolera apeló por vía judicial.Posteriormente, la organización indígena logró que  se realizara un nuevo monitoreo ambiental en setiembre de 2014, tanto en la cuenca del Marañón como en la Reserva Pacaya Samiria. Este monitoreo, más integral y exhaustivo, devino en una emergencia ambiental decretada por el Ministerio del Ambiente a inicios de 2014.Más información aquí: http://goo.gl/jAICTfFOTO: Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
12/06/2015 10:14:13
"Nuestra lucha por encontrar la verdad y la justicia no descansará" afirman los familiares de los policías fallecidos en los sucesos violentos en el Baguazo.  Nancy Salcedo, hermana del Suboficial PNP Jhonny Salcedo Meza, Renán Delgado, padre del Suboficial PNP Rely Jheferson Delgado Sánchez y Flor Vásquez, Vda. del Comandante PNP Miguel Montenegro Castillo, manifestaron su preocupación porque "quienes son los responsables de las muertes de los policías y nativos en el Baguazo"  pretenden ser nuevamente gobernantes "sin haber afrontado sus responsabilidades, sin someterse a la justicia". Asimismo, los familiares de los policías caídos denunciaron amenazas, maltratos y amedrentamientos de parte de ex funcionarios apristas. Sin embargo, advirtieron que pese a ello harán "lo imposible por evitar que malos gobiernos con sus malas prácticas y ejemplos sigan generando la violencia social que a todos afecta".Los representantes de los policías fallecidos en el Baguazo presentaron hoy una demanda en la Fiscalía de la Nación por la responsabilidad política del expresidente Alan García y los ex ministros Yehude Simons, Mercedes Cabanillas, Mercedes Araoz y Antero Flores que desencadenaron los sucesos violentos en el Baguazo.La conmemoración de los policías caídos seguirá el siguiente programa organizado por sus familiares:  10 am - Presentación de la demanda penal en la Fiscalía de la Nación 11 am - Misa por los 6 años del fallecimiento de nuestros familiares en la Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, en el Fuerte Hoyos Rubio, paradero Portada4 pm  - Congreso de la República – Congresista Marisol Pérez Tello6 pm  - Participación en la Proyección del documental “"La Espera. Historias del Baguazo"” y conversatorio en  la PUCP (Estudios Generales Letras) A continuación reproducimos la nota de prensa completa que difundieron los familiares: A 6 años del fatídico Baguazo familiares de policías caídos presentan demanda penal contra Alan García Pérez, Yehude Simons, Mercedes Cabanillas y Mercedes Araoz, Antero Flores El día 5 de junio de 2015 se cumple un año más  de la partida de nuestros seres queridos, a raíz de un hecho que es considerado como la peor tragedia para la Policía Nacional del Perú, institución que viene siendo mancillada por los gobiernos de turno, en busca de intereses poco nacionalistas. Como es de público conocimiento, el año 2009, el gobierno aprista encabezado por el ex presidente Alan García Pérez impulsó la aprobación de Decretos Legislativos a través del Congreso de la República. Decretos que eran atentatorios para los pueblos indígenas que no fueron consultados. Producto de ello reclamaron sus anulación y ser consultados como mandaba la legislación internacional (Convenio OIT 169). Ante la negativa del gobierno realizaron actos de protesta durante semanas que culminaron en la toma de la carretera Fernando Belaunde Terry (en la zona conocida como “Curva del Diablo”) y en la Estación de Bombeo Nro. 6 de Petroperú.  Esto sucedió en las Provincias de Utcubamba y Bagua, respectivamente en la región Amazonas. El Gobierno del Sr. Alan García fue desenmascarado en sus intenciones de imponer, a como dé lugar, aquellos Decretos Legislativos, que según la Ex Ministra de Economía Mercedes Araoz, condicionaba la aprobación del TLC con Estados Unidos. Cosa que luego se confirmó falsa.Después de aproximadamente 50 días de paralización, el 5 de junio del 2009, los Policías fueron utilizados, cobardemente por el gobierno aprista para satisfacer sus intereses antinacionales. Envió a un grupo reducido de efectivos, de manera improvisada, con un plan operativo muy cuestionado, a desalojar a más de 1000 manifestantes en la “Curva del Diablo”, en el día en que los manifestantes habían acordado retirarse. Mientras tanto, en la Estación de Bombeo Nº 6 de Petroperú, 38 policías se encontraban en situación de rehenes. Ellos habían estado sitiados desde hacía semanas por cientos de nativos que habían tomado el control de la estación. Sin embargo, la Ex Ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el Ex Ministro de Defensa Antero Flores Araoz, dicen de manera inverosímil que no tuvieron conocimiento de esta situación. La orden de desalojo dada en la “Curva del Diablo” el día 5 de junio de 2009, produjo un enfrentamiento innecesario entre policías y manifestantes, lo que provocó la muerte de 10 nativos, 11 policías y la desaparición del  Mayor Bazán, no habido hasta la fecha. En represalia por los hechos sucedidos en la “Curva del Diablo”, ese mismo día en la Estación 6 fueron masacrados y asesinados salvajemente 12 policías, sin haber hecho un solo disparo,.Los policías caídos, al igual que los nativos muertos, dejaron hijos en la orfandad, viudas en desamparo, padres que vieron frustrados los proyectos de vida de sus hijos. Nosotros, los familiares de los policías que ofrendaron su vida, hace 6 años, nos sentimos como si los hechos hubieran sido ayer, nuestro dolor, pena e indignación siguen intactos. Seguimos esperando que algún día se conozca la verdad de lo que sucedió, quiénes son los culpables y se respondan muchas preguntas que nos hacemos a cada momento. A pesar que hay indicios suficientes, hasta la fecha no se ha determinado responsabilidades penales, ni en actores directos del delito ni en aquellos sobre los que pesa, además, responsabilidad política y que usan su poder para evadirla.Vemos con profunda decepción que lo sucedido hace 6 años no ha servido de lección para el Estado y la nación. Queda claro cómo en el actual gobierno se sigue propiciando el enfrentamiento entre policías y campesinos, se sigue permitiendo negligentemente la muerte entre peruanos. Lástima que el presidente Humala, que fue oposición cuando la lucha amazónica y brindó su apoyo, hoy haya olvidado al pueblo por satisfacer otros intereses. Del mismo modo nos sentimos alarmados y seriamente preocupados de que quienes son los responsables de las muertes de los policías y nativos en el Baguazo pretendan ser nuevamente gobernantes. Sin haber afrontado sus responsabilidades, sin someterse a la justicia, sin siquiera hacer un mea culpa por el desprecio y maltrato que se le dio a nativos y a policías, a nuestros hermanos e hijos. Por eso advertimos a los ex funcionarios apristas, que pese a sus amenazas, pese a sus maltratos y amedrentamientos:Nuestra lucha por encontrar la verdad y la justicia no descansará, a pesar de las dificultades que encontramos en el camino.Haremos lo imposible por evitar que malos gobiernos con sus malas prácticas y ejemplos sigan generando la violencia social que a todos afecta.Bagua no se olvida. Nuestros policías y hermanos nativos no quedarán enterrados sin justicia. El país se merece que los responsables materiales, intelectuales y políticos sean procesados y castigados como ejemplo para los siguientes gobiernos. De lo contrario, jamás tendremos paz social.  REPRESENTANTES:NANCY SALCEDO MEZA – celular: 945 216 817HERMANA DEL SUBOFICIAL PNP JHONNY SALCEDO MEZA RENÁN DELGADO ALVA – celular: 942 438 184PADRE DEL SUBOFICIAL PNP RELY JHEFERSON DELGADO SÁNCHEZ FLOR VÁSQUEZ VDA. DE MONTENEGRO – celular: 997 539 412ESPOSA DEL Cmdte. PNP MIGUEL ANTONIO MONTENEGRO CASTILLO
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
05/06/2015 11:27:56
La periodista y Directora de Convoca, Milagros Salazar, escribió un extenso y detallado artículo en respuesta a la consultora minera y ex Directora General de Minería, Marita Chappuis, quien sostuvo que la investigación periodística de Convoca se basó en “comentarios” sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Tía María. Además, Chappuis calificó la investigación de tener “poca rigurosidad técnica”. Marita Chappuis, consultora minera y ex Directora General de Minería, publicó  en su columna del viernes 29 de mayo en el diario El Comercio, que "la ONG Cooperacción y el equipo de reporteros Convoca han publicado comentarios sobre el EIA [Estudio de Impacto Ambiental] de poca rigurosidad técnica. Ambos informes se enfocan sobre lo que a su entender puede ocurrir si se construye este proyecto minero". Sobre los hallazgos de Convoca, Chappuis señaló que esa investigación "alarma" sobre el peligro del uso del agua del río Tambo porque su planta desalinizadora podría ser insuficiente. Al respecto, Milagros Salazar, Directora de Convoca, publicó su respuesta a Marita Chappuis sobre Tía María y reveló las razones por las que Chauppuis defiende a Southern. La periodista recordó que la investigación de Convoca, publicada también en el diario La República,​ reveló que Southern no incluyó en el EIA el Estudio de Factibilidad de la planta desalinizadora. Ese documento debió ser revisado por los evaluadores del Ministerio de Energía y Minas para asegurar que la planta realmente tenga la capacidad de procesar el agua de mar que requiere la producción del mineral sin que luego capte agua del río Tambo, del que depende la población. Salazar, frente al comentario sobre la poca rigurosidad técnica en la investigación sobre Tía María, señaló que Convoca accedió a los 35 tomos del proceso de aprobación del estudio ambiental y analizó los puntos principales de los documentos con la ayuda de ingenieros ambientales. Además, la periodista también señaló que Marita Chappuis, que brinda servicios a la consultora Arcadis Perú SAC, que entre sus clientes está Southern, "es vocal titular del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en temas de energía y minería de Osinergmin, una instancia que da su última palabra para sancionar o no a las mineras por infringir normas en seguridad e higiene".Nota completa aquí: http://goo.gl/yQojpx FOTO: Gestión
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
02/06/2015 17:49:46
El Dictamen del Proyecto del Nuevo Código Penal se debate hoy en el Congreso y las organizaciones de derechos humanos presentaron un informe que analiza y aporta sobre los delitos contra los derechos humanos.La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y el Centro de Atención Psicosocial (CAPS) difundieron un informe sobre el Dictamen del Proyecto de Ley del Nuevo Código Penal donde saluda los avances en materia de derechos humanos pero señala preocupación sobre los retrocesos en los delitos de desaparición forzada, delitos de lesa humanidad, determinación de la lesión psicológica entre otros. Avances contra la torturaEn el actual Código Penal el delito de tortura no se regulan los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, razón por la cual el Perú fue observado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas donde recomendó que se modifique e incluya una definición de la tortura que abarque los aspectos señalados. El Dictamen del Nuevo Código a debatir incorpora el tipo penal de tratos crueles, inhumanos y degradantes al mismo tiempo que establece los criterios de evaluación para distinguirlos. Al respecto, Miguel Huerta, Director General de COMISEDH y coordinador del Grupo de Trabajo Contra la Tortura, señaló que este “es un cambio significativo que nos acerca a los estándares internacionales”; sin embargo, indicó que todavía se tienen que mejorar los criterios de evaluación ya que resulta excesivo  que se cumplan todos los requisitos para determinar si hubo delito o no. Huerta también indicó que se debería modificar la descripción sobre el trato cruel contra internos o detenidos ya que, como lo plantea el Dictamen, implica más un delito de tortura. Graves retrocesosEl Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que ningún cargo oficial de una persona la exime de responsabilidad penal ni permitirá que se le reduzca una pena por violación de derechos humanos y crímenes internacionales. Sin embargo, el proyecto del nuevo Código Penal plantea que habrá excepcionalidades frente al principio de igualdad.Por otro lado,  si bien en el Dictamen del nuevo Código Penal se establece que los delitos de genocidio, lesa humanidad, contra el Derecho Internacional Humanitario y de agresión son imprescriptibles, no se incluyen a los delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos donde se encuentran los delitos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada y tortura. Cambio de referenciaOtro punto que llamó la atención es el cambio de denominación jurídica de los Delitos Contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El nuevo proyecto propone que se les denomine Delitos Contra los Derechos Humanos Perpetrados en Tiempos de Paz o de Conflictos Armados. Reproduciremos textualmente la observación de las organizaciones de derechos humanos en su informe:“Puede entenderse que cuando se hace referencia a los Delitos contra los derechos humanos perpetrados en tiempo de paz se está comprendiendo los Delitos contra el  Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sin embargo cuando se emplea  el concepto delitos contra los derechos humanos en tiempo de conflictos armados parece referirse a los Delitos contra el Derecho Internacional Humanitario”.Derecho Internacional Humanitario establece normas mínimas de humanidad en contextos de conflicto armado para garantizar la protección de un grupo de personas  (población civil, náufragos, aquellos que dejaron las hostilidades por caer enfermos o heridos, personal sanitario, religioso, entre otros) o para regular la conducción de las hostilidades. Esta es una obligación tanto para las autoridades gubernamentales como para los grupos armados no estatales. Mientras que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos genera obligaciones a los Estados para garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en su jurisdicción.“Parece que hay temor de los legisladores en llamar a las cosas por su nombre”, manifestó el Director General de COMISEDH ya que, si bien el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos son parte del Derecho Internacional Público, ambos tienen particularidades. Al respecto, el informe recomienda que la referencia sea “Delitos Contra el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y no como lo plantea el Dictamen del Proyecto del Nuevo Código Penal.La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos, los Parlamentarios para la Acción Global y la Coalición por la Corte Penal Internacional publicaron una carta a los congresistas  previo al debate del Dictamen del Nuevo Código Penal. Leer el informe completo aquí: bit.ly/1SCXNWs FOTO: El Comercio
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
28/05/2015 11:44:09
Los restos de Luis Quispe Chumpi  fueron velados frente a la comisaría del distrito de Marcona ya que fue un policía quien causó su muerte durante el  séptimo día protesta del Paro Distrital Indefinido de Marcona. El caso se encuentra en investigación. Luis Quispe Chumpi (38 años) fue enterrado ayer, 26 de mayo, en el cementerio local de Marcona tras haber recibido un balazo en la cabeza durante el Paro Distrital Indefinido de Marcona. A raíz de su asesinato, los manifestantes quemaron las instalaciones de la empresa Shougang Hierro Perú  y también se registraron robos a viviendas. Para evitar más hechos de ese tipo, que fueron repudiados por la población en general, la empresa optó por cortar el agua en la zona obrera.Luis Quispe Chumpi se dedicaba a la colecta de algas marinas, era esposo y padre de 3 hijos, y de uno por venir. Quispe vivía junto a su familia en el asentamiento humano Tierra Prometida, un lugar sin servicios básicos.Los motivos laborales del Paro Distrital Indefinido de Marcona son la reposición de los trabajadores despedidos durante el 2007 y la atención al pliego de reclamos de los trabajadores de COOPSOL, empresa contratista de la empresa minera Shougang.La corresponsal de Lo Justo en Marcona señala que la demanda de la población es mejorar el servicio de agua, expansión territorial, energía eólica y establecimiento límites entre Marcona y Arequipa. Además, varios vecinos denunciaron haber visto a delincuentes habitando en casas deshabitadas en zona designada a funcionarios de la empresa.La población de Nazca realiza un paro provincial,  hoy 27 de mayo, en apoyo a Marcona. FOTO: Luis Ezequillas 
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
27/05/2015 14:17:41
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui y Cooperacción realizaron una visita a los pobladores de Islay para investigar y recoger testimonios sobre violaciones de derechos humanos a raíz de las protestas contra el proyecto minero Tía María. La misión de investigación estuvo conformada por Javier Hancke, secretario de la Red Muqui,  Ana Leyva y José de Echave, de Cooperacción, y Rocío Silva Santisteban, de la CNDDHH, quienes se reunieron con aproximadamente 400 pobladores y con autoridades locales entre el 15 y 17 de abril.En el informe se da cuenta de la violencia en Mollendo, la presencia policial en Cocachacra, quejas de cobro de cupos para pasar la carretera por parte de los reservistas autodenominados “espartanos, denuncias de abusos policiales y la presencia de la empresa minera Southern Cooper Corporation en las protestas. Además, el informe cuenta con testimonios recogidos en Cocachacra y denuncias de actos de violencia y violación de los derechos de los ciudadanos durante las movilizaciones de protesta. La misión de investigación se realizó debido a las constantes llamadas de los alcaldes de Islay y Cocachacra además de las organizaciones de derechos humanos de Arequipa que querían denunciar actos de violaciones de sus derechos, entre los cuales se encontraron casos de apedreamiento a casas y negocios de personas a favor del proyecto minero.En las últimas horas, el Consejo Regional de Arequipa aprobó pedir la suspensión indefinida del proyecto minero Tía María y la revisión del Estudio de Impacto Ambiental.Lee el informe completo aquí: http://goo.gl/UgNzSS FOTO: CNDDHH
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
18/05/2015 16:38:52
Entre los dos últimos gobiernos del Perú han muerto 253 personas en conflictos sociales y que generaron un marco legal que reprime y criminaliza la protesta social en el país. La periodista Magali Cevallos escribió un estremecedor reportaje sobre la represión y muertes en los conflictos sociales que vuelve a llamar la atención sobre los efectos de los proyectos mineros sin licencia social.El reportaje contrasta las cifras que dejan los megaproyectos mineros frente a la situación de pobreza en Cajamarca, Huancavelica y Pasco, regiones de histórica pobreza y actividad minera. En relación con ese tema, el historiador Antonio Zapata sostiene que la falta de diversificación productiva y la exclusión de la ganadería y agricultura han permitido que se continúe con la situación de pobreza.La investigación también confronta la creación de una serie de normas legales que permiten las represiones violentas en las protestas e incluso faculta a los efectivos policiales y militares el levantamiento de cadáveres sin presencia de un fiscal en zonas declaradas en estado de emergencia. Reportaje completo aquí: http://goo.gl/Id1TPCFOTO: La República
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
13/05/2015 15:43:58
Importantes académicos, políticos, autoridades judiciales y activistas se han pronunciado en contra de la eliminación de la justicia rondera en el Código Penal pues alertan que ello podría desatar conflictos sociales entre el Estado y las rondas campesinas. Esta propuesta, que será debatida próximante, es presentada por la presidenta del Congreso Ana María Solórzano y plantea criminalizar a las autoridades de la justicia rondera en el artículo 16.1 del dictamen de Código Penal. El proyecto de Código Penal, catalogado como una prioridad para la gestión Solórzano, ha causado preocupación entre los especialicistas del tema ya que, como se lee en el pronunciamiento, "ignora la legitimidad de la justicia rondera".El pronunciamiento fue promovido por Armando Guevara, profesor de Derecho de la PUCP, Fernando Meza, Jefe de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Intercultural del Poder Judicial y por el Instituto de Defensa Legal, representado por César Bazán Seminario y Juan Carlos Ruiz.Entre los firmantes están Alejandro Diez, Sinesio López, Marisol Perez Tello, John Gitlitz, Alberto Chirif, Patricia Urteaga, Fernando Bazán, Rocío Silva Santisteban, Armando Guevara, Fernando Meza, Juan Carlos Ruiz, entre otros. Reproducidos el pronunciamiento completo: PRONUNCIAMIENTOEl artículo 16.1 del proyecto de nuevo Código Penal criminaliza la justicia impartida en las Rondas Campesinas y generará más conflictos socialesLas personas e instituciones firmantes sostenemos que el artículo 16.1 del proyecto de Código Penal, aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, debe ser modificado porque ignora la legitimidad de la justicia rondera, criminaliza a sus autoridades y, tal como está, desatará conflictos entre el Estado y las Rondas Campesinas. Por eso, llamamos a los congresistas a modificar dicho artículo a la luz del importante papel social que las Rondas Campesinas cumplen al ejercer sus funciones jurisdiccionales.1.    Durante las últimas décadas, las Rondas Campesinas se han enraizado y extendido a lo largo y ancho del país porque son una forma de organización social comunitaria que atiende las múltiples necesidades de la población rural. Destacan, sobre todo, por su papel en el mantenimiento de la paz social y en la impartición de justicia en sus ámbitos territoriales.2.    Gracias a su propia evolución histórica, a la influencia de agentes externos y al diálogo con las autoridades estatales, las Rondas Campesinas están desterrando prácticas cuestionables y castigos físicos para identificar y sancionar a los responsables de las infracciones que persiguen.3.    El sistema de administración de justicia estatal, luego de largas décadas de desconocimiento o punición, ha reconocido que las Rondas Campesinas ejercen funciones jurisdiccionales de manera legítima y legal. Hemos pasado de la criminalización al reconocimiento de la justicia rondera.4.    Los hitos más importantes en este proceso de diálogo y mutua aproximación son muy conocidos y por eso mismo llama la atención la flagrante omisión en la que se ha incurrido al redactar el artículo 16.1 del proyecto de Código Penal. Solo a modo de ejemplo podemos mencionar el Acuerdo Plenario 001-2009/CJ-116 de la Corte Suprema de la República, la aplicación consonante del artículo 18.3 del Código Procesal Penal vigente, o las ejecutorias supremas que se pronuncian en el mismo sentido.5.    También se están produciendo importantes reformas institucionales destinadas a canalizar el diálogo entre la magistratura y las autoridades de la justicia especial. El Poder Judicial ha creado la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, la que fomenta el establecimiento de las Escuelas de Justicia Intercultural en los distritos judiciales de la república, organiza los Congresos Internacionales de Justicia Intercultural y promueve la activa participación de las Rondas Campesinas. Igualmente ha aprobado el Protocolo de Actuación Interna, en caso de indígenas, campesinos o ronderos procesados por el Poder Judicial, el Protocolo de Coordinación Interforal entre la jurisdicción ordinaria y la especial, y la formulación de un proyecto de ley de coordinación que norma el artículo 149 de la Constitución.6.    A contracorriente de esta tendencia normativa, jurisprudencial e institucional, el proyecto de nuevo Código Penal excluye en su artículo 16.1 a la justicia rondera y la coloca al margen de la ley. Esta opción normativa significa un peligroso e injusto retorno a su criminalización. De aprobarse, este artículo generará la persecución penal de las autoridades ronderas, nuevamente por una supuesta usurpación de funciones, y desencadenará la protesta y el conflicto social.Por lo dicho, solicitamos al Congreso de la República modificar el contenido del artículo 16.1 del proyecto de nuevo Código Penal en los siguientes términos:Artículo 16. Jurisdicción Especial1.    La ley penal no se aplica cuando las autoridades y miembros de comunidades campesinas y nativas, pueblos indígenas o rondas campesinas ejerzan jurisdicción especial de conformidad con el artículo 149 de la Constitución.Lima, 24 de abril de 2015 1.         Armando Guevara Gil, Derecho PUCP, DNI 082442272.         Fernando Meza, ONAJUP, DNI 214528013.         César Bazán Seminario, Instituto de Defensa Legal, DNI 408836044.         Juan Carlos Ruiz Molleda, Instituto de Defensa Legal, DNI 077492535.         María Soledad Perez Tello, congresista de la Republica, Centro de estudios de Derechos Humanos USMP, DNI 078677896.         Aldo Atarama, presidente de la Corte Superior de Loreto, DNI 053730947.         Jorge Fernando Bazán Cerdán, DNI 060768008.         Patricia Urteaga Crovetto, Derecho PUCP, DNI 079521399.         Antonio Alejandro Diez Hurtado, Ciencias Sociales PUCP, DNI 0818447510.      Fidel Tubino, Filosofía PUCP, DNI 0772959011.      John S. Gitlitz, Purchase College, Pasaporte 43558527612.      Francisco Muguiro Ibarra, SJ, Radio Marañón, Vicariato Apostólico San Francisco Javier, DNI0277773813.      Rocío Silva Santisteban Manrique, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DNI0782273014.      Sinesio López Jiménez, Ciencias Sociales UNMSN y PUCP, DNI 0773030215.      Alberto Chirif, Antropólogo, consultor independiente, DNI 0534233016.      Daniel Sanchez Velasquez, Defensoría del Pueblo, DNI 4027886917.      Percy Eloy Mango Calcina, ISADH-Puno, DNI 0156013318.      Carlos Alberto del Piélago Cárdenas, DNI 0870465619.      Maritza Quispe Mamani, abogada, DNI 4108097020.      Julio César Mejía Tapia, Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno, DNI 4551796021.      Derechos Humanos Sin Fronteras, Cusco22.       Grupo de Formación e Intervención para el desarrollo Sostenible - GRUFIDES
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
07/05/2015 12:57:02
La Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima (UDEAL) circuló por las redes sociales un ilustrativo video donde explican por qué el bypass que se quiere construir entre las avenidas Arequipa y 28 de Julio es inviable. Los universitarios confrontan el proyecto con la data sobre transporte público y organizaciones internacionales.Según la Organización Mundial de la Salud, por cada habitante debe existir mínimamente 9 m2 de áreas verdes pero en nuestro país apenas se llega a los 3m2. Por otro lado, de acuerdo el ránking de espacios verdes del Índice de Ciudades Verdes en América Latina, la capital del Perú ocupa el último lugar en tener áreas verdes para sus ciudadanos.Así, entre las consecuencias de la actual gestión de Lima que preocupan a la UDEAL se encuentran la pérdida de 250 mil m2 de áreas verdes tras la cancelación del proyecto Río cuyo presupuesto ha sido destinado a contruir el inviable bypass que, además, afectará al Centro Histórico de Lima. El bypass no contempla las áreas verdes, el uso de ciclovías y reduce el espacio de tránsito para el peatón. La UDEAL convocó a la "Marcha por una Lima Planificada" para el próximo viernes 8 de mayo a las 6 de la tade en el parque Neptuno. 
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
06/05/2015 14:20:27
La Comisión de Derechos Humanos - COMISEDH, representantes legales de la familia Bustíos-Patiño, denuncian campaña de mentiras sobre el Caso Bustíos y agravios contra su viuda.  Los hermanos Clemencia y Pascual Sulca Jorge, hijos de Primitiva Jorge han declarado a RPP Noticias y Radio Exitosa (en compañía del abogado del condenado La Ver Hernández) que Sendero Luminoso fue quien mató al periodista Hugo Bustíos. COMISEDH recuerda que ya hay una sentencia de la Sala Penal en la que determina, gracias a múltiples pruebas, que fueron malos elementos militares los autores del crimen.Por otro lado, el exministro Daniel Urresti Elera ha declarado en Ideele Radio, aprovechando las declaraciones de los hermanos Sulca, que: "Los papeles [en mi instructiva] dicen lo que yo digo. Yo no soy [autor] material ni mediato ni nada. No tengo nada que ver con el tema. El juez instructor no me abre instrucción, se dedica a ampliar investigación. [Cuando me acusa el juez de autor mediato] es un error tipográfico, porque todo el sustento de la acusación habla de ‘inmediato’, y ahí en esa parte [dice otra cosa] porque está acusación es ‘copiar-pegar’ de lo que dijo el fiscal”. Asimismo, Urresti manisfestó que Bustíos solo criticaba a Sendero, cuando en realidad también denunciaba casos de las Fuerzas del Orden, por lo que él y su familia estaba perseguido por estas. Puedes ver el pronunciamiento de COMISEDH aquí: http://bit.ly/1GNhjXf
Sol Univazo
Política y Derechos Humanos
05/05/2015 14:17:36
La Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima (UDEAL) anuncia y convoca a una marcha para la cancelación de obras y acciones contraproducentes en la ciudad de Lima. La movilización está fechada para el día viernes 8 de mayo con una concentración previa en el Parque Neptuno (frente a la entrada del Parque de la Exposición en Paseo Colón) a partir de las 6 pm.En el evento en Facebook, la agrupación de universitarios manifiesta su preocupación no solo por la construcción del bypass en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Arequipa, sino que también exige la cancelación de obras y acciones contraproducentes contra el tercer carril y enrocado de la Costa Verde, la omisión a la Reforma del Transporte, cancelación del Proyecto Río Verde y el borrado de murales en el Centro de Lima.La UDEAL, que ya ha emitido un pronunciamiento de rechazo a la construcción del bypass, también realizó un acto de protesta frente al Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) para exigir una postura contundente frente a los cambios urbanísticos en Lima a raíz de un manifiesto emitido por el CAP sobre la situación en Lima.   La UDEAL está integrada por universitarios de las facultades de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Ricardo Palma, Universidad de Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional de Ingenieria, Universidad Federico Villarreal y Universidad César Vallejo. Mayor información aquí: https://goo.gl/9Qtz06
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
05/05/2015 12:31:49
El libro “Los Rendidos. Sobre el don de perdonar”, escrito por el historiador José Carlos Agüero y publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), narra el testimonio del autor en su lucha por procesar toda la carga que tiene un peruano cuyos padres militaron en el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y que fueron ejecutados extrajudicialmente. La presentación del libro fue comentada por Javier Torres, antropólogo y director de Noticias SER, y por el reconocido periodista Augusto Álvarez Rodrich. Ambos comentaristas coincidieron en la honestidad con la que José Carlos Agüero critica y reflexiona sobre el “victimocentrismo” en el periodo de violencia interna que vivió el Perú por 20 años.Torres recordó que, anteriormente, el testimonio de Lurgio Gavilán mostró cómo fue su paso por Sendero Luminoso pero también cómo era el del militar que lo combatía ya que él estuvo en los dos lados; sin embargo, este nuevo testimonio invita a cuestionarse por la dificultad de entender a quiénes estaban detrás del grupo terrorista. “Los peruanos y peruanas hemos dialogado poco sobre el tema”, señaló Torres.“Es el momento de contar y tener el valor de decir estas cosas”, afirmó Álvarez Rodrich quien también confesó haberse sentido conmovido con el testimonio de un peruano que tuvo que adaptarse en un lugar donde le tocó estar y que luego tuvo que procesar la vergüenza de esa parte de su historia. “El libro es pertinente en este momento del país para poder conversar y lograr reconciliar”, reflexionó el periodista.Por su lado, el autor de “Los Rendidos. Sobre el don de perdonar”, contó utilizó un seudónimo para presentar su libro por primera vez ya que le era difícil contar la historia de su familia pero pronto reconoció que ello iba contra el objetivo que él se planteó al querer que con el tiempo se converse sobre estos temas que son tabú. “Seguro incomodo por compartir este pasado” pero que la gente que lee el libro y que “se plantee la posibilidad del perdón ya es un escenario que antes no estaba”, finalizó José Carlos Agüero. Sobre el autorJosé Carlos Agüero es historiador e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Además, es uno de los editores académicos de las Obras Escogidas de Carlos Iván Degregori. Sus estudios universitarios fueron realizados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es integrante del Grupo Memoria del IEP. Para adquirir el libro entrar aquí: http://goo.gl/aSjlkK
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
29/04/2015 13:49:42
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) difundió una nota de prensa donde denuncia el actuar de los miembros de la Dirección Nacional de Operaciones Esperciales en las protestas contra el proyecto minero Tía María, en el Valle del Tambo, Arequipa.Ante la muerte de Victoriano Huayna Nina y la difusión de un video que evidencia a un policía colocando un arma casera en la mano de Antonio Coasaca Mamani, ambos manifestantes contra Tía María, la CNDDHH solicita "que el Ministerio del Interior haga una profunda investigación para determinar si hubo una orden para este tipo de accionar o consentimiento de algún jefe policial; que se identifique plenamente al autor de este delito, en cuyo gafete solo se puede leer el nombre de FILOSOFEXXX (indicación, por cierto, totalmente irregular); y que se apoye a los fiscales en su lucha por investigar delitos cometidos por la PNP, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas a las que diera lugar".Ver nota de prensa completa aquí: http://goo.gl/QDmBss FOTO: Captura de pantalla
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
24/04/2015 16:48:53
Los periodistas arequipeños de Mollendo TV circularon en las redes sociales un video donde se muestra cómo un efectivo de la Policía Nacional del Perú "siembra", es decir, altera premeditadamente la realidad, un arma a un manifestante detenido durante las protestas contra el proyecto minero Tía María.En el video se observa que un efectivo policial de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) coloca un arma casera punzante en la mano del manifestante detenido. Esta acción vuelve a ser repetida, ya que el manifestante arroja el arma al suelo, para que un fotógrafo capture la imagen del arma en la mano del hombre detenido.Finalmente, el video contrasta estas acciones con una nota del diario Correo titulada "La otra cara de la moneda: así atacaron los antimineros (FOTOS)" donde aparecen imágenes del manifestante con el arma "sembrada".El manifestante identificado como Antonio Coasaca Mamani está en estos momentos en libertad.El video, que circula en el canal de Youtube Mollendinostv Islaytv, indica que las imágenes fueron captadas el día 22 de abril a 31 días de la huelga indefinida en el Valle del Tambo.Por su lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha emitido un pronunciamiento contra los lamentables hechos del Valle del Tambo debido a las manifstaciones contra Tía María. Sobre la muerte de Victoriano Huayna Nina (61 años), el pronunciamiento denuncia nuevamente el abuso de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú en los conflictos sociales del país. FOTO: Captura de pantalla del video
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
24/04/2015 15:39:46
El analista político José Carlos Godoy escribió un importante artículo que explica y aclara los puntos sobre el caso Chavín de Huántar que permiten entender mejor por qué el  Estado está procesado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La primera aclaración es que (1) los comandos que ejecutaron la operación no son procesados ya que la CIDH solo procesa a Estados y no a individuos.Debido a la evidencia presentada, que incluyen exámenes forenses del Equipo Peruano de Antropología Forense oficializados por el Ministerio Público, (2) el Estado peruano podría perder el caso ya que la Corte puede concluir que se ejecutó extrajudicialmente al terrorista Eduardo Cruz Sánchez. Al respecto, Godoy afirma que el hecho anterior "no limpia a Cruz Sánchez de los crímnes por los que debió ser procesado"; sin embargo, enfatiza que el Estado debió juzgarlo por los crímenes de lesa humanidad ya que vivimos en un Estado de derecho.La (3) clave para diferenciar a los comandos de los "gallinazos" (quienes estuvieron detrás de las ejecuciones), es no juntar el valeroso rescate de los rehenes y las ejecuciones extrajudiciales ya que estos dos hechos que se dieron por separado.Lee el artículo completo aquí: http://goo.gl/hxXj94 FOTO: El Comercio
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
23/04/2015 15:18:34
Un grupo de organizaciones gremiales de Arequipa han convocado a un paro regional, para mañana 22 de abril,  en apoyo a los agricultores de la provincia de Islay (valle del Tambo) en su lucha en contra del proyecto minero Tía María. Se espera que 30 mil personas acudan a la movilización en la ciudad de Arequipa.Desde la detención del presidente de la Junta de Usuarios de Riego, Jesús Cornejo y las declaraciones amenazantes del Presidente del Consejo de Ministros, la indignación se ha llegado a toda la región de Arequipa y la convocatoria al paro ha venido sumando nuevos gremios. La propia gobernadora regional, Yamila Osorio, ha señalado que “existe mucho descontento de la población hacia el gobierno central y esta medida es un reflejo de ello”. La paralización en contra del proyecto minero Tía María ya lleva varias semanas en la provincia de Islay y ahora llega hasta la capital regional. Con información del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú FOTO: Observatorio de Conflictos Mineros del Perú
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
21/04/2015 15:18:52
Déjala Decidir es una iniciativa legislativa que despenaliza el aborto en caso de violación sexual que se impulsa desde el 2012. Se requerían 59,850 firmas para presentarla como proyecto de ley y se recaudaron 64,261 firmas a nivel nacional. En octubre del 2014, el proyecto de ley fue designado a las comisiones de Justicia y Constitución para que lo debatan en un plazo de 120 días hábiles y el próximo 16 de abril se cumple el plazo.Este proyecto está organizado por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Movimiento Manuela Ramos. ¿De qué se trata la ley?El Proyecto de Ley N° 3839, “Ley que despenaliza el aborto en casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas”, busca modificar el Artículo 119  del Código Penal.Textualmente la ley dice que “No es punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal en los siguientes casos: 1.- Cuando es el único medio para salvar la vida del gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente. Si se trata de una menor de edad, el consentimiento será prestado por su representante.”Y se quiere agregar: “2.- Cuando el embarazo sea el resultado de un acto de violación sexual, o de un acto de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida.” Las cifrasPerú es el país con mayor tasa de denuncia por violación sexual en América del Sur y ocupa el puesto 16 en el mundo, aún cuando solo un 5% de las víctimas denuncia, según Demus, Promsex, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer, que también comparten las siguientes cifras sobre las consecuencias de la violación sexual a mujeres:- 4 de cada 5 de mujeres violadas eran menores de edad.-90 de cada 100 embarazos de niñas menores de 15 años fueron por incesto.- 34 de cada 100 mujeres (entre 10 y 19 años) quedó embarazada.- 29 de cada 100 muertes maternas en adolescentes están vinculadas al aborto inseguro.- 56 de cada 100 muertes maternas en adolescentes son por suicidio.- 6 países en América Latina han eliminado de sus códigos penales el delito de aborto por violación: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Chile y Uruguay. Algunas declaraciones de mujeres violadas que tomaron la decisión de abortar (Promsex): “No hice una denuncia porque tenía miedo. Mi amiga me dijo que ponga la denuncia, pero yo le dije que iban a llegar los documentos a mi casa y todo este se va a hacer un pleito y yo no quiero porque es vergüenza que la gente se entere que sufrí violación.”“El médico legista me revisó, vio los moretones, lo anotó en el atestado, pero no me tomaron ni siquiera una declaración, no me dijeron nada. Solamente revisaron los moretones para ver si eran o no golpes.”“Quería morirme ¿cómo iba a estar embarazada del padre de mi esposo? ¿Cómo iba a tener un hijo? Mi esposo se hubiera dado cuenta también.”“Me sentí más tranquila porque era algo que yo no quería, no deseaba y que no estaba en mis planes. Era de la persona que yo odiaba porque me había forzado.” Puedes ver los videos de la campaña aquí http://bit.ly/1OIjilW y aquí http://bit.ly/1NREqJy
Sol Univazo
Política y Derechos Humanos
16/04/2015 12:46:59
Ayer por la noche, decenas de ciudadanos limeños salieron a las calles en una movilización por el descontento de la actual gestión de la Municipalidad de Lima. La “Marcha por 100 días de Castañeda” se realizó por los reclamos hacia las acciones de la actual gestión municipal de Lima que han afectado las políticas culturales, la Reforma del Transporte, los despidos arbitrarios y la reciente cancelación del proyecto vial Río Verde.Entre los participantes de la marcha asistó un trabajador de la Gerencia de Transportes Urbano de la  Municipalidad  de Lima que manifestó su preocupación por la ejecución del  by pass de la avenida 28 de julio ya que "carece de una política de sostenibilidad  en impacto ambiental  y vial"; además, reveló que la existencia de los estudios sobre el polémico bypass son inexistentes a pesar de  que algunos funcionarios mostraron la existencia. "Cada gestión tiene debilidades", finalizó.Por otro lado, Flor Melgar, del Colectivo de Desempleados de la Municipalidad de Lima, destacó que el despido masivo  de trabajadores de fiscalización de transporte  violó los derechos laborales  "el 60% de despedidos han sido mujeres  que se sienten relegadas ante un sistema de violación de derechos humanos como la supresión del proyecto Río Verde, donde los shipibos quedan abandonados, ya tuvo una planificación en talleres a los cuales asistí  en el Agustino". Uno de los asistentes en esta marcha  fue  Ivo Dutra Peralta, padre de Ivo Dutra Camargo, fotógrafo que falleció atropellado por una unidad de la empresa de transporte Orión, quien lamentó que "la extensión de las autorizaciones por 3 años a las empresas de transporte de Lima incrementan el nivel de violencia existente". 
Helida Quispe Mogrovejo
Política y Derechos Humanos
15/04/2015 23:39:55
El 13 de abril de este año se sentencio a Víctor Huertas Ponce, (aún activo) Coronel EP de las Fuerzas Armadas, a cinco años de pena privativa de libertad, y S/. 50 000 nuevos soles como monto de la reparación civil por el caso de tortura de Víctor Collazos Galarza, agente municipal del caserío de Gosen.El 9 de enero del 2008, ocho efectivos militares irrumpieron en la casa de Collazos, ubicado en el Centro poblado de Gossen, distrito de José Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Huánuco. Lo arrastraron a su cocina en donde lo golpearon, acusaron de ayudar y saber el paradero de Florindo Eleuterio Flores Hala, “camarada Artemio”, dirigente del PCP-Sendero Luminoso. Asimismo, querían saber si el 12 de agosto del año 2007 se reunieron los miembros de la comunidad con los miembros del Partido Comunista, ante lo cual,  Víctor Collazos respondió que sobre los hechos ya había comunicado a las autoridades.Posteriormente, fue conducido hacia la carretera con dirección al riachuelo El Chévere. En el trayecto le vendaron los ojos con una tela negra. En el río los efectivos militares lo sumergieron en el agua y barro con las manos atadas hacia atrás, hasta que perdió el conocimiento.Hasta la fecha, este ha sido el militar con más alto rango condenado por tortura simple. Cabe destacar que es la primera vez que los jueces superiores de la Sala Penal Nacional, sentencian a que se le deba cubrir los gastos de la reparación integral del agraviado para su recuperación psicológica por la tortura sufrida, en este caso, de Victor Collazos .
Sol Univazo
Política y Derechos Humanos
14/04/2015 13:47:11
La agrupación Acción Ciudadana por Lima anunció la marcha “#15A Destruyendo: La Marcha por los 100 en Días” en protesta por la gestión de Luis Castañeda durante los primeros 100 días como alcalde de Lima.Los organizadores del evento organizan la manifestación debido a las acciones arbitrarias que ha emprendido la gestión del actual alcalde de Lima. Los más de 3000 despidos arbitrarios de serenas e inspectores de tránsito, la modificación de un texto legal para justificar los despidos, el desmonte de la Reforma del Transporte, la ampliación de licencias de las rutas del transporte público, la poca continuidad de las políticas cultural, el borrado de murales justificado con un falso pronunciamiento de la UNESCO y la reciente cancelación del proyecto Río Verde, son algunas de las acciones que más molestias ha generado entre los ciudadanos limeños.En las últimas semanas, una reciente encuesta aplicada por Pulso Perú indica que Luis Castañeda cayó 13% en la aprobación de su gestión; además, señala que la mayor aprobación se encuentra en los sectores C y D mientras que la desaprobación de su gestión está en los sectores A y B.La convocatoria a la marcha es para el próximo miércoles 15 de abril a las 6 de la tarde en el Parque Washington. Más información sobre el evento aquí: http://goo.gl/zWv5z7
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
13/04/2015 11:03:14
La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por las organizaciones que recogieron las firmas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Pastoral de la Tierra del Vicariato de Yurimaguas u la Red Muqui, quienes presentaron cerca de 10 mil firmas para solicitar al Tribunal Constitucional una Demanda de Inconstitucionalidad contra la denominada Ley de Paquetazo Ambiental - Ley 30230.Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal, argumentó que la demanda de inconstitucionalidad se sostiene en la vulneración del derecho a la consulta previa, al territorio y  el derecho fundamental al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de  la vida. “La demanda es para que el Tribunal Constitucional evalúe si la Ley 30230 respeta la Constitución y los tratados internacionales”, como el Convenio 169 de la OIT que tiene rango constitucional, precisó Ruiz.La gravedad de la Ley 30230 radica en la decisión del Estado de disponer el territorio indígena para proyectos extractivos y el reducido tiempo del análisis del Estudio de Impacto Ambiental para agilizar los proyectos, indicó Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.Por otro lado, Ketty Marcelo, vicepresidenta de Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú, afirmó que “estamos a favor de los proyectos de desarrollo pero todos queremos avanzar con respeto, no con el cuento de promover y dinamizar la inversión atropellando nuestros derechos”. Asimismo, Ydelso Hernández, presidente de las Rondas Campesinas del Perú, lamentó “las políticas de saqueo de nuestros recursos y atropello de los derechos indígenas". Esta ley se aprobó en julio de 2014 y fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de simplificar procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el Perú. Esta ley, además de limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), facilita la entrega de tierras para proyectos de inversión lo cual atenta contra la seguridad territorial  de las comunidades y los pueblos indígenas ya que sobre sus territorios, con trabas para la titulación, se superponen zonas destinadas a la inversión privada. Participación de los demandantes en conferencia de prensa aquí: http://goo.gl/BTqhDR
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
10/04/2015 16:41:20
En el pronunciamiento del 8 de abril de 2015, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) alerta sobre el potencial surgimiento de enfrentamientos sociales violentos en la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, a raíz de la tensa relación entre la comunidad nativa awajún compuesta por Supayacu y Los Naranjos y la y la empresa Exploraciones Águila Dorada SAC.  El documento señala que parte de la comunidad de Los Naranjos se encuentra emitiendo señales de amedrentamiento hacia familias, personas y líderes que protestan contra la minería y exigen el derecho de consulta  para proteger sus territorios.Reproducimos parte del pronunciamiento donde se expone el reclamo de la comunidad de Supayacu:“Desde el 2011, Supayacu viene exigiendo que se respete su derecho al territorio, al desarrollo en un ambiente saludable y sostenible, y que se le consulte sobre decisiones que afecten sus derechos, en estricto cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, la Ley No. 29785 (Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios) y su Reglamento (D.S. 001-2012-MC), por encontrarse dentro del área de influencia del proyecto minero “YakuEntsa” (en fase de exploración por Águila Dorada SAC en Naranjos). Las actividades de exploración, autorizadas por el MINEM , generaron contaminación en las aguas del Río Chirinos que abastece a ambas comunidades, un hecho denunciado y probadoFrente a estos reclamos, FEDEPAZ junto con la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca- ORFAC y la comunidad de Supayacu han interpuesto una demanda de amparo que ha sido admitida por el Quinto Juzgado Constitucional en octubre de 2014.El pueblo de Supayacu es un pueblo pacífico que ha manifestado su preocupación por la falta de atención de las autoridades para entablar el diálogo y que conozcan su oposición frente a la actividad extractiva; sin embargo, sus demandas siguen sin ser atendidas y hoy se encuentra expuesto a una creciente agresividad que los mantiene en estado de la alerta.Mayor información aquí:  http://goo.gl/w2gEdv FOTO: La República
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
09/04/2015 13:50:27
Luego del plantón realizado por la comunidad shipiba de Cantagallo en los exteriores de la Municipalidad de Lima, la teniente alcaldesa anunció que realizará las gestiones para concretar el traslado de la comunidad a San Juan de Lurigancho, medida establecida por la gestión edil anterior.La comunidad shipiba se ha manifestado en contra de la cancelación del proyecto Río Verde porque contemplaba la reubicación de más de doscientas familias que habitan en la zona de ejecución  del proyecto.Los líderes shipibos manifestaron su satisfacción por el diálogo con la Municipalidad de Lima pero los manifestantes expresaron su desconfianza ya que piden que el ofrecimiento esté respaldado por documentos que lo garanticen.Con información de Servindi: http://goo.gl/2zM8en FOTO: Servindi
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
09/04/2015 13:24:39
El pasado 5 de abril se recordó los 23 años del autogolpe que hizo el ex presidente Alberto Fujimori. El ex mandatario, actualmente preso,  disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial.  A dos décadas de este episodio, se realizó el pasacalle “Hay golpes en la vida tan fuertes” cuyo punto de encuentro fue en la Plaza San Martín.Al evento asistió Marly Anzualdo, hermana de Kenneth Anzualdo,  desaparecido en la Universidad  Nacional del  Callao,  e integrante  de la Coordinadora Contra la Impunidad, quien considera que  “las esterilizaciones forzadas  fue un hecho  cruel que se realizó sin ningún consentimiento en un momento en el que se necesitaban muchas manos para trabajar los campos agrícolas”. Además, señaló que “la constitución de 1993  no se hizo  con  una participación representativa y por eso  favorece a  ciertos grupos de poder”.En el pasacalle también participó el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS). Sandra De La Cruz, miembro de DEMUS, destacó que durante el gobierno de Fujimori “más de 3 mil mujeres fueron esterilizadas forzosamente y hasta hoy no hay justicia ni reparación ya que las investigaciones  sobre el tema fueron archivadas en el 2013. El 5 de abril  es una fecha que simboliza la vulneración a los derechos de hombres y mujeres ya que también se recortaron los beneficios laborales y  marcó el cambio en la calidad de vida de las peruanos”.El pasacalle por el autogolpe de Fujimori también contó con el aporte del Museo Itinerante Arte por la Memoria. Akito Bertrán, integrante del museo ambulante, indicó que este año, por ser un año de campaña electoral, el Museo Itinerante impulsará la difusión de actos de violencia de derechos humanos por medios artísticos para que la población sea prudente al elegir  a sus representantes.Luego de 18 años de búsqueda de justicia para las mujeres víctimas, el Estado todavía no resuelve el caso de las esterilizaciones forzadas llevados a cabo en el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1996 al 2000. Este acto de violación a los derechos humanos, un delito de lesa humanidad, fue cometido contra más de 3000 mil mujeres peruanas de zonas rurales y que cobró la vida de 18 de ellas.
Helida Quispe Mogrovejo
Política y Derechos Humanos
08/04/2015 12:59:17
El pasado 10 de marzo se archivó el proyecto de Unión Civil entre parejas del mismo sexo. Ante la negativa del congreso, activistas por la Unión Civil  han hecho un nuevo  llamado a los ciudadanos y ciudadanas a  salir a las calles este sábado 11 de abril para participar en la II Marcha Por la Igualdad. Esta manifestación tiene como objeto no sólo exigir una ley de Unión Civil sino que también demanda sancionar los crímenes de odio junto a una ley de identidad de género. La primera manifestación masiva se realizó el año pasado y fue para exigir a la Comisión de Justicia y Derechos, Humanos del parlamento peruano, la aprobación del Proyecto de Unión Civil no Matrimonial para personas del mismo sexo. Ha pasado un año y el Congreso, en más de una oportunidad, lo ha rechazado.  En el debate de este año, congresistas como Julio Rosas, integrante del partido fujimorista,  empleó argumentos religiosos para oponerse a los derechos de las personas LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales). Por su parte, los congresistas a favor de legislar las relaciones de parejas del mismo sexo, remarcaban, a modo de hacer recordar, que vivimos en un Estado laico.¿Es posible un cambio?Vale mencionar que Perú es uno de los países que aún no legisla a favor de la comunidad LGBTI. El primer país en Latinoamérica que aprobó el matrimonio homosexual  fue Argentina y hace poco en Chile se aprobó un proyecto de a favor de las uniones de parejas del mismo sexo. Pese a esta contradicción entre Perú y el resto del continente, al interior del país la actitud es parecese ser diferente: en Trujillo, se aprobó una ordenanza contra todo tipo discriminación incluyendo la que es por orientación sexual; mientras tanto, el distrito de Belén, en Loreto, se que aprobó una ordenanza similar a la anterior cuyas sanciones contemplan montos de entre 300 y 3 000 nuevos soles.FOTO: Sosó Carlín Datos de la II Marcha por la IgualdadDía: Sábado 11 de Abril, 2015Concentración: Plaza Washington, cuadra 5 de la Av. Arequipa.Hora: 3:00 pmMás información sobre el evento aquí: http://goo.gl/c6cjqI
Martin Asenjo Vega
Política y Derechos Humanos
01/04/2015 09:03:13
En el marco de la XVI Asamblea  General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mirtha Vásquez, directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), concedió una entrevista sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de conflictividad social a propósito de su participación en el grupo  de análisis  de Conflictos Sociales y Criminalización de la Protesta en la asamblea. ¿Qué ha pasado con los derechos humanos en los  dos últimos años?En  los últimos años  no solo existe una agenda tradicional de la defensa de los derechos humanos, sino que también  emergen nuevos temas  como el caso de conflictos sociales. Estos problemas  giran  en torno a la disputa  de recursos y  territorio, que son derechos que empiezan a solicitar protección y que plantean un nuevo reto para la defensa de los derechos humanos. Por otro lado, han surgido nuevos causantes de violación de derechos humanos en un conflicto social, pues ya no son los tradicionales como el Estado o los gobiernos. Ahora existe una alianza entre el Estado y una empresa con poder económico.La criminalización de la protesta preocupa a quienes quieren manifestar su descontento…El tema de la criminalización de la protesta es preocupante puesto que en lugar de desecharse se ha profundizado durante este gobierno. Las normas e instrumentos utilizados  por el gobierno  muestran una reacción autoritaria a tal punto que se permite el uso indiscriminado de la violencia y la represión por parte de las fuerzas del orden. Se están funcionalizando determinados elementos del derecho penal para la criminalización de la protesta y, claramente, esta situación es contraproducente  en un Estado democrático.¿Cuál es la situación actual de conflictividad social en Cajamarca?En Cajamarca, en estos últimos meses, se  observa un clima de tensa calma pues no se ha  generado un hecho que genere confrontación incremento en el número de muertos pero sí existe un riesgo latente. Dentro de un contexto nacional las cifras  han aumentado, en la mayoría de casos  dejan presumir que existió un exceso de poder por parte de las fuerzas del orden.¿Cuáles son los avances de DD.HH en respuesta a los conflictos sociales?El movimiento de derechos humanos  ha  tenido avances gracias a su  poder de resistencia; sin embargo, es difícil luchar en un ámbito en el que el gobierno tiene intereses particulares y no colectivos. Por otro lado, se han dado oportunidades para que el movimiento pueda socializar y visibilizar el cumplimiento de los derechos ya planteados en la agenda desde hace algunos años. Es importante que en un contexto de amenaza autoritaria se pueda visibilizar la violación de derechos humanos.
Sorayda Helida Quispe Mogrovejo
Política y Derechos Humanos
30/03/2015 18:16:32
"Encadénate por Lima" fue una acción ciudadana que tuvo como finalidad reunir a la ciudad en una protesta pacífica en la que se exigió la realización de una verdadera reforma de trasporte.Ciudadanos limeños organizados en plataforma  “Acción ciudadana por Lima” realizaron nueva protesta contra la ordenanza N° 1876 que renueva la autorización de más de 400 rutas a cuestionadas empresas de transporte público. "Encadénate por Lima" fue una protesta en la que los asistentes realizaron una cadena humana que se extendió desde la cuadra 8 hasta la 11 de la Av. Arequipa.Esta protesta se produce luego de que la Municipalidad aprobara la Ordenanza 1876 que elimina los acuerdos firmados con los consorcios, además, cancela los corredores viales que ya estaban licitados, pero que aún no se han implementado. Esta orden también crea un nuevo plan de rutas de transporte público que se superponen a cuatro de los cinco corredores complementarios. Por estas vías podrán seguir circulando durante tres años las unidades de transporte tradicionales a las que la Municipalidad de Lima les ha renovado los permisos.Hasta el lugar llegó la comunidad shipiba de Cantagallo quienes exigen la ejecución del proyecto  “Río Verde”, proyecto recién cancelado por la Municipalidad de Lima que beneficiaba a esta comunidad indígena. " No somos estorbo, somos parte de Lima y pedimos apoyo. Todos somos iguales”, dijo el líder de la comunidad, quien fue apoyado por los manifestantes.Para Luis Quispe Candia de la ONG Luz Ámbar, esta decisión no beneficia la reforma de transporte. “Todo seguirá como antes para ellos (transportistas informales), pues la reforma del transporte les afectaba”, agregó.Los organizadores de la cadena humana afirmaron que “esta no es un plataforma electoral, son acciones ciudadanas por Lima y seguiremos avanzando”. Asimismo, anunciaron que la siguiente protesta será en diferentes puntos de la ciudada y se tiene planteada para la celebración de los 100 días de gestión del alcalde.
Mix Gomez Podesta
Política y Derechos Humanos
28/03/2015 08:20:21
Prosperó recomendación de la Defensoría del Pueblo. Esta nueva medida tomada por el Ministerio Público transciende de la  recomendación de la Defensoría del Pueblo que consistía en exonerar el pago de los servicios que brinda el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en los casos de denuncia penal, como los heridos en una protesta social, que necesiten examen médico.Esta medida de alcance nacional, elimina el pago de S/. 21.90 por concepto de examen de reconocimiento médico legal.En un comunicado, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, saludó la acogida de esta iniciativa por el Ministerio Público y subrayó que “dicho requerimiento constituía una barrara para el acceso a la justicia de personas que, por distintas circunstancias, no estaban en condiciones de efectuar ese pago.”Por otro lado, Élida Guerra, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, detalló que “cuando alguien es lesionado no podía ser atendido sin antes mostrar el voucher de pago.  Otro camino que la persona herida podía tomar era la obtención de una orden del fiscal, pero en el contexto de una protesta social este camino era imposible.” FOTO: Voces de la Tierra
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
27/03/2015 12:09:07
En menos de un año se ha puesto en riesgo la vida de cientos de trabajadores/as a causa de las pocas medidas de seguridad con las que opera la empresa de griferías VainsaRoxana Lizet Zubiate es una mujer trabajadora de 32 años con dos hijos menores. Ella ingresó a trabajar a la conocida empresa de griferías y sanitarios Vainsa, que cuenta con más de 35 años en el mercado nacional y con un reconocido nombre en el ámbito de los diseños y acabados en el sector inmobiliario del país.Sin embargo, parece ser que a esta empresa le importa poco cuidar de las condiciones en las que laboran sus trabajadores. Roxana Zubiate ha sufrido tres accidentes laborales dentro de las instalaciones de la fábrica ubicada en Lurín. Ella, después de sobrevivir al impacto de un enorme bloque de yeso de casi dos metros de alto, una operación a la columna causada por otro accidente laboral y la pérdida de movilidad de un dedo por el golpe de una comba, pasó a la fila de los desempleados sin la compensación por los años de trabajo en la empresa. Todo esto ante la mirada permisiva de la SUNAFIL, órgano encargado de fiscalizar a los empleadores.Los accidentes laborales a menudo suceden debido a las condiciones de alta inseguridad con las que laboran miles de peruanas/os. El producto de la negligencia y del abaratamiento de los costos de producción provoca que los trabajadores, como Roxana, salgan perjudicados en su salud al contar con las medidas de seguridad pertinentes.Roxana Zubiate manifestó que a empresa  se ha negado a reconocer los gastos de su recuperación y hasta la ha declarado ex trabajadora; no obstante, ella aún necesita una operación en la columna para poder dejar el bastón con el que se desplaza.Ver entrevista completa aquí: http://goo.gl/KEofYq
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
26/03/2015 20:18:09
Un grupo de jóvenes feministas intervino pacíficamente con una performance a favor del aborto por violación en la Marcha por la Vida.Con el lema “anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir “, una docena de jóvenes feministas llegaron a la última cuadra de la avenida Brasil para exigir que el Congreso de la República debata el proyecto de ley sobre despenalización del aborto por violación. Las jóvenes pidieron aterrizar el tema al campo de las políticas públicas de salud y el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual.Cabe resaltar que el proyecto de ley de Despenalización del Aborto en los casos de embarazo como consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida,  es una iniciativa ciudadana que cuenta con el respaldo de más de 60 mil ciudadanos que firmaron a favor de dicho proyecto de ley. Quedan tres semanas de plazo para que este proyecto sea debatido en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, la misma que archivó hace unas semanas el proyecto de Unión Civil para personas del mismo sexo.Las jóvenes manifestantes también pidieron respeto por el Estado laico y denunciaron que la Iglesia Católica continúa ejerciendo presión y manipulación ya que en el mitin de clausura de la Marcha por la Vida estuvieron presentes los congresistas Juan Días, Julio Rosas y José Eguren, presidente de la comisión de Justicia y Derechos Humanos.  Foto: Sayda Lucas
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
24/03/2015 19:51:48
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp) convoca a participar en el II Concurso Nacional de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.Este concurso permitirá identificar los aportes de los investigadores en relación a los derechos humanos dentro y fuera del país. Los participantes podrán presentar sus investigaciones en las categorías: Estudiantes de pregrado o Estudiantes de posgrado. La recepción de los trabajos será hasta el 14 de agosto.El primer puesto en las dos categorías se llevará $1000 dólares americanos mientras que los 3 primeros puestos recibirán una colección de libros publicados por el Idehpucp y la publicación de los trabajos en formato virtual que serán difundidos en la web de Idehpucp.Mayor información aquí: http://goo.gl/j0KXa0
Lucero Zuniga Montano
Política y Derechos Humanos
24/03/2015 12:03:20
El presidente de Alemania, Joachim Gauck, se reunió con las madres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), como parte del acercamiento a las víctimas del conflicto armado interno tras la visita al Lugar de la Memoria (LUM) en Lima.Las madres de ANFASEP manifestaron su preocupación y demanda para la creación del Santuario de la memoria para “La Hoyada”, zona que perteneció al ex cuartel militar “Lo Cabitos” donde se encontraron 109 cuerpos en fosas clandestinas; asimismo, denunciaron  la acción inescrupulosa de traficantes de terrenos que afecta a esa zona y la desidia de las autoridades del gobierno regional de Ayacucho sobre ese tema. “No hay futuro sin pasado”Durante el discurso del presidente alemán  que dio en su visita al LUM, destacó la labor de los peruanos que “jamás se dieron por vencidos, sino que propugnaron e instauraron la paz reforzando así su democracia”.Asimismo, Joachim Gauck, luego de una reflexión sobre los crímenes del nacionalsocialismo en Alemania, señaló que “para una política que no debe conocer solo la perspectiva de los gobernantes sino que también debe integrar de forma constante las perspectivas de los reprimidos y víctimas de la sociedad” ya que “no hay futuro sin pasado”.El Lugar de la Memoria es un proyecto cuya ejecución fue posible gracias  al Estado junto a la cooperación internacional del Consulado de Suecia, la Cooperación Alemana–GIZ, la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo–PNUD. Foto: Web oficial del Presidente Alemán
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
23/03/2015 15:31:30
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) vuelve a sufrir una nueva amenaza.Ahora, ya no es solo la Ley Nº 30230, denominada “paquetazo ambiental” por limitar su capacidad sancionadora sino que 4 empresas quieren dejar de pagar el Aporte por Regulación (APR).Este aporte es una contribución de la inversión privada en minería y energía en los servicios públicos para los organismos reguladores que se rige bajo la Ley Nº 27332.Esta nueva amenaza pretende “asfixiar económicamente” al OEFA ya que es la principal fuente de su presupuesto, expresa con preocupación De Echave, quien también recordó que el Tribunal del INDECOPI dio una medida cautelar a favor de Sociedad Minera Corona S.A.C. para suspender el cobro del APR. Foto: Andina
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
18/03/2015 14:34:11
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)  y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expusieron el día de hoy en un nuevo periodo de sesiones de la CIDH, en Washington,  la situación del derecho a la libertad de asociación y reunión en el Perú, reconocido por la Constitución Política y por el derecho  internacional como un derecho Humano.El derecho a la libertad de asociación y reunión de forma pacífica, reconocido como un derecho político fundamental, tiene como una de sus expresiones más significativas la “protesta social “, derecho que ha sido vulnerado en los últimos años por el Estado. Exentos de responsabilidadEn los últimos años, el estado peruano ha criminalizado la protesta social al punto de ampliar el margen legal del accionar de la policía y las fuerzas armadas cuyo argumento de mantener el orden se precisó peligrosamente en la Ley Nº 30151.Según esta ley, "Está exento de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte".Al respecto, las organizaciones de derechos humanos cuestionan esta ley como un permiso para matar mientras que la Defensoría del Pueblo manifestó su rechazo ya que pone en riesgo la vida de los ciudadanos que participen de una protesta.Cabe resaltar que el derecho a la libre asociación y reunión así como la protesta social son herramientas de participación en la vida política que fortalecen la democracia y generan puentes de diálogo con las autoridades y el Estado.Ver audiencia completa aquí: http://goo.gl/MdhVdS
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
17/03/2015 14:21:51
El Estado invertirá S/. 236 millones de soles en proyectos de desarrollo en la provincia de Espinar.José De Echave, exviceministro del Ministerio del Medio Ambiente y subdirector de CooperAcción, señaló que, si bien el Estado invertirá en Espinar, es importante reflexionar sobre la situación actual que se vive en la provincia cusqueña luego del conflicto social que estalló en mayo de 2012 y dejó 2 muertos.“La población siente que el proceso de diálogo no ha servido para encontrar soluciones reales a los graves problemas de contaminación ambiental, los impactos en la salud de las personas y en las actividades económicas de las comunidades”, indicó el investigador.Por otro lado, De Echave lamentó que “no se ha establecido de manera concluyente las causas de la contaminación y lo que es más grave, los pobladores gravemente afectados no están siendo atendidos por las autoridades correspondientes.”Ver artículo completo aquí: http://bit.ly/1CeFe5KFoto: Visopsic
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
13/03/2015 19:50:24
Las Universidades privadas eligieron como representante a cuestionado ex rector de la Universidad Telesup, quien tendrá como principal función evaluar y ratificar a jueces, juezas y fiscales que resolverán casos de violencia familiar, juicio por alimentos, reconocimiento de paternidad.En diciembre del año pasado, los representantes de las universidades privadas eligieron a Iván Noguera como representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a pesar de la tacha presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL).Cabe destacar que la principal función de Iván Noguera en el CNM es evaluar a jueces, juezas y fiscales que imparten justicia en nuestro país en casos como el de violencia familiar, juicio por alimentos, reconocimiento de paternidad.Cuestionados antecedentesEn 1996, Iván Noguera fue denunciado por la madre de su hijo por reconocimiento de paternidad que finalmente culminó con una sentencia favorable para la parte agraviada; sin embargo, en el 2002 tuvo otra denuncia por no cumplir con la pensión de alimentos mientras que ahora enfrente otro proceso por aumento de pensión alimentaria a otros dos menores.Todo indica que ninguno de estos antecedentes, hicieron retroceder al Consejo Nacional de la Magistratura, que  mediante ceremonia de  juramentación el pasado 6 de marzo, recibió a Noguera entre sus filas.Contra los valores del CNMSegún el Capítulo I de los Valores del  CNM, el consejero debe ser “Una persona que cumpla responsablemente con sus obligaciones, que asuma las consecuencias de sus acciones  y decisiones  y que tenga  sobre todo el compromiso de sacar adelante a su familia”. Claramente, Iván Noguera es cuestionado precisamente por no haber cumplido con estos valores que la CNM exige; sin embargo, lejos de apostar por una actitud crítica y de responsabilidad con la administración pública de justicia, el presidente del CNM, Pablo Talavera, dijo que Noguera no cometió ninguna infracción.
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
13/03/2015 19:00:42
Frente a la decisión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el colectivo Unión Civil Ya convoca a la población a una nueva “Marcha por la Unión Civil” a este sábado 14 de marzo en la Plaza Washington a partir de las 3:00 p.m.El día martes 10 de marzo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso decidió archivar la iniciativa legislativa de Unión Civil entre personas del mismo sexo. El rechazo de este proyecto impulsado por el congresista Carlos Bruce provocó la indignación de la comunidad LGTBIQ, organizaciones civiles y colectivos que reclaman la igualdad de derechos y la no discriminación por orientación sexual.Durante el debate de la Comisión, congresistas como Verónica Mendoza y Mauricio Mulder hicieron énfasis en la aprobación del proyecto pues “no aprobarlo sería mantener el estado de discriminación a la comunidad LGTBI” además de que “este es un tema de libertades y derechos constitucionales”.  Por otra parte, el parlamentario Carlos Tubino cuestionó su aprobación al sostener que “el matrimonio está promovido por el Estado para perpetuar la nación” ya que “ayuda a preservar la población”.Finalmente, con siete votos en contra, cuatro a favor y dos abstenciones, se cerró el proceso de votación al que se sometía la iniciativa legislativa de Unión Civil para que sea elevado su debate ante el Pleno del Congreso; no obstante, el congresista Mauricio Mulder pedirá reconsideración por escrito.Unión SolidariaAhora queda pendiente el debate por el proyecto de ley del Régimen de Sociedad de Solidaridad, alternativa a la Unión Civil, cuyo principal rechazo radica en la invisibilización de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, situación reconocida en la Unión Civil.Según el proyecto de ley, la Sociedad Solidaria es “el acuerdo voluntario entre dos personas mayores de edad que hacen vida en común con el objeto de asistirse, apoyarse y que origina derechos patrimoniales y otros que esta ley señala”, cuya validación será a través de un notario.La ‘unión solidaria’ es una propuesta presentada por Martha Chávez  e impulsada por los congresistas fujimoristas Julio Rosas, Julio Gagó, Héctor Becerril, Leyla Chihuán y José Luis Elías.
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
11/03/2015 16:26:38
Los sacerdotes, religiosos y religiosas fueron asesinados por el grupo terrorista Sendero Luminoso (SL) entre los años 1987 y 1991. AsesinadosVíctor Acuña Cárdenas fue la primera víctima de SL al ser asesinado en diciembre de 1987 mientras celebraba una misa en Huamanga. El religioso era capellán de la Policía y sus familiares relataron su testimonio a la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2002. Dos años más tarde, la muerte del sacerdote Teodoro Santos Mejía ocurría en junio de 1989 cuando un grupo de subversivos ingresó a Huaripampa, distrito de Jauja, en Junín, donde él era párroco.En febrero de 1990, Reynaldo Sáenz, párroco de Izcuchaca en Huancavelica, fue acribillado mientras viajaba a la ciudad de Huancayo; meses después, en septiembre, la Hermana Agustina Rivas fue asesinada a los 70 años en Chanchamayo, Junín.En 1991, en mayo, la Madre Irene Mc Cormack, natural de Australia, fue hallada sin vida a los 52 años en un paraje a 40 kilómetros de la provincia de Tarma, Junín. En agosto del mismo año, los sacerdotes polacos Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, de 30 y 33 años, fueron asesinados en Pariacoto, Áncash; mientras que el sacerdote italiano Alessandro Dordi fue ejecutado a los 60 años en El Santa, Áncash. Beatificados y conmemoradosLos dos sacerdotes polacos y el sacerdote italiano fueron beatificados por el Vaticano el pasado 3 de febrero de 2015.Los religiosos y religiosas asesinados recibieron un reconocimiento póstumo con una ceremonia de colocación de sus nombres en el memorial El Ojo que Llora. La ceremonia convocada por la Asociación Pro Derechos Humanos, la Asociación Caminos de la Memoria y el Monseñor Luis Bambarén, rindió homenaje a trabajo de los miembros de la Iglesia Católica que realizaron su trabajo en el contexto de alta violencia que vivió el Perú entre 1980 y 2000. Fuente: AprodehFoto: Aprodeh
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
11/03/2015 14:04:35
Mañana, martes 10 de marzo, la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso vuelve a tener la oportunidad de construir un nuevo acápite en la Historia de los Derechos Humanos en el Perú. El Congreso de la República ha informado que el día de mañana, a partir de las 3:00 pm, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos iniciará la Sesión Ordinaria N° 14 con el proyecto de ley de Unión Civil como primer punto de agenda. En paralelo, el colectivo Unión Civil Ya ha convocado la participación de la sociedad civil al ‘Plantón por la Unión Civil’ al frente del Congreso desde las 2:00pm.Luego que el Congreso postergara el pasado martes 3 el debate sobre el proyecto de Ley de Unión Civil, la comunidad LGTBIQ, organizaciones, colectivos, algunos congresistas y ex congresistas, han manifestado su preocupación e indignación frente a la acción de aplazar el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo.En esa línea, colectivos como Unión Civil Ya han iniciado una campaña que exhorta de manera particular a congresistas como Cecilia Chacón a mantener su voto a favor de la aprobación del proyecto, luego de hacer pública su postura como miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.Aunque desde el inicio del polémico debate en torno a la unión civil homosexual se hayan manifestado una serie de detractores, indicando que “contraría el orden natural” o “amenaza la sana orientación de los niños”; también se han pronunciado a favor algunas instituciones del Estado como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial.Es fundamental que las autoridades representativas del país  garanticen el respeto de la integridad humana y no paralicen el reconocimiento del derecho a la identidad. 
Leanna Zuniga Montano
Política y Derechos Humanos
09/03/2015 14:33:20
En el Día Internacional de la Mujer, numerosas organizaciones de la sociedad civil, colectivos y ciudadanos salieron a las calles de Lima para exigir respeto e igualdad de derechos para las mujeres.Durante el recorrido por la avenida Arequipa, los ciudadanos observaron que la marcha estuvo matizada por diferentes reclamos de la ciudadanía en cuanto a los derechos de las mujeres entre los cuales se destacó la campaña Déjala Decidir, por la despenalización del aborto en caso de violación, Todos Somos Máxima, en solidaridad con Máxima Acuña y su enfrentamiento con la empresa minera Yanacocha, y la Unión Civil entre personas del mismo sexo.Violencia de géneroRecientemente, el Congreso aprobó el proyecto de ley que previene y sanciona el acoso sexual callejero hasta con 12 años de cárcel que haya sido cometido en espacios de recreación pública o en el transporte público. El tiempo de prisión efectiva para el acosador será determinado según la edad de la víctima así como el tipo de daño físico y mental que haya ocasionado.El 71% de las mujeres en nuestro país sufrieron de violencia psicológica, física o sexual por su esposo o compañero; además, la violencia física tiene mayor incidencia en mujeres de 15 a 24 años de edad, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2013.En el último año, el 75% de mujeres víctimas de violación sexual fueron menores de edad mientras que el 42% de mujeres fueron violadas en su hogar o lugares considerados seguros, según un informe del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer en el marco del lanzamiento de su campaña Un Hombre No Viola.Ver spot contra el acoso callejero: http://goo.gl/QGnZg1
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
09/03/2015 12:35:46
Luego que el Congreso canceló el debate sobre la unión civil por falta de quórum, la comunidad LGTBIQ y organizaciones  de la sociedad civil se movilizarán este sábado 7 de marzo por las calles de Lima.Diversos colectivos LGTBIQ han respondido con una convocatoria para movilizarse frente a la actitud premeditada de congresistas que dejaron sin quórum a la comisión de Justicia y Derechos Humanos en la sesión del pasado martes, día en que se encontraba programado en agenda el debate  del proyecto  por la Unión Civil.Bajo el lema “DEBATE AHORA”, la  nueva marcha por la Igualdad busca congregar a miles de personas  de diversa orientación sexual a marchar por los derechos que este proyecto de ser aprobado en el pleno del congreso brindara a millones de personas no heterosexuales que decidan unirse libremente ,El debate del proyecto y la  votación se debe realizar el próximo martes 10 de marzo, donde se decidirá si se archiva o sigue el proceso rumbo al debate en pleno. La Iniciativa legislativa presentada por Carlos Bruce, cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia, el Poder  Judicial y la defensoría del Pueblo.Cabe recordar que el proyecto de Unión Civil,  tiene entres sus detractores a  un sector amplio de congresistas fujimoristas y de otras bancadas, que consideran el proyecto como un  atentado a lo naturalmente establecido, a la familia y a  los menores de edad, Los congresistas opositores han tejido alianzas con congregaciones religiosas para archivar el proyecto de Unión Civil por considerarla un atentado a la moral religiosa.Más información sobre el evento aquí: http://goo.gl/MJTlKD
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
05/03/2015 12:27:54
El día de ayer, en la Plaza San Martín, decenas de ciudadanos limeños asistieron a la vigilia #130Motivos porla #UniónCivilYA debido a su debate programado para hoy en la Comisión de Fiscalización del Congreso.Carlos Bruce, impulsor del proyecto de ley de unión civil, afirmó que “llega el momento en que los legisladores van a tener que usar la razón y el derecho para tomar una decisión”; además, Bruce pidió “dejar de lado los prejuicios sociales, religiosos  y fobias que para nada sirven en tomar una decisión saludable para el país.” Asimismo, la vigilia contó con la presencia de la congresista Verónika Mendoza, quien en su intervención expresó que el Congreso “tiene la oportunidad en sus manos de hacer el Estado por fin reconozca a las parejas del mismo sexo”.Por otro lado, Pilar Rojas, vocera del colectivo Unión Civil Ya lamentó que el Congreso pierda “oportunidades históricas” para lograr la igualdad de derechos; mientras que, Helmut Kessel, presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú, recordó que “ahora se vive lo mismo” que en la época donde las mujeres y los afrodescendientes lucharon para que no sean discriminados de sus derechos.Debate atrasadoA través de su cuenta de Twitter, el congresista Pedro Spadaro confirmó que el debate sobre el proyecto de ley de Unión Civil fue aplazado hasta el próximo martes 10 de marzo. Numerosas organizaciones, colectivos y ciudadanos a favor de la ley han manifestado su descontento en las redes sociales.“Una vez más nos postergaron”, manifestó el colectivo Unión Civil Ya, que exige el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ; de igual modo, la excongresista Rosario Sasieta  expresó que “es inadmisible” que no se discuta el proyecto de unión civil.Predictamen sobre Unión CivilEl último predictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sobre el proyecto de ley de la Unión Civil señala que reconoce que las parejas conformadas por el mismo sexo son familia; asimismo, se reconocerán los derechos de las uniones civiles no matrimoniales de las parejas homosexuales. 
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
03/03/2015 16:18:39
Mediante un comunicado, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) responde a las acusaciones surgidas en Cajamarca y Lima sobre la tendenciosa presentación de la información de las posesiones de la familia Chaupe Acuña.Al respecto, GRUFIDES señala que la importancia del caso de la familia Acuña Chaupe radica en su carácter de emblema al representar la situación de muchos peruanos y comunidades enteras cuyos derechos son violados para beneficiar a los megaproyectos, que en este caso se trata del proyecto Conga.Además, GRUFIDES  también rechaza la “tendenciosa versión” de que no se conocía la existencia de las propiedades a nombre de la familia ya que esta información ya se había presentado durante el desarrollo del juicio entre la empresa Yanacocha y los Acuña Chaupe.Finalmente, la organización cajamarquina indicó que el verdadero problema de fondo es el abuso cometido por la empresa minera y “el uso de la fuerza pública al servicio de sus intereses privados.”Ver el comunicado completo aquí: http://bit.ly/1FqpHwA
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
25/02/2015 14:30:40
El Poder Ejecutivo observó Ley que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo como órgano encargado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.Este mecanismo permite que el Estado garantice que no se cometan los delitos de tortura y otros tratos degradantes en los establecimientos de privación de la libertad. En junio del 2014, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que otorga a la Defensoría del Pueblo la facultad para implementar y ejecutar el mecanismo; no obstante, la partida presupuestal impide que se lleve acabo.El presidente del Perú, Ollanta Humala, y la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, a través del oficio Nº 121-2015-PR dirigido a Ana María Solórzano Flores, presidenta del Congreso de la República, señalaron que los recursos que demandaría la implementación del mecanismo no están considerados en la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, y que, de acuerdo a la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento corrrespondiente.A continuación reproducimos de manera textual las razones de la observación:“Del análisis de la Autógrafa se desprende que la aplicación de la misma generará gasto público, por lo que es preciso señalar que cada pliego es responsable de su programación y formulación presupuestaria, en donde determina las actividades y proyectos que se ejecutarán en determinado año fiscal y que es considerado en la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año fiscal, aprobada por el Congreso de la República.En tal sentido, los recursos que demandaría la implementación de la Autógrafa no se han considerado en la Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, afectándose así el principio de Equilibrio Presupuestario reconocido en el artículo 78° de la Constitución Política del Perú y en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el cual dispone que está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento corrrespondiente.Finalmente, cabe señalar que conforme al artículo 79° de la Constitución Política del Perú, los representantes ante el Congreso de la República no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo referido a su presupuesto”.
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
24/02/2015 09:45:50
En declaraciones a una radio local, Margarita Patiño, viuda del desaparecido periodista Hugo Bustíos mostró su malestar ante el eventual inicio de la carrera política  del exministro del Interior, Daniel Urresti.Hugo Bustíos fue asesinado en  septiembre de 1988 en Ayacucho  cuando el ex ministro  Daniel Urresti  estaba al mando de la base Castropamapa bajo el seudónimo de “capitán Arturo“; no obstante, según una publicación del diario La República, el "capitán Arturo" también es responsable de una serie de operativos militares donde desaparecieron personas acusadas de terrorismo. Sharmelí Bustíos Patiño, quien tenía  14 años cuando asesinaron a su padre, señaló que hay interés de Daniel Urresti de evadir a la justicia al anunciar que hará carrera política en el Partido Nacionalista. “Queremos de una vez por todas el pronunciamento de Urresti, esto no puede quedar impune, simplemente se está premiando a los que han cometido grandes violaciones de derechos humanos", señaló la hija de Hugo Bustíos.Por otro lado, Miguel Huerta, Director General de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), organización a cargo del caso del asesinato de Hugo Bustíos,  manifestó que “hay suficientes elementos de prueba para que se pase a juicio oral por esteexecrable crimen y se pueda avanzar en restablecer el derecho a la justicia de lafamilia”. Después de más de 25 años de los sucesos que causaron la  muerte del periodista y de no existir ningún responsable del crimen, la familia espera la resolución  del Ministerio Público que abriría  un juicio oral al ex ministro Daniel Urresti.
sandra de la cruz
Política y Derechos Humanos
23/02/2015 15:15:05
Con varios publicaciones en las redes sociales, los grupos autodenominados Pro Vida lanzaron un llamado de "alerta"  contra la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita, reconocida abogada feminista y defensora de los derechos de las mujeres.El grupo Perú Defiende la Vida denominó la designación de la nueva ministra como "Aquelarre anti vida" y describió su trayectoria laboral como la de "una promotora  de la  píldora del día siguiente y de la distribución gratuita de anticonceptivos a menores de edad – Nos esperan más ataque contra la vida".Grupos como el PRI (Population Research Institute) y Perú Defiende la Vida vuelven a tener en la mira  a la nueva Marcela Huaita ya que en el 2012 también lanzaron una campaña de desprestigio cuando Huaita era viceministra de la misma cartera. Es importante recordar que los representantes de estos grupos son encabezados opositores al proyecto de Unión Civil, quienes se dieron la tarea de recolectar un millón de firmas en contra de dicho proyecto.
sandra de la cruz
Política y Derechos Humanos
23/02/2015 12:35:18
Sindicatos de trabajadores y colectivos de jóvenes salieron a las calles contra el proyecto de ley Nº 4008 y el Decreto Supremo 013-2014-TR. La marcha partió desde la Plaza San Martín y llegó hasta la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).El proyecto de ley Nº 4008, "Proyecto que Promueve el Mejor Desempeño del Mercado Laboral", ha ocasionado malestar entre los trabajadores ya que propone otorgar el 20% de los salarios en bonos no remunerativos. Además,  los trabajadores reclaman que las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) se calcularán sobre la base de la resta del 20% del suelo.Por otro lado, la movilización también se manifestó en contra del Decreto Supremo 013 que permite a las empresas el cese colectivo de los trabajadores si han registrado pérdidas en los últimos tres meses.La marcha no registró actos de violencia durante el recorrido pero sí numerosas arengas contra la Confiep y  el presidente Ollanta Humala. Por otro lado, el ministro de Trabajo, Javier Maurate, manifestó que convocará a los jóvenes organizadores de las marchas contra el derogado Régimen Laboral Juvenil para consensuar sobre la nueva ley de trabajo.
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
19/02/2015 14:19:32
Con el lema “besos y abrazos contra la HomoLesboBiTransfobia” la comunidad LGTBI citó a la ciudadanía a mostrar sus afectos en la Plaza de Armas de Lima el pasado domingo. Entre besos y abrazos reclamaron por una ciudad inclusiva y libre de violencia hacia los LGTBIQ en conmemoración al 12 de febrero del 2011,día en el que  fueron reprimidos desmedidamente por la Policía Nacional del Perú.Este año, la manifestación contra la homofobia fue aislada en la Plaza de Armas por agentes policiales para que los transeúntes no vieran las muestras de afecto contra la homofobia; sin embargo, no se desencadenaron mayores actos de represión violenta como en manifestaciones anteriores, los transeúntes regalaron aplausos a los participantes dando respaldo a la iniciativa. Año tras año,entre  golpes, tocamientos indebidos e  insultos, la PNP ha llegado al extremo de  reprimirlos con gases lacrimógenos, “rochabús” y la policía montada, con el fin de retirarlos  de la Plaza de Armas. No obstante, el carácter de zona rígida de la Plaza de Armas no aplica para esta actividad pues cualquier persona  que asista está en suderecho de ejercer la libre expresión de sus afectos  y el acceso al libre tránsito en la víapública.Según un informe del 2014 del colectivo No Tengo Miedo sobre la violencia a la comunidad LGTBIQ, el 50 % ha sufrido alguna vez violencia física, verbal o acoso callejero por parte de algún agente del  estado.
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
16/02/2015 10:55:57
Trabajadores afiliados al SITRAMUN (sindicato de trabajadores de la Municipalidad de Lima) y despedidos, pidieron  su reposición y presentaron el día de ayer en la Sesión de Consejo Metropolitano el pedido de vacancia de la Teniente Alcaldesa, Patricia Juárez.Al cumplirse un mes del masivo despido  arbitrario de mas de 3000 trabajadores de la Municipalidad de Lima y del cierre de programas emblema de la gestión a pasada, los  trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima () y jóvenes agrupados en diversos colectivos recorrieron pacíficamente las calles del centro de Lima en protesta de los despidos y el cierre de varios programas sociales y culturales.  Programas como Barrio Mío, implementado en las laderas de los cerros, Cultura Viva, que benefició a cientos de organizaciones culturales, y la clausura definitiva de la gerencial de la Mujer, que promovía  la  defensa y la prevención a la violencia, hicieron que los manifestantes gritaran “Lima no es tu chacra, no la pintes de amarillo”. Por otro lado, las trabajadoras despedidas del Serenazgo junto al colectivo Alfombra Roja realizaron una performance que fue violentamente reprimida por la policía con un camión “rochabús” y con golpes de los policías antimotines.   En simultáneo se realizaba la sesión de consejo metropolitano donde se presentó el pedido de vacancia a la Tenienta Alcaldesa Patricia Juárez.  SITRAMUN, organización que presentó el pedido, responsabiliza a Juárez por los más de  3000 despidos arbitrarios y la paralización de programas sociales. Asimismo, los manifestantes también denunciaron  a la gestión de Luis Castañeda Losio por antilaboral y por el uso de dinero público para proselitismo político.
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
15/02/2015 20:36:03
Solo uno de los 6 policías implicados en la muerte de Gerson Falla irá a prisión. Diopoldo Aguilar Camacho, ex suboficial, recibió una condena de 8 años de cárcel de los 15 que solicitó el Ministerio Público; sin embargo, los otros 5 policías fueron absueltos.Gerson Falla fue detenido y brutalmente golpeado por policías tras ser acusado de causar daños en un local en el distrito de San Borja. Durante su traslado a la comisaría fue torturado hasta causarle la muerte.Existen videos que prueban la golpiza  hacia Gerson Falla pero el colegiado “D” de la Sala Penal Nacional decidió condenar a Aguilar Camacho por el delito de lesiones graves y no por tortura. Además, en un comunicado, el Equipo Peruano de Antropología Forense sostiene que han "demostrado fehacientemente durante el juicio que la muerte de Gerson Falla se debió a las torturas sufridas a manos de malos efectivos policiales". 
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
05/02/2015 17:01:40
A un año de presentar la queja formal por parte de organizaciones de la sociedad civil, debido al archivamiento parcial del caso de las esterilizaciones forzadas, diversas organizaciones feministas presentaron un pedido de nulidad tras el cambio de fiscal por excesiva carga. “No queremos más fiscales provisionales, sabemos que el fujimorismo está presionando a jueces y fiscales en este y otros casos”, manifestó Julio Arbizu, abogado  de DEMUS.Luego de 18 años de búsqueda de justicia de para las mujeres víctimas, el Estado todavía no resuelve el caso de las esterilizaciones forzadas llevados a cabo en el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1996-2000. Este acto de violación a los derechos humanos fue cometido contra más de 3000 mil mujeres peruanas de zonas rurales que cobró la vida de 18 de ellas.Esperanza Huayama, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba, denunció que a ella le practicaron la operación para esterilizarla sin su consentimiento y en estado de gestación. “Le pedimos al presidente Ollanta Humala que no nos engañen más”, exigió Huayama.La muerte de Mamerita Mestanza, caso que fue llevado a la CIDH  y que el estado peruano reconoció en el  2003 su responsabilidad, permitió establecer un grado de responsabilidad del Estado en la aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar; sin embargo todavía no hay ningún procesado a pesar de conocerse que el ministro de salud turno, Alberto Aguinaga, fue el impulsor de esa medida. 
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
05/02/2015 16:37:07
El paro convocado por los sindicatos del rubro de confección textil, entre ellos Topi Top , Lalpesa , Estar Print, entre otros, han denunciado innumerables veces a estas empresas  por sus ya conocidos despidos arbitrarios, práctica que vulnera los acuerdos firmados por el estado peruano con la OIT.La federación textil tiene como principal pedido la derogatoria del decreto supremo 013-2014 que posibilita los despidos masivos y arbitrarios. Estas acciones son dirigidas principalmente a los trabadores afiliados en sindicatos, lo cual viola el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho sindical, 1948, que está en vigor en el Perú desde 1960.En el caso de los trabajadores de la empresa Topi Top, ellos reportan que han emprendido largos procesos judiciales para lograr su reposición tras su despido arbitrario. Algunos de ellos han obtenido respuestas a su favor después de muchos años pero denuncian que la empresa  no ha cumplido con la ley y que continúan los amedrentamientos hacia ellos. Por esa razón, los trabajadores textiles exigen la acción del Ministerio de Trabajo para que realice la fiscalización de las condiciones laborales de los operadores textiles en las fábricas y el cumplimiento de sus derechos laborales. Otra de las causas del paro, son los pliegos de reclamos de los sindicatos que no han sido solucionados por las empresas ni por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señaló Amed Albujar, secretario de defensa de la Federación de Trabajadores Textiles, que cuenta con mas de 30 sindicatos afiliados en todo el país.
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
29/01/2015 14:14:35
El pasado 10 de diciembre el Congreso aprobó  el cuarto paquete laboral ,dirigido a los trabajadores entre los 18 y 24 años, que tuvo el visto bueno de la comisión de Trabajo y Seguridad Social presidida por Martha Chávez que explicó que: ¨el fin del proyecto de ley es promover la empleabilidad de los jóvenes sin experiencia laboral¨La ley  N° 3942/2014-PE conocida como la ley del “paquetazo laboral juvenil” exonera, bajo el argumento de incentivos a los empleadores, a pagar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a reducir las vacaciones de 30 a 15 días y eliminar las gratificaciones. La Ley  considera que estas exoneraciones serían  los beneficios económicos que recibirían  los empleadores  por contratar a jóvenes entre los 18 a 24 años sin experiencia laboral.Por otro lado, los trabadores jóvenes estarían obligados a ser parte de este nuevo régimen laboral al menos por un año, en donde las empresas no pagarían el seguro de salud ni las gratificaciones de los meses de julio y diciembre.Con la excusa de insertar a la población joven al mercado laboral y de reactivar la economía, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, bajo esta nueva norma, permitiría el despido de forma masiva, alegando  salvaguardar a las empresas que tiene perdidas con el costo de la reducción de los derechos de los trabajadores jóvenes.Esta nueva medida pasa por alto el Artículo 2  del capítulo sobre los Derechos Fundamentales de la Persona en la Constitución; este artículo menciona que toda persona tiene derecho e igualdad ante la ley y, en ese sentido, el “paquetazo laboral” es discriminador  pues obliga a los jóvenes entre 18 a 24 a trabajar bajo este nuevo régimen laboral.
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
17/12/2014 09:03:02
Reflexiones de Santiago Manuin tras recibir premio de derechos humanos.En el marco del Día de los Derechos Humanos, el líder indígena Santiago Manuin recibió el Premio de Derechos Humanos “Ángel Escobar Jurado” por su lucha por el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Perú.En la ceremonia de premiación, organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos realizó, el Apu Santiago dio un discurso de agradecimiento que dejó más de una frase para la reflexión.“No estamos en contra del desarrollo como muchos dicen."“La selva es un cementerio de proyectos mal diseñados y peor ejecutados.”“Con mucho sufrimiento, paciencia y pérdidas de todo tipo, estamos esperando una justa sentencia.” “Asumo el Paro pacífico, pero no la masacre que siguió.”“Más que las balas y mi enfermedad, me duele no ver procesados a los responsables de esta MASACRE.”“Nuestra lucha por los DD.HH. no es la del ‘perro del hortelano’.”“No somos fanáticos de nuestra cultura como si fuera la única y la mejor; no estamos rechazando el desarrollo como dicen algunos.”Ver discurso completo aquí: http://bit.ly/139vg4Y
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
17/12/2014 09:00:41
 CNDHH se suma a la campaña emprendida por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS)  y la Federación de  Comedores Populares Autogestionarios (FEMOCCPAALM) y afines de Lima Metropolitana. La campaña ¨Un Hombre No Viola¨ se ha desplegado en distintas  regiones  con el fin de buscar justicia para las víctimas de violencia sexual en nuestro país.El Perú es el país con la mayor tasa de denuncias por delitos contra la libertad sexual en Latinoamérica: tres de cada diez mujeres son violadas en su hogar. El último reporte anual de la Policía Nacional del Perú refleja la escalofriante cifra de 17 mil  denuncias de violación sexual en el 2013 y esta enorme cifra solo reflejaría el 5 %  de todo el universo de casos. Estamos ante un 90 % de  violaciones sexuales  que quedan  en  total impunidad.Considerar  que la mayoría de casos de violación sexual  se dan en la calle y en sitios peligrosos, es uno de los mitos que se desarman ya que el 34 % de violaciones tuvieron como escenario las viviendas o lugares considerados ¨seguros¨. Por otro lado, creer que vestir  provocativamente incita a la violencia sexual  es  otro error pues las cifras de la PNP indican que el 75 %  de víctimas son menores de edad, entre los nueve y doce años.La violencia sexual es un mecanismo de control y castigo sobre el cuerpo de las mujeres.¨Estos hombres que violan a niñas y mujeres, en su mayoría, no son enfermos mentales .Violan porque se creen con derecho, porque consideran a la mujer como un objeto y, en el caso de ser un familiar, ejercen de manera más consciente su poder sobre esa persona¨, afirma María Ysabel Cedano, directora de Demus.El acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual  es lento  y revictimizador, lo cual revela que los procesos legales administrados por los fiscales, jueces  y juezas no consideran el real impacto de la violencia sexual sobre las afectadas y carecen de una perspectiva y formación en género. Las reiteradas declaraciones que las mujeres tienen que hacer cuando denuncian el hecho muestra la intención de encontrar indicios de contradicción para liberar al acusado de toda culpa.Entretanto, el Poder Judicial reporta casos desde 1992 resueltos en el 2012, cuando las víctimas ya habían cumplido la mayoría de edad, o postergan la sanción al perpetrador, sanción que tiene un componente simbólico importante  para la víctima  pues le devuelve  el respeto, la valoración y la reparación.
Carlos Miguel
Política y Derechos Humanos
08/12/2014 19:57:47
Por  unanimidad, la Sala Penal  Permanente de la corte suprema de justicia rechazó el nuevo intento de impunidad interpuesto por la defensa de Alberto Fujimori.En conferencia de prensa sobre la improcedencia de la revisión de la sentencia de Alberto Fujimori, los familiares de las víctimas de la Cantuta y uno de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos hicieron un llamado al estado peruano para que los defienda ante los reiterados intentos de Fujimori de salir en libertad. “Esto nos desgasta emocionalmente. Se tiene que defender el acceso a la justicia: existen 5 desaparecidos y, después de 20 años no hay diligencia de búsqueda. La sentencia del pago de reparación civil por parte de Fujimori, los (intregrantes del grupo) colina y el Estado sigue sin realizarse. Esto genera un clima de impunidad”, señaló Gisela Ortiz, hermana de víctima del caso Cantuta.El pedido de la defensa de Alberto Fujimori busca la absolución o un nuevo juicio  alegando que existe otra sentencia en donde se condena a Vladimiro Montesinos, Salazar Monroe, Hermosa Ríos y Rivera Lazo  como autores mediatos de la matanza en Barrios Altos. Por lo tanto, la defensa de Fujimori plantea que esta sentencia excluiría por sí de la responsabilidad penal declarada en su contra.Ante este argumento la Corte Suprema explicó que “el autor mediato no es solo el jefe máximo de una organización criminal ,sino todo aquel que en el ámbito de la jerarquía transmite la instrucción delictiva con poder de mando autónomo” Así, la sala presidida por el Juez Javier Villa Stein declaró improcedente el pedido de revisión a la sentencia de 25 años a Alberto Fujimori por los casos de La Cantuta, Barrios Altos, Samuel Dyer y Gustavo Gorriti, al carecer de argumentos jurídicos.“Hacemos un llamado al pueblo peruano a que deje el silencio ante el intento de Fujimori de salir en libertad y al estado peruano  que busque a nuestros familiares”, pidió Carmen Oyague, familiar de víctima del caso Cantuta.
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
25/11/2014 14:03:32
El pasado 20 de noviembre se realizó una jornada mundial en solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicado en la localidad de Ayotzinapa, estado de Guerrero, México. El evento fue convocado por varios colectivos mexicanos en protesta por la situación de violencia que viven los ciudadanos en el país.En la ciudad de Lima y exclamando las frases “Por qué los asesinan si son la esperanza de América Latina”, “Que no te eduque la Rosa de Guadalupe”, “No es un hecho aislado, es un narco estado”, “Ayer fue La Cantuta, hoy Ayotzinapa”, marcharon estudiantes universitarios, familiares de estudiantes desaparecidos en el periodo de violencia peruana y ciudadanos que se reunieron en el Parque Washintong para luego llegar a la Embajada de México.Marly Anzualdo, hermana de Kenneth Anzualdo, estudiante desaparecido por el Servicio de Inteligencia del Ejército, manifestó que “estas muestras solidarias siempre levantan la moral de los familiares para que sigan buscando a sus seres queridos. A pesar de ver cómo nos devora el narcotráfico, el mensaje de todos los estudiantes es no tener miedo. La cifra de los 43 estudiantes desaparecidos no puede seguir multiplicándose.”Además de la participación en la jornada mundial, un grupo artistas produjo Sin ti/ Hastaencontrarte, un video de solidaridad con todos los estudiantes desaparecidos en Latinoamérica, que circuló en las redes sociales que contó con la participación de universitarios, artistas y familiares del caso La Cantuta.Ver Sin ti/ Hastaencontrarte aquí: http://goo.gl/vsJP3z
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
22/11/2014 05:52:09
En los últimos años, después de la Nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia,  se han  dado pasos importantes  en el reconocimiento de los derechos humanos a la comunidad LGTB.  Se ha promulgado la Ley Contra el Racismo y  Toda Forma de Discriminación  que define  la discriminación como “toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género”.Estas nuevas políticas públicas muestran compromiso del estado boliviano con la ciudadanía al acoger las demandas de seguridad de numerosas organizaciones LGTB. Al respecto, se han creado mecanismos de sanción y prevención de  la discriminación. Además, como parte de un plan estratégico de acciones afirmativas, los bolivianos celebrarán el “Día de los Derechos LGTB” cada 28 de junio.El estado boliviano se muestra inclusivo y abierto en la implementación de políticas públicas para garantizar los derechos de la población LGTB. De este modo, Bolivia ha respaldado este paso en un marco legal y el  despliegue de campañas para generar un cambio en el imaginario de las y los bolivianos en relación a la diversidad.
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
22/11/2014 05:50:42
El líder indígena awajún Santiago Manuin y la periodista Claudia Cisneros fueron elegidos como ganadores del Premio de Derechos Humanos “Andrés Escobar Jurado” y Premio de Derechos Humanos en Prensa, respectivamente, por el Consejo Directivo Nacional de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Santiago Manuin Santiago Manuin Valera es el jefe de los apus de las cinco cuencas de Santa María de Nieva, en Amazonas, Presidente del Consejo Permanente de Pueblos Awajún-Wampis y es un reconocido líder indígena que lucha por la defensa del territorio indígena y el medioambiente. Además, tuvo formación en derechos humanos en la Universidad de Deusto, en España, y en la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra.El apu Santiago Manuin, durante las protestas indígenas de junio del 2009 que originaron el Baguazo, fue gravemente herido de bala durante el desalojo en la Curva del Diablo y fue declarado muerto.  Actualmente afronta un proceso histórico ya que es acusado como responsable del Baguazo y el estado peruano busca sentenciarlo a cadena perpetua. No obstante, a 5 años del Baguazo, Santiago Manuin no ha dejado de denunciar  a los verdaderos responsables del Baguazo y pedir justicia nacional e internacional para su pueblo.Claudia CisnerosClaudia Cisneros Méndez es una reconocida periodista que empezó su carrera en Estados Unidos como Jefa de Mesa del Noticentro 51 y ocupó el mismo cargo en el canal 7 de la cadena Fox para el noticiero con mayor audiencia de La Florida. En Perú trabajó como reportera, narradora de noticias y en las unidades de investigación de los canales de televisión Panamericana y América Televisión. Asimismo, uno de los trabajos más importantes de Claudia Cisneros fue su colaboración para cadenas internacionales donde informó los sucesos de la caída del régimen fujimontesinista y su participación en la unidad de investigación del documental La Espera, historias del Baguazo. En la actualidad es Fundadora y Editora del portal web Sophimania, primer portal dedicado a la ciencia y las humanidades, es columnista en el diario La República y es una reconocida defensora de los derechos humanos debido a su activa participación en iniciativas ciudadanas.Los galardones se entregarán en la ceremonia de premiación anual que la CNDDHH celebra cada 10 de diciembre en conmemoración al Día de los Derechos Humanos.Ver entrevista a Santiago Manuin antes de audiencia en la CIDH: http://goo.gl/BwpQGq
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
22/11/2014 05:49:08
Sin ti/Hastaencontrarte es una acción que se “suma a  tantas otras que demuestran solidaridad e indignación por los estudiantes desaparecidos. El mensaje de este video va en esa línea,  por un lado la acción simbólica de prestarles el cuerpo a los estudiantes cuyos cuerpos no están y por otro lado hacer visible que cada uno de los estudiantes es un ser humano irremplazable y que su desaparición debería importarnos y conmovernos”, explica Karen Bernedo, artista y activista que organizó la iniciativa.En Sin ti/Hastaencontrarte participan activistas, estudiantes, artistas, actores, familiares del caso El Santa junto a los amigos y familiares de los estudiantes desaparecidos y asesinados del caso La Cantuta.  Hay “gente que vino desde muy lejos para prestarle el cuerpo a un estudiante desaparecido, que talvez no conociste, no será de tu país pero su desaparición te importa y te moviliza, eso es conmovedor y a la vez esperanzador”, reflexiona la artista.En el Perú desaparecieron más de 8 mil 558 personas durante el periodo de violencia interna según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Entre los casos de estudiantes universitarios más recordados se encuentra la desaparición de Kenneth Anzualdo y Martín Roca, de la Universidad Nacional del Callao, Melisa Alfaro, de la Universidad Jaime Bausate y Meza, los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro y los estudiantes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.Esta iniciativa en formato de video fue organizada por Karen Bernedo y Jorge Baldeón, conocidos artistas y activistas por los derechos humanos.
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
14/11/2014 12:48:44
La delegación de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), conformada por David Velazco, director ejecutivo, y Santiago Manuin, Presidente del Consejo Permanente de Pueblos Awajún-Wampis, expusieron la situación de la criminalización de la protesta en la audiencia sobre “Situación de Derechos Humanos y Estados de Emergencia en el Perú” convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Los cuestionamientos presentados por la delegación de FEDEPAZ expusieron sobre la gravedad de la situación al darse condiciones como el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar, la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los dirigentes de las protestas, la campaña de difamación a los defensores de derechos humanos y la inexistencia de justicia y reparación para las víctimas de la criminalización.Por otro lado, Santiago Manuin explicó que los pueblos indígenas son percibidos como enemigos del desarrollo al exigir el respeto de sus derechos, como el derecho al territorio ancestral, y el cuidado de los bosques donde habitan.Frente a ello, los representantes del Estado negaron la voluntad de criminalizar la protesta de los pueblos indígenas al poner como ejemplo la creación de una Mesa de Desarrollo de las cuencas del los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. No obstante, David Velazco recordó que la mesa no fue efectiva ya que los indígenas realizaron una protesta pacífica al pasar 6 meses y no haber compromisos asumidos desde el Estado.Finalmente, FEDEPAZ solicitó a la CIDH que exhorte al Estado Peruano que se asegure la reparación a los afectados por el uso abusivo de la fuerzas en situación de conflictividad social y se derogue el Decreto Legislativo 1095 junto la Ley 30151, que permiten la participación de las fuerzas armadas en los conflictos sociales y la declaración de estados de emergencia como medida de control interno en ese marco.
Lo Justo
Política y Derechos Humanos
13/11/2014 12:34:21